Organizaciones internacionales emitieron un comunicado en rechazo del fallo de la Corte de Constitucionalidad, que permite la salida de prisión de los exmilitares condenados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Foto: La Hora / Archivo

Organizaciones internacionales emitieron un comunicado en rechazo del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que permite la salida de prisión de los exmilitares condenados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, calificando a esta acción como un nuevo intento por dejar en la impunidad los delitos cometidos en el caso.

Las organizaciones recordaron que en mayo de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia por la desaparición forzada de Marco Antonio, con la cual declaró al Estado guatemalteco responsable por la violación de múltiples derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de la víctima y su familia.

De esta cuenta, la CIDH ordenó la reparación a la familia, incluyendo la obligación del Estado de investigar todos los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, sin embargo, se busca liberar a Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, así como a otro exfuncionario militar por medio de una resolución que da 5 días a la Corte de Apelaciones, para que dicte una medida sustitutiva y salga de prisión.

Foto La Hora/Comunicado
SENTENCIA AÚN NO ESTÁ FIRME

“Alertamos que el fallo de la CC podría conllevar la liberación inmediata de estas personas, lo que constituiría un grave retroceso al cumplimiento de lo ordenado por la CorteIDH, causando un grave daño en el acceso a la justicia, sobre todo considerando que la sentencia nacional no se encuentra aún en firme”, agrega el escrito.

Por lo cual, las organizaciones recordaron al Estado de Guatemala la obligación de cumplir con lo ordenado por la CIDH e instar a la comunidad internacional a seguir de cerca y pronunciarse ante la inminente violación a los derechos de la familia Molina Theissen, a quienes manifestaron su solidaridad ante este nuevo “intento por restringir su acceso a la justicia”.

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EXMILITARES PODRÍAN SALIR DE PRISIÓN

El pasado 6 de marzo, la alta Corte decidió dar un plazo de 5 días a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para dictar una resolución que considere medidas sustitutivas a la privación de libertad en favor de los exmilitares.

Según las organizaciones, la CC exigió a la Sala apegarse a consideraciones de supuesta “vulnerabilidad” de los condenados, así como bajo pena de incurrir en multa, sin perjuicio de otras responsabilidades penales y civiles.

Por ello, sostuvieron que es: “inminente que en los próximos días la Sala de Apelaciones pueda otorgar una medida distinta a la privación de libertad” a los exmilitares, incluyendo Lucas García, así como Callejas y Callejas, quienes también enfrentan juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad, el cual fue suspendido el pasado 9 de enero.

EL CASO

En mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo “C”, presidido entonces por Pablo Xitumul, emitió una sentencia condenatoria contra los exmilitares por los delitos de deberes contra la humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada en el caso de la desaparición del menor Marco Antonio, así como la detención ilegal y violaciones sufridas contra su hermana, Emma Guadalupe Molina Theissen.

Lucas García, quien ejercía la jefatura del Estado Mayor del Ejército; Callejas y Callejas, exgeneral de División, y Hugo Zaldaña, exoficial del Ejército, fueron condenados a 58 años de prisión, mientras que Gordillo Martínez, comandante de la Zona Militar General Manuel Lizandro Barillas (GMLB) fue condenado a 33 años.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Marco Antonio, de entonces 13 años, fue secuestrado el 6 de octubre de 1981, luego que su hermana Emma Molina Theissen lograra escapar tras ser detenida ilegalmente el 27 de septiembre en un retén en Santa Lucía Utatlán, Sololá. Durante su detención, la joven fue víctima de abusos sexuales y tortura por parte de los miembros castrenses.

LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES

El documento es firmado por las organizaciones: Fundación para la Justicia, CEJIL, Fundación para el Debido Proceso, Impunity Watch, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Advocacy for Human Rights in the Americas (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, Latin America Working Group, Guatemala Human Rights Comission-USA (GHRC).

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