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Manuel Baldizón, quien buscó competir por una diputación en las elecciones de este año, se ausentó de una audiencia que estaba programada para este miércoles 24 de mayo, en la cual se discutiría si debe mantener el arresto domiciliario que le fue otorgado. Como excusa, el abogado del procesado indicó que este tiene padecimientos de salud. De esa cuenta, la diligencia no se pudo desarrollar.
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LIBERTAD EN LA CUERDA FLOJA
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó el pasado 15 de febrero que sean revocadas las medidas sustitutivas que fueron otorgadas a Baldizón en el denominado caso Odebrecht, proceso que se conoce en el Juzgado de Mayor Riesgo D.
Según la fiscalía, se debe ordenar que el político vuelva a la cárcel, para guardar prisión preventiva.
JUSTIFICAN PADECIMIENTOS
En representación de Baldizón llegó su abogado, Saúl Zenteno Téllez, candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) promovido por el partido político CAMBIO, fundado por los hijos de su cliente, Jorge y Manuel Baldizón Vargas.
Zenteno presentó un memorial en el cual excusó la incomparecencia de su cliente, en el cual se detalló que por motivos de salud no pudo llegar. Periodistas preguntaron al profesional del derecho por la situación, pero este no dio detalles.
De esa cuenta, la audiencia quedó pendiente de realizar. El Juzgado no fijó una fecha para su desarrollo.
SOBRE LAS MEDIDAS DE BALDIZÓN
El pasado 9 de enero, el juez Juan José Jiménez otorgó medidas sustitutivas a Baldizón en el caso Odebrecht, consistentes en arresto domiciliario y el pago de una caución económica, entre otras.
Anteriormente, el político fue beneficiado en el caso Transurbano con las mismas medidas.
Días después abandonó la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, al haber pagado una suma de Q1.8 millones por ambos procesos penales.
Baldizón fue deportado el 5 de octubre de 2022 de Estados Unidos, tras purgar una condena por lavado de dinero en un caso en el cual se declaró culpable y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel (50 meses).
En Guatemala, se integró al partido CAMBIO, con el cual buscó una diputación en el Congreso de la República, pero su inscripción fue rechazada por el Registro de Ciudadanos (RC) por considerar que no cumplía con las calidades de idoneidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala como requisito para optar a un cargo público.
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