El juicio en contra de Mynor Enrique Lobos Agustín, por la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) ubicado en la zona 5 capitalina, concluyó este miércoles 25 de enero. El procesado decidió acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos y declaró su responsabilidad como testaferro en el referido negocio. Fue condenado a cumplir una pena de 3 años y 4 meses de prisión conmutable.
Lobos Agustín fue citado por el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal para iniciar con el juicio en su contra. Es el primero en llegar a esa fase, de un grupo de varias personas que fueron señaladas por el referido hecho, incluida la exfiscal general Thelma Aldana.
Sin embargo, después de que se declaró abierto el debate en su contra, su abogado defensor solicitó la palabra al Tribunal e indicó que el acusado tenía el deseo de confesar sus acciones y acogerse a los beneficios de la referida normativa.
La jueza Ingrid Vanesa Cifuentes escuchó la petición y aceptó esa vía para resolver el juicio. El Ministerio Público (MP) solicitó que se impusiera una pena de 8 años de cárcel y el pago de una multa de Q50 mil.
Pero la juzgadora estableció que la sanción sería de 3 años y 4 meses de prisión conmutables, a razón de Q5 diarios, así como el pago de una multa de Q33 mil.
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LOS HECHOS
Según la acusación de la Fiscalía de Delitos Administrativos, en 2017 se efectuó un proceso de compraventa de un inmueble, ubicado en la zona 5 de la capital, para trasladar varias oficinas del MP.
De esa cuenta, el Edificio Gerencial Asunción fue el elegido para realizar la adquisición. Tuvo un costo de Q35 millones. A la fecha, derivado del proceso penal, el inmueble no ha sido utilizado.
La fiscalía acusó a Lobos Agustín por haber prestado su nombre para figurar como representante legal de la empresa Bertram, S. A., por medio de la cual se simuló la existencia de otra entidad comercial denominada Invermo Corp.
Esta última fue utilizada por William Balz Gallardo, quien contrató los servicios del ahora sentenciado para fungir como representante legal de la empresa que era propietaria del inmueble.
Antes de ser condenado, Lobos Agustín afirmó que conoció a Balz Gallardo porque era cliente de un bufete de abogados para el cual trabajaba. “Él me contrató para ser representante legal de la sociedad que es propietaria del edificio en la zona 5”, aseguró.
El acusado también dijo que tenía conocimiento de los hechos y de las pruebas con las que contaba el MP en el caso.
“De esa manera llegamos a un acuerdo mínimo para la realización de la compraventa. Esa es mi participación de los hechos, y estoy enterado de las pruebas que presentó el MP”, enfatizó previo a que se le dictara la sentencia.
La fiscalía sostuvo que el sentenciado no estuvo presente en la negociación, sino que únicamente firmó documentos en los cuales figuraba como representante legal de Beltram, S. A., que fue la que vendió el inmueble.
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OTROS SEÑALADOS
El órgano encargado de la persecución penal también señala en este caso a tres extrabajadoras del MP, Miriam Salazar Duarte de Lossi, Patricia Guzmán y Diana Benavides.
Todas son sindicadas por el delito de fraude. Pero el caso en contra de ellas se encuentra en una fase diferente, pues el proceso está detenido por una recusación.
ALDANA ES REQUERIDA
El Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura contra Aldana el 13 de septiembre de 2019, se le señala por abuso de autoridad y fraude.
La fiscalía sostiene que ella, en su calidad de máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley en todas las acciones institucionales.
