El militar retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez recibió un revés judicial. Esta vez la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una apelación que presentó dentro del caso que se denomina como Diario Militar. Con ella buscaba que fuera revocada la resolución con la cual se ordenó su envío a juicio.
De esa cuenta, la máxima instancia de justicia declaró “sin lugar el recurso de apelación interpuesto”, con lo cual, según la CC, deberá enfrentar una acusación ante un tribunal de sentencia penal.
¿QUÉ LE DIJO SALÁN SÁNCHEZ A LA CC?
De la misma manera que impugnó ante la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, Salán Sánchez acudió a la CC para modificar la resolución con la cual se le envió a juicio por supuestos crímenes que fueron cometidos durante el conflicto armado y que el Ministerio Público (MP) investiga en la actualidad.
La Sala de Apelaciones resolvió en favor del militar retirado, pero queda sin efecto con el fallo que la CC emitió de manera reciente.
El juez Miguel Ángel Gálvez, que dirige el Juzgado de Mayor Riesgo B, es quien conoce el caso y fue quien decidió que el militar y otros ocho sospechosos enfrenten un debate oral y público.
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— Diario La Hora (@lahoragt) November 15, 2022
EXPLICAN RESOLUCIÓN
El abogado penalista Mauricio Izquierdo consideró que si el amparo en el presente caso se presentó ante una Sala y también a la CC, la máxima corte “actuó de acuerdo a derecho (al rechazar el amparo) por carecer jurisdicción y competencia acorde a la ley”.
Además, indicó que la “apertura a juicio no se puede impugnar por acciones constitucionales de amparo, por lo tanto es un amparo fallido”.
Mientras que Mariano Cruz, también abogado penalista, manifestó que “la resolución de la CC es la que tiene legalidad y peso”, puesto que es lo último resuelto en el proceso penal. También argumentó que la máxima corte “tiene predominancia sobre los demás órganos jurídicos”.
CASO DIARIO MILITAR
El 27 de mayo de 2021, las autoridades guatemaltecas capturaron a once personas vinculadas al caso, entre militares en situación de retiro y expolicías.
Todos eran señalados por delitos de detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual. Según las investigaciones, de esos hechos resultaron 195 víctimas.
Las acciones que investiga el MP, por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, fueron cometidas durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985, según las denuncias.
De acuerdo a las pesquisas, el archivo que se localizó en Estados Unidos en 1999, al cual se le denominó Diario Militar, contiene registros de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas.
