Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, respectivamente, fueron quienes recibieron las penas más grandes en el juicio que se desarrolló por el caso La Línea.
El Tribunal de Mayor Riesgo B dictó este miércoles 7 de diciembre la sentencia del referido debate, en el cual el Ministerio Público (MP) acusó a 29 personas.
Para el exbinomnio presidencial la condena fue de un total de 16 años por ser culpables de dos de los delitos. Asimismo, cada uno deberá pagar Q8.7 millones por los sobornos que recibieron de las acciones de la estructura que defraudó las aduanas más importantes del país.
Sentencia para el expresidente Otto Pérez Molina.
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LO QUE QUEDÓ PROBADO
La jueza Irma Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal, inició con el análisis de las acciones que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) describió en la acusación, la cual fue discutida por más de 10 meses.
De acuerdo con las investigaciones, se trató de una red que cometió actividades ilícitas que dieron como resultado la defraudación aduanera entre 2012 y 2015.
El veredicto se basó en 100 mil sesiones de llamadas telefónicas que fueron interceptadas, 5 mil correos electrónicos, así como del análisis de documentos únicos administrativos (DUA) de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la importación de productos.
Los sobornos de la supuesta defraudación aduanera suman Q28.5 millones y lo defraudado al Estado asciende a Q73 millones, según los análisis forenses que fueron efectuados.
LOS ARGUMENTOS
Durante su argumentación, la jueza dijo que lleva 30 años de servicio en el Organismo Judicial (OJ) y que se espera que todos los jueces realicen su trabajo de una manera apegada a derecho.
“No todos los jueces son probos. Aunque eso es lo que se espera, según la Constitución y otras leyes del país”, dijo. Agregó: “Yo puedo responder por mi trabajo. No puedo defender a todos los jueces”.
Valdés indicó que no tomaron en cuenta la declaración del colaborador eficaz Estuardo González, alias Eco, “por una acción legal que presentó el abogado defensor de Claudia Méndez Asencio, Fredy Poroj”.
RESPONSABILIDAD DE LOS ACUSADOS
En el análisis que hizo el Tribunal se mencionó que no todos los acusados son responsables de los delitos por los cuales se les llevó a juicio, y se adelantó que varios serían absueltos de algunos de los delitos que les fueron señalados.
Además, se afirmó que en la acusación se mencionó una gran cantidad de elementos de investigación “para impresionar” y varias situaciones “
“Nosotros analizamos el primer párrafo (de la acusación) y es una aberración total”, dijo.
LA FUNCIÓN DE LA CICIG
Según Valdés, el caso fue mediático por la vinculación de Pérez Molina y de Baldetti. Además, aseguró que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) fue responsable de acciones que riñen con la ley.
“Vamos a decir que el trabajo que hizo la CICIG fue deficiente. Ellos no son mejores que nosotros. No necesitábamos extranjeros que vinieran a hacer el trabajo que hicieron”, afirmó.
También indicó que nunca se reunió de forma unilateral con funcionarios de la CICIG.
La jueza presidente le tomó al menos 30 minutos hablar sobre antecedentes del exjuez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y la antigua FECI, dirigida por el exfiscal Juan Francisco Sandoval. En quienes identificó “falencias y acciones inclementes en contra de los acusados”.
LA SENTENCIA: CONDENADOS Y ABSUELTOS
La lectura de la sentencia duró varias horas, comenzó a las 11 horas y finalizó a eso de las 19:30 horas.
De acuerdo con el fallo:
Otto Pérez Molina, expresidente, fue absuelto por el delito de enriquecimiento ilícito y condenado por asociación ilícita a 8 años de prisión y es cómplice en casos especiales de defraudación aduanera a 8 años también, deberá pagar un total de Q8.7 millones.
2. Roxana Baldetti, exvicepresidenta, fue absuelta por el delito de enriquecimiento ilícito y hallada culpable por los delitos de asociación ilícita y es cómplice en casos especiales de defraudación aduanera a 8 años de cárcel cada uno. Además, tendrá que pagar Q8.7 millones.
3 Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, fue absuelto por el único delito de asociación ilícita.
4. Álvaro Omar Franco Chacón, extitular de la SAT, fue declarado como inocente por el delito de asociación ilícita.
