Los expresidentes de las Juntas Directiva de los Colegios Profesionales de Guatemala, en seguimiento al proceso electoral y las acciones judiciales en contra del Movimiento Semilla, emitieron una postura sobre la situación imperante.
Lo anterior fue expresado de manera pública por medio de un comunicado, en el cual establecieron posturas con base a un análisis legal.
LEPP ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE UN PARTIDO
De acuerdo a los firmantes de la nota, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece la forma y modo en que se constituyen o suspenden los partidos políticos.
“Correspondiéndole en todo caso, a las autoridades electorales competentes, resolver sobre ello, observando previamente un proceso para su constitución o un debido proceso para su suspensión o cancelación”, se sostuvo.
Lo anterior luego que el Juzgado Séptimo Penal ordenó la suspensión de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, el cual postula a Bernardo Arévalo como candidato a la Presidencia, quien competirá el próximo domingo 20 de agosto en el balotaje.
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TSE PODRÍA VARIAR RESOLUCIÓN
Según la nota de los expresidentes de las referidas agrupaciones gremiales: “el TSE dictó la resolución por la que dispone qué candidatos y sus respectivos partidos, van a segunda vuelta”, refirió.
Asimismo, advirtieron que tras la suspensión provisional “hace pensar, que posiblemente, el Tribunal Supremo Electoral, con base en lo resuelto, en cualquier momento, pueda variar el balotaje para segunda vuelta electoral”, precisaron.
En ese sentido, remarcaron que el TSE después de realizar una convocatoria a elección, “no puede suspenderse un partido político, debiendo mantenerse así, hasta que la elección se haya celebrado”.
EXHORTAN AL TSE Y MP A ACTUAR EN DERECHO
Los expresidentes exhortaron al TSE a que conforme su mandato: “cumpla y haga cumplir la Constitución y la constitucional Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde ambas normas, son de rango superior a cualquier ley o disposición de rango inferior que las contradiga, ello, en aplicación del principio de supremacía constitucional”.
A las autoridades judiciales y al Ministerio Público (MP) pidieron que en el proceso electoral: “ajusten su actuar a la Constitución, a la ley y constancias procesales, respetando los más elementales derechos individuales y sociales que prevé nuestra Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos y la ley, propiciando el bien común, que es la máxima aspiración que prevé nuestra Constitución”.
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