Las presuntas desapariciones forzadas de varias personas ocurridas en Escuintla, entre 1980 y 1985, serán investigadas por el Ministerio Público (MP) y por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por medio de un proceso de averiguación especial. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este viernes 4 de noviembre dentro del denominado “Caso de Ingenio de El Salto”.
Esa fue la petición que hicieron los familiares de las víctimas, por medio del abogado Alejandro Rodríguez, en una audiencia que se realizó en la Sala de Vistas de la CSJ. Se sospecha que los responsables son elementos de las fuerzas armadas de la época.
Los magistrados también escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas, entre quien estuvo María Ofelia Morales, que relató que su hermano Héctor Morales fue uno de los desaparecidos y dijo que se realizó una búsqueda en los cuarteles militares, cárceles, morgues y hospitales, pero que no obtuvieron resultados positivos.
En la audiencia afirmó: «Mis papás murieron y siempre estuvieron con eso de ‘¿Dónde está mi hijo?’».
Eleuterio Aragón Estrada, otro testigo que fue trabajador de la empresa, testificó haber estado en el Ingenio El Salto y recordó que el Sindicato de Trabajadores Campesinos “sufrió persecución, captura y desaparición en contra de sus dirigentes”.
Con los testimonios de familiares, extrabajadores y personas involucradas al caso, se solicitó que se realice una investigación para conocer en dónde están los restos de las personas desaparecidas. Además, pidieron ayuda a la CSJ para que garantice un debido proceso durante la investigación.
PRUEBA Y BASES DEL CASO
Durante la audiencia se incorporó la prueba documental, la cual pudieron ver todos los sujetos procesales.
De acuerdo con las investigaciones, las víctimas eran parte del sindicato del Ingenio El Salto, organización que era considerada como subversiva, por lo cual fue un objetivo de los militares durante el conflicto armado, especialmente después de una huelga que se realizó en 1980.
La protesta realizada en esa época es descrita en el libro “Miles de machetes en alto, de Cindy Forster, y se indica que “en febrero de 1980, estalló la huelga rural más grande de la historia de Guatemala, en las plantaciones de caña de la Costa Sur. Desde la óptica de la organización pre-bélica, fue el apogeo de la lucha campesina después de décadas de haber sufrido la ira de los dueños de la tierra”.
FALLO UNÁNIME
La CSJ determinó por unanimidad que es procedente desarrollar el caso por medio de un proceso de averiguación especial. Se fijó un plazo de diez meses a la PDH para que investigue el caso.
De acuerdo con el artículo 467 del Código Procesal Penal, la CSJ podrá encargar a entidades distintas al Ministerio Público (MP) desarrollar investigaciones para establecer hechos de carácter penal. La primera institución que figura, y a la que se le da prioridad en estos casos, es a la dirigida por el magistrado de Conciencia.
El MP informó que las diligencias se encuentran en desarrollo y que el principal fin es identificar a los miembros de las fuerzas de seguridad que laboraron para la institución armada en ese tiempo y lugar.
