La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, negó revocar las medidas sustitutivas que el acusado Juan Pablo García Castro mantiene por el caso Financiamiento UNE. Este solicitó movilizarse fuera de territorio nacional sin la necesidad de pedir permiso a la referida judicatura.
Domínguez argumentó que el sindicado aún debe de ser procesado por los delitos de asociación ilícita y perjurio. Por lo tanto, no aceptó la petición del procesado.
Según el abogado defensor del señalado, su cliente promueve fuentes de empleo a otras personas a nivel local, por lo que buscaba movilizarse fuera del territorio nacional por motivos laborales.
LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS
García Castro goza de seis medidas sustitutivas desde abril de 2019, las cuales debe cumplir para evitar que se le ordene permanecer en prisión preventiva. Estas son:
Caución económica de Q500 mil.
Prohibición de salir del país sin autorización del Juzgado.
Obligación de firmar el libro de procesados del Ministerio Público (MP) o fijar su huella en el sistema biométrico.
Prohibición de acercarse a las sedes de la UNE y la empresa MAARIV S.A.
Prohibición de comunicarse con determinadas personas.
LLEVA PROCESO APARTE
García Castro aún se encuentra ligado a proceso por el caso Financiamiento UNE, a pesar de que a finales del año pasado la jueza Domínguez cerró el expediente en contra de siete señalados, entre ellos la secretaria general del partido político, Sandra Torres.
Años antes, el señalado solicitó a la juzgadora que se desarrollara su proceso penal de manera separada a los otros involucrados. De esta forma, no fue beneficiado junto a los siete sospechosos.
Conozca la lista de los exministros que buscarán un puesto en el Congreso para las próximas elecciones ⬇️#LaHoraDeActualizarnos
https://t.co/6V8HgoY3Qo— Diario La Hora (@lahoragt) January 3, 2023
EL CASO
Las investigaciones revelaron que la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y Grupo Empresarial San Felipe S. A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Ese objetivo se desarrollaba por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de la campaña electoral. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le fueron entregados.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753, según el MP.
Las conclusiones de la investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimonial y científica que fue recabada por las autoridades a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE, entidades bancarias e informes de análisis y criminal de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