5. Claudia Méndez, exintendente de Aduanas, fue absuelta por cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera.
6. Sebastián Herrera Carrera, exgerente de Recursos Humanos de la SAT fue absuelto por asociación ilícita.
7. Gustavo Adolfo Morales Pinzón fue beneficiado al ser absuelto por asociación ilícita y cohecho pasivo.
8. Anthony Segura, exsecretario general del sindicato de la SAT, fue hallado inocente de asociación ilícita y cohecho pasivo.
9. Mynor Eduardo Martínez Castellano, exadministrador de Aduanas de Puerto Quetzal en 2014, la pena que le fue impuesta por el delito de asociación ilícita es de 6 años de prisión y como cómplice de casos especiales de defraudación aduanera 7 años. Por cohecho pasivo fue absuelto. Tendrá que pagar un total de Q112 mil
Sentencia para la exvicepresidenta Roxana Blandetti.
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10. Melvin Gudiel Alvarado de León, exadministrador de Aduanas en 2014, el Tribunal dictó una sentencia de 13 años en total por los delitos de asociación Ilícita y por ser cómplice de caso especial de defraudación aduanera. Fue absuelto por cohecho pasivo. Además, deberá pagar Q57 mil 112.
11. Julio Robles Palma, administrador de Aduanas en 2014, se le impuso una pena de 6 años por el delito de asociación ilícita y como cómplice de casos especiales de defraudación aduanera 7 años. Debe pagar Q57 mil 112. Fue absuelto por cohecho pasivo.
12. Karla Mireya Reyes España, exsupervisora de aduana, se le halló culpable por el delito de asociación ilícita y se le impuso una condena de 6 años, también es cómplice de casos especial de defraudación aduanera, por lo cual se le impuso una pena de 7 años de cárcel. Fue absuelta por el delito de cohecho pasivo. Debe pagar Q57 millones 112 mil.
13. Obdulio Horacio Barrios Vásquez fue declarado inocente por el delito de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
14. Gustavo Adolfo Peña, trabajador aduanero de Puerto Quetzal. Fue absuelto por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
15. José Rolando Gil Monterroso. Se demostró su inocencia por asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
16. Carlos Ixtucuc. Pasará 13 años en la cárcel por los delitos de asociación ilícita y por ser cómplice de caso especial de defraudación aduanera. Fue absuelto de cohecho pasivo. Debe pagar Q57 millones 112 mil.
17. Juan Carlos Ávila Moran, extécnico de Aduanas, fue absuelto por el delito de cohecho pasivo y se le condenó por casos especiales de defraudación aduanera en grado de cómplice, por lo cual se le impuso una pena de 7 años de prisión y 6 años más por asociación ilícita.
Pérez Molina y Roxana Baldetti son absueltos por enriquecimiento ilícito pero condenados por dos delitos 👉 [https://t.co/4VXPg1mIcL] pic.twitter.com/dDAFi4F6qe
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18. Gilda María Maldonado García, exfuncionaria de la SAT en Puerto Quetzal. La pena en su contra es de 6 años por asociación ilícita y 7 años más por ser declarada como cómplice de caso especial de defraudación aduanera. Fue absuelta por cohecho pasivo.
19. Giovanni Marroquín Navas, señalado como enlace entre la estructura externa y la SAT, fue absuelto asociación ilícita.
20. Osama Ezzat Asis Aranki, líder de la estructura externa a la SAT. Incurrió en asociación ilícita y se le impuso una pena de 8 años de prisión. Le fueron sumados 4 años más por ser cómplice de caso especial de defraudación aduanera. Sin embargo, fue absuelto por cohecho activo. Tendrá que pagar una multa de Q856 mil.
21. Byron Antonio Izquierdo fue absuelto por el delito de cohecho activo. Pero tendrá que cumplir una pena de 12 años por asociación ilícita y por ser cómplice en caso especial de defraudación aduanera. También tendrá que pagar una multa de Q856 mil.
22. Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el Teniente Jerez, fue absuelto por el delito de cohecho activo y hallado culpable por los delitos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera en caso de cómplice. La pena impuesta suma 12 años de prisión. Deberá pagar un total de 856 mil.
23. Miguel Ángel Lemus Aldana fue absuelto por el delito de cohecho activo y condenado a 8 años de prisión por asociación ilícita y se le suman 4 años por ser cómplice de caso especial de defraudación aduanera. Deberá pagar una multa de Q856 mil.
