El exdiputado Edgar Cristiani y nueve sospechosos más en el caso Plazas Fantasma lograron que el proceso que se seguía en su contra fuera cerrado. Con este grupo suman más de 60 personas que obtuvieron el beneficio y no enfrentarán juicio. Cuando se dieron a conocer los hechos, la Fiscalía señalaba a diputados en funciones y exlegisladores, empleados del Congreso y personas particulares.
La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, citó al último grupo de procesados por el referido caso y les informó que aceptaba sus solicitudes de sobreseer el expediente.
Cristiani y 9 más: iban a ser condenados tras aceptar, pero les cierran proceso sin condena👉 [https://t.co/ynkood3Jbd] pic.twitter.com/lfWpXvhYxN
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CAMBIAN DE DECISIÓN
Todos los señalados en esta fase del caso habían decidido acogerse a los beneficios que otorga la Ley de Aceptación de Cargos, confesar su responsabilidad y salir del proceso con mayor agilidad.
Sin embargo, cambiaron de decisión al conocer que un grupo más grande había sido beneficiado con el cierre del caso porque la juzgadora no había encontrado hechos para enviarlos a juicio.
En ese sentido, pidieron que se anulara su solicitud de ser sometidos a la referida normativa. El pasado miércoles 14 de diciembre, Domínguez aceptó la petición de rechazar la aceptación de cargos.
GRUPO MAYORITARIO
El 23 de septiembre último, durante la conclusión de la audiencia de etapa intermedia en contra de un grupo de 58 sospechosos, Domínguez anunció el cierre del caso.
De esa cuenta, solo quedaba pendiente establecer la situación de los últimos diez sospechosos.
JUEZA SEÑALA INVESTIGACIÓN DÉBIL
El argumento de la juzgadora para cerrar el caso para todos los procesados fue que el Ministerio Público (MP) no pudo demostrar que es necesario que los hechos se conozcan ante un tribunal de Sentencia Penal.
Además, dijo que la investigación presentaba inconsistencias y algunas contradicciones.
Entre las causas que habrían ocasionado que la jueza asumiera esa postura se encuentra que el ente investigador no dio intervención a la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el proceso.
“La referida entidad es básicamente el auditor gubernamental y quien establece si existen infracciones en el ejercicio de una función y un detrimento al Estado”, alegó el abogado defensor Gustavo Ovalle al informar sobre la decisión de Domínguez.
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DEFENSORES SEÑALAN MALA CALIFICACIÓN DELICTIVA
Los abogados defensores argumentaron que el delito que fue consignado a los entonces diputados, exlegisladores, empleados del Congreso y personas particulares no era el correcto.
Los procesados fueron acusados por el delito de peculado por sustracción, derivado de supuestamente no haberse presentado a trabajar al Organismo Legislativo.
De esa cuenta, las autoridades hallaron la posibilidad de que hubiese múltiples plazas fantasma en el Congreso.
“Se les penalizó por peculado de sustracción cuando en todo caso debió ser incumplimiento de deberes o abandono del cargo”, expresó Ovalle.
Los exdiputados involucrados fueron procesados por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.
Otro de los detonantes por los cuales se cerró el caso fue la consignación de la prueba material al momento de allanar el Congreso.
La dirección en donde se realizó el embalaje y el acta de allanamiento eran diferentes. En una se indicaba que la diligencia se efectuó en el Legislativo y en la otra se señalaba al MP en el barrio Gerona, en la zona 1 capitalina.
LOS SOBRESEÍDOS
El último grupo de procesados que resultaron con el sobreseimiento del caso son:
Angélica González Hernández.
Juan Manuel Barrios Toledo.
Luz Marielles Morales Brol.
Odilia Morales Camo.
Jorge Enrique Molina Linares.
Saúl Enrique Tenas González.
María Manola Zarco Escaler, exesposa del cantante guatemalteco Pablo Cristiani, quien es hermano del ahora exdiputado.
CASO PLAZAS FANTASMA
La investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a varias personas que no cumplían con sus funciones en el Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 y Q20 mil.
Los acusados habrían prestado su nombre y recibido fondos por concepto de pago de planilla del Legislativo, pero no se presentaban a laborar.
Además, varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado o entidades privadas, según lograron identificar en la pesquisa.
Entre los puestos por los cuales se cobraba el salario figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.
MP BUSCARÁ APELAR EL FALLO
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, informó que se apelará el fallo que benefició a 58 procesados, pues consideró que existen motivos para que el caso sea conocido en juicio.
La Hora intentó comunicarse con el fiscal para conocer si también se impugnará el último fallo en el caso; sin embargo, las llamadas no fueron atendidas.
Conozca las declaraciones de Consuelo Porras ante los señalamientos del exjefe de la FECI Francisco Sandoval #PorSiNoLoVio 👇👇👇 https://t.co/dTdpAwwywg
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EXDIPUTADOS IMPLICADOS
Los excongresistas César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, José Luis Mijangos y Christian Boussinot estuvieron implicados por la sustracción de fondos de ese organismo de Estado, por medio de presuntas contrataciones irregulares.
