Durante la audiencia de etapa intermedia por el caso Financiamiento Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que se desarrolló este jueves 3 de noviembre, el Ministerio Público (MP) modificó el delito por el cual se acusa a Sandra Torres, secretaria de dicho partido político, mientras se hacían los señalamientos en contra de ella, que constan en la investigación penal.
De esta forma, la lideresa de la referida agrupación política será juzgada por el delito de financiamiento electoral, en vez de financiamiento electoral no registrado.
Lo anterior porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción legal a su favor el 23 de diciembre de 2021. Con ese fallo se dio la razón a Torres para no ser perseguida por un delito que no existía en el 2015 cuando ocurrieron los hechos.
En tanto, el ente investigador corrigió la acusación dentro de su investigación e incorporó modificaciones de forma oral y escrita en relación al delito anteriormente expuesto. Con estas acotaciones aseguró que la juzgadora le de validez a las pruebas presentadas.
Torres también es sindicada por el delito de asociación ilícita.
Con dicha decisión se reafirma proceder con una investigación del MP en contra del juez. Aquí detalles: https://t.co/bzSvhKNnKY
— Diario La Hora (@lahoragt) November 3, 2022
EL CASO
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido.
Estas entidades habrían conformado una estructura de administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le fueron aportaos.
Los recursos identificados y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la UNE fueron cuantificados en Q19 millones 531 mil 753, según las pesquisas del MP.
