Las abogadas Claudia González y Wendy López, defensa de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango (FECI), Virginia Laparra, presentaron una apelación especial por la sentencia condenatoria a cuatro años de prisión dictada en contra de su representada.
En conferencia de prensa junto a organizaciones civiles, las litigantes informaron sobre el recurso presentado ante la Sala Segunda de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que conozca la resolución emitida por la jueza Olly González, a cargo del Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
Laparra fue condenada por denunciar al exjuez y actual Relator contra la Tortura, Lesther Castellanos, en cuatro ocasiones. De esa cuenta, se inició un proceso en su contra y a finales del año pasado fue condenada por abuso de autoridad en forma continuada.
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ABOGADAS: SENTENCIA ENVÍA MENSAJE DE IMPUNIDAD
“El tipo penal no encaja con los hechos acreditados ante el tribunal ya que enfrentar prisión por denunciar a un juez envía señal de impunidad a todo el Sistema de Justicia”, indicó la abogada González.
De acuerdo a los argumentos de la apelación, los hechos acreditados en la carpeta judicial “no son constitutivos del delito de abuso de autoridad, dado que Laparra estaba autorizada para presentar las denuncias, facultad otorgada por la Constitución Política de Guatemala, la Ley del MP y leyes ordinarias”, aseguraron.
En esa misma línea, buscan que dicha sala considere “los medios de prueba rechazados por la jueza González”; estos incluyen más de doscientos documentos de casos en que otros fiscales han denunciado a jueces, como una medida típica de rendición de cuentas y transparencia.
LA SENTENCIA Y EL SEGUNDO PROCESO
El 16 de diciembre de 2022, Laparra fue condenada a cuatro años de prisión. Sin embargo, la pena es conmutable, es decir puede salir de prisión al pagar Q14 mil 600.
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El Tribunal Octavo de Sentencia Penal resolvió en su fallo que Laparra cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, porque no estaba facultada para presentar denuncias administrativas en contra del entonces juez Lesther Castellanos.
Aunque solventó ese proceso, cuenta con un segundo que se lleva a cabo en Quetzaltenango. Se le imputa revelar información confidencial de un caso bajo reserva, la denuncia también nace por Castellanos.
Organizaciones nacionales e internacionales indican que Laparra es víctima de una persecución política, desarrollada por los procesos de corrupción que ella tuvo a su cargo durante sus funciones como jefa de la FECI.