24. Julio Cesar Aldana Sosa, exencargado de la Portuaria Quetzal, fue absuelto por el delito de cohecho activo. Y se le impuso una pena de 11 años de cárcel: 7 por asociación ilícita y 4 por ser cómplice de caso especial de defraudación aduanera. Tendrá que pagar una multa de Q856 mil.
25. Julio Estuardo González de León, exagente externo de la SAT, la sanción de prisión que le fue impuesta es de 7 años por asociación ilícita.
Tribunal de Mayor Riesgo "B" lee la sentencia en contra de 29 implicados en la supuesta defraudación aduanera. #CasoLaLínea
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26. Adolfo Sebastián Batz Rojas, miembro de estructura interna en Puerto Quetzal. Fue hallado culpable por el delito de asociación ilícita y condenado a 6 años de prisión, por ser cómplice de caso especial de defraudación aduanera se le suman 7 años de cárcel. Fue absuelto por cohecho pasivo. Deberá pagar Q57 millones 112 mil.
27. Edgar Armando Sac Coyoy fue absuelto por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
28. Delfino de Jesús Morataya. Fue condenado por asociación ilícita y lavado de dinero. La pena que se le impuso fue de 12 años. Debe pagar Q57 millones 112 mil.
29. Nazario Elpidio Arana Navas fue hallado culpable por los delitos de asociación ilícita y le dictaron 6 años de prisión. Como cómplice de caso especial de defraudación aduanera se suma 7 años de cárcel. Fue absuelto por cohecho pasivo.
CASO LA LÍNEA
Según el MP, la estructura criminal defraudó el sistema aduanero por más de Q73 millones. Se dijo que era liderada por Pérez Molina y Baldetti. Además, se vinculó a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta, a exjefes de la SAT y exfuncionarios del gobierno del extinto Partido Patriota (PP).
En total, 29 personas fueron procesadas por los hechos que fueron investigados por el MP y la CICIG.
De acuerdo con la acusación, la organización ajustaba de manera irregular el impuesto que debían pagar los importadores por los contenedores que ingresaban al país por las aduanas que controlaba la estructura.
Después el dinero recaudado ilegalmente era distribuido por medio de un sistema denominado “la cola”, en el cual existía un monto establecido para cada miembro de la red. Posicionando a Pérez Molina y Baldetti como los mayores beneficiados.
CENTRO DE OPERACIONES
Durante las pesquisas se identificó que la Boutique Emilio, mejor conocida por la red como “La Bodeguita”, era el centro de operaciones de la estructura, y allí se realizaban las reuniones para determinar las acciones que se debían realizar.
Asimismo, la extinta CICIG reveló por medio de fotografías que, en el interior de la boutique, específicamente en el parqueo, se repartía dinero, en que se dijo provenía de “negocios ilícitos”.
Posteriormente, las autoridades allanaron el inmueble, que se ubica en la 16 calle 3-13 de la zona 10 capitalina. Allí fueron incautados Q1.6 millones. Además, fue localizado el listado de los valores que habían sido establecidos por la red de acuerdo con el tipo de productos que ingresaban al país los importadores, además de otros documentos que figuran como indicios.
La jueza presidenta Jeannette Valdés indica que "no tomó en cuenta la declaración de Estuardo González, alias Eco, por una acción legal que presentó el abogado defensor de Claudia Méndez Asencio, Fredy Poroj".
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¿CÓMO SE CONFORMABA LA ESTRUCTURA CRIMINAL?
La investigación de la FECI y la extinta CICIG “halló la existencia de un grupo organizado de personas, quienes formaron parte de una estructura criminal”.
Esta estaba formada por una estructura externa, la cual consistía en “personas que tenían relación laboral con la SAT y tenían injerencia dentro de las decisiones a tomar por el personal”.
Sin embargo, también existió una estructura externa, la cual impuso sus intereses a los trabajadores de las aduanas. Por medio de pruebas documentales se probó la identidad de los involucrados en ambas redes.
PUNTO A FAVOR DE LA CICIG
En una de las sesiones del debate, los defensores reclamaron el uso de documentos que fueron elaborados por personal de la CICIG.
Sin embargo, Valdés dijo que el trabajo de la Comisión se desarrolló en el país por un acuerdo entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
