El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, deberá presentar sus pruebas de descargo este viernes 4 de noviembre ante el juez pesquisidor Roaldo Chávez, responsable de su proceso de antejuicio, en un ambiente complicado ante los ataques, amenazas y hostigamiento en redes sociales hacia el togado.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que Gálvez presentó en contra de Chávez de la Sala Segunda de Apelaciones; con esta acción buscaba separarlo del proceso de antejuicio, ya que a su consideración “podría verse influenciada su decisión, y no buscar una solución imparcial u objetiva”.
Chávez llevó un proceso de antejuicio en contra de la exjueza Erika Aifán, quien se encuentra exiliada al señalar persecución política.
“Todo el que opine en contra del Gobierno se convierte en su enemigo”, asegura Gálvez. Más aquí 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/yAhXZyYfWp
— Diario La Hora (@lahoragt) October 29, 2022
Con las pruebas de descargo, Gálvez busca desvanecer los señalamientos en su contra, para que el Pesquisidor recomiende no retirar su inmunidad.
LA DENUNCIA
Si se resuelve con lugar el antejuicio, Gálvez podría perder su inmunidad y con ello abrirle un caso por el supuesto uso de irregular de la “prisión provisional” para procesados.
El antejuicio es promovido por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), una organización liderada por Ricardo Méndez Ruiz, incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, por cometer actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
La denuncia se fundamenta en transcripciones de notas periodísticas y un estudio denominado: “La prisión preventiva en Guatemala”. Méndez Ruiz sostiene que Gálvez ha utilizado la figura de “prisión provisional”, la cual asegura “no existe en la legislación guatemalteca”.
La acción fue presentada luego que Gálvez enviara a juicio a nueve implicados en el caso Diario Militar, sindicados de los delitos detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
JUZGADOR DE CASOS DE ALTO IMPACTO
Gálvez durante su carrera como juzgador ha llevado casos de alto impacto que involucran a funcionarios, exmilitares y miembros del crimen organizado. Uno de los más emblemáticos es La Línea por el cual debió renunciar a la presidencia, Otto Pérez Molina y a la vicepresidencia, Roxana Baldetti.
El togado consideró en una entrevista con La Hora hace unos meses que “no es un proceso, es un juicio político en mi contra. ¿Y por qué no decirlo?, un linchamiento”.
SAMAYOA: ANTEJUICIO NO DEBIÓ PROSPERAR
Para Claudia Samayoa, fundadora y coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), la denuncia pasa más allá de ser una situación desafortunada, “es una prueba concreta de cómo se ha perdido la democracia en Guatemala y la independencia de poderes”.
Asimismo, considera que esta persecución nunca debió haber ocurrido, “abrir un antejuicio utilizando un estudio que evalúa la prisión provisional de varios procesos a cargo de varios jueces es una locura”.
“El sistema judicial debió de haber declarado nulo in limine (negar su tramitación) porque lo que se estudia o se estaba planteando es un poder más estructural del organismo judicial”, explica Samayoa.
Sin embargo, advierte que “en su lugar se dejan presionar por un actor (Ricardo Méndez Ruiz) que ha estado obteniendo un poder increíble, en tanto que los jueces se dejan vencer por él, quien quiere una venganza”.
La Hora consultó con el MP sobre denuncias e investigaciones contra este derecho. Esto fue lo que mencionaron: #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/JSDUSU4oRs
— Diario La Hora (@lahoragt) October 31, 2022
“Vemos un proceso de persecución en el que, para disfrazar al Estado, quien realiza estas acciones, agarran a una persona, que le podríamos llamar el sicario de la justicia (Méndez Ruiz), pero quien realmente está detrás es el Gobierno”, apunta Samayoa.
Es así como la defensora concluye que “persiguiéndolo y logrando quitarlo se estará cerrando la puerta a la ciudadanía de posiblemente obtener justicia para casos de cuello blanco y de violaciones de DD. HH.”.
PÉREZ: LA CC Y CSJ HAN RETRASADO AMPAROS
Realmente es difícil, “no solamente es un proceso, son varios procesos por los que ha sido denunciado por varios actores en distintos momentos. El que vemos ahora ha tenido un proceso muy rápido y ha tenido incidencias a todo nivel”, explica Herbert Pérez, abogado de Gálvez.
Entre los personajes que han denunciado al juzgador figuran nombres de narcotraficantes, abogados y militares como: Manfredo Cordón, Haroldo Mendoza Matta, Otto Rolando Gómez García, Erick Fernando Melgar Padilla, Miguel Ángel Letona Cifuentes, Jerzi Natanael Velásquez Alvarado, Jacobo Salán Sánchez, Juan de Dios Rodríguez.
“Los nombres de estos denunciantes, no es un ciudadano común y corriente. Estamos hablando de nombres que detrás tienen todo el peso de toda una estructura”, refiere Pérez.
Por otra parte, detalla que dos amparos que han interpuesto para frenar el antejuicio han sido retrasados y a la fecha, luego de dos meses, no hay respuestas. El 19 de septiembre se presentó el primer amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Con respecto al segundo, la última resolución que recibieron fue el 14 de agosto. “La CC manda a pedir los antecedentes a la CSJ y le da 48 horas para enviarlos o un informe circunstanciado”. “Hoy es 31 de octubre y no hay respuesta”, detalla el litigante sobre el retraso y desconocimiento a dos meses de la última notificación recibida.
QUEZADA: HAY CONTAMINACIÓN POLÍTICA
Francisco Quezada, analista político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que “el tema Gálvez es parte de la contaminación política de la justicia. Que siempre ha habido ese intento de cooptación”.
Asimismo, refiere “que las reglas que se están jugando ahí (en el proceso) no son reglas jurídicas sino políticas”. Esto porque según Quezada “él fue parte de un grupo político” y ahora “los políticos lo buscan desplazar”.
“Si ve una vulnerabilidad a su integridad debe hacerlo valer y debe de tener todo el respaldo de la institucionalidad. Independientemente si es mi juez o es el tuyo”, explicó.
