La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo dio cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y otorgó arresto domiciliario a cuatro militares en situación de retiro que fueron condenados en el caso Molina Theissen.
El fallo de la CC confirmó una decisión anterior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual ordenó a la Sala dar la referida medida sustitutiva a los sentenciados.
Los cuatro condenados ocuparon altos mandos dentro de las fuerzas castrenses en la década de 1980.
Se les impuso una pena de prisión por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de su hermana, Emma Guadalupe, en 1981.
Durante la lectura de la sentencia, el tribunal a cargo del juicio indicó que la pena comenzaría cuando el fallo causara firmeza, pero fue impugnado. Por esa razón se solicitó el arresto domiciliario para salir de prisión preventiva.
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ARRESTO DOMICILIARIO
Los beneficiados son el general Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex jefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quezaltenango, Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante; y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, ex oficial de inteligencia militar.
De los mencionados sólo Gordillo Martínez podrá salir de la cárcel, ya que los demás se encuentran vinculados a los casos Creompaz y Genocidio, en los cuales también se les dictó prisión preventiva.
¿CÓMO CONSIGUIERON EL FALLO?
El pasado 8 de junio, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ conminó a la Sala acatar la resolución de la CC, que ordenó otorgar el arresto domiciliario a los procesados.
Esto porque el 20 de abril pasado dicha Sala no revocó de la medida de coerción, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recomendó al Estado de Guatemala “abstenerse de acatar la resolución de la CC”, la cual dictó dejar en libertad a los cuatro condenados, mientras queda en firme la sentencia.
DECISIÓN ANTERIOR
Antes, la Sala decidió no cambiar la medida de coerción de los cuatro oficiales castrenses en situación de retiro.
“Este Tribunal acata esta resolución vertida por la –Corte Interamericana de los Derechos Humanos–, no es que nosotros estemos tomando una decisión propia, por eso di lectura íntegra de la resolución de la Corte IDH”, subrayó la magistrada Anabela Cardona, presidenta de la Sala.
De esa cuenta, la abogada de los militares, Karen Fischer, interpuso un recurso legal ante la Cámara de Antejuicios y Amparos de la CSJ denominado “asistencia de debida ejecución”, debido a su inconformidad por el fallo.
Fischer alegó que la Sala no “ejecutó la orden emitida por la CC”. En tanto, los magistrados Sergio Pineda, Nery Medina y Vitalina Orellana declararon con lugar la solicitud y ordenaron a la Sala cumplir con lo dicho por el máximo tribunal constitucional.
De esa cuenta, los magistrados de la Sala decidieron acatar la resolución de la CSJ y no ratificaron su fallo del pasado 20 de abril, cuando dejaron en prisión preventiva a los militares.
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EXISTEN IMPEDIMENTOS LEGALES
El abogado Juan José Margos, de Impunity Watch, una organización internacional en apoyo a las víctimas del conflicto armado, explicó que existen impedimentos legales para que la Sala acatara lo que ordenó la CSJ.
“El instrumento por excelencia de la obligación del Estado es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Guatemala fue firmante, con lo que acepta avalar las sentencias de la Corte IDH”, dijo.
Además, indicó que los artículos 26 y 27 del Acuerdo de Viena sobre el Derecho a los Tratados establecen que “el Estado debe de cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales, entiéndase tratados como la Convención Interamericana”, sostuvo.
La Hora también se comunicó con Héctor Reyes, abogado del querellante, quien coincidió en cada una de las explicaciones de Margos.
Asimismo, aseguró que el fallo emitido este día se debe a presiones que tuvieron los magistrados de la Sala.
“Los magistrados de la CC y de la Cámara de Amparos y Antejuicios les pidieron que emitan una nueva resolución, fueron presiones muy grandes”, destacó.
CONDENAN A GUATEMALA POR CASO
La Corte IDH condenó al Estado de Guatemala por no haber esclarecido la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, así como los vejámenes que sufrió su hermana, situación por la cual se ordenó abstener de otorgarles la libertad a los sentenciados, que aún esperan conocer si su sentencia quedará firme o no.
EL CASO MOLINA THEISSEN
Marco Antonio Molina Theissen era un niño de 14 años que desapareció cuando miembros del Ejército irrumpieron en su casa en 1981. Desde ese entonces, los padres del menor no han cesado su búsqueda.
En mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C impuso una pena de 58 años de prisión al general Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Manuel Callejas y Callejas, ex jefe de inteligencia y a Hugo Ramiro Zaldaña, ex oficial de inteligencia.
En tanto, se impuso una condena de 33 años de cárcel a Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante de la Zona Militar “General Manuel Lisandro Barillas” en Quetzaltenango, por delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y violación con agravación de la pena en el caso de Emma Molina Theissen.
