William Estuardo Salguero Tobar, excuñado del capitán Byron Lima, ultimado en prisión en 2016, falló en su intento por revocar la sentencia condenatoria que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación ilícita.
El ahora sentenciado fue declarado como responsable de haber integrado la red criminal que el militar había organizado dentro de las cárceles, y se le impuso una pena de 6 años de cárcel por el referido delito.
Durante los últimos años insistió en que no tenía relación con dicha estructura y accionó de manera legal para evitar que causara firmeza el veredicto. De esa forma llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), la que finalmente le respondió que tendrá que cumplir la sanción.
EL FALLO
El Tribunal de Mayor Riesgo A estableció que Salguero Tobar se había involucrado en la red de Lima, la cual fue descubierta en 2014. Este fue llevado ante la justicia y 4 años después se declaró su culpabilidad.
De manera paralela con la prisión que debía cumplir, se le ordenó pagar una multa de Q220 mil.
Una Sala de Apelaciones del Ramo Penal y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron el fallo del Tribunal, con lo cual el condenado accionó ante la CC
En la resolución del máximo tribunal constitucional se lee: “Se establece que la autoridad cuestionada (CSJ) verificó que la Sala de la Corte de Apelaciones expuso argumentos propios por los cuales estimó que el Tribunal de Sentencia hizo correcta aplicación de las normas sustantivas para fijar las penas impuestas al postulante”.
Los diputados intercambiaron palabras en tono fuerte respecto a la iniciativa. Entérate aquí: #PorSiNoLoVio https://t.co/QLG1sEqES3
— Diario La Hora (@lahoragt) January 27, 2023
EL CASO
La investigación del Ministerio Púbico (MP) y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estableció una red de corrupción que era dirigida por Lima, quien cumplía una condena al haber sido declarado cómplice en la muerte del obispo Juan José Gerardi.
Como producto de las pesquisas se determinó que funcionarios del Sistema Penitenciario (SP) tenían vínculos con la organización delictiva, y que estos obtenían beneficios económicos por el traslado de reos, entre otros hechos ilícitos.
En noviembre de 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo A sentenció a siete personas por su participación en la estructura.
