El medio español El País publicó este 28 de octubre un reportaje sobre la persecución política de la cual es víctima el juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez donde se evidencia el “acoso y amenazas en su contra” por casos que ha conocido. El togado dio a conocer al medio internacional que analiza sus opciones con sus abogados, incluida la posibilidad de dejar el país.
“Miguel Ángel Gálvez: Los militares quieren imponer el terror en Guatemala” es titulado el reportaje que fue elaborado por el periodista Carlos Salinas Maldonado, quien expone la preocupación y miedo del juez Gálvez ante una persecución política latente en su contra.
En la pieza periodística se destaca que: “la cacería contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y la impunidad se recrudece en Guatemala”.
“Los militares quieren imponer un estado de terror en Guatemala”, asegura el juez Miguel Ángel Gálvez. “Quieren poner un manto de impunidad en los crímenes cometidos por altos mandos y someter a la gente que trabaja honestamente" https://t.co/rfz7Pe1bxt
— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2022
Asimismo, evidencia que el juez de Mayor Riesgo “B”, presenta una serie de “acosos y amenazas en su contra por haber sentado en el banquillo de los acusados a militares que violaron derechos humanos durante el conflicto militar interno de los años ochenta”.
ANALIZA OPCIONES CON SUS ABOGADOS
Gálvez aseguró que “tiene miedo y sopesa con sus abogados sus opciones, incluida la posibilidad de dejar su país, tal y como lo han hecho hasta ahora 28 jueces y fiscales, que han hallado refugio en Washington, México o Suecia”.
CULPA AL PRESIDENTE GIAMMATTEI
Además, sostuvo que es una persecución política. “Este es un juicio político en mi contra”, dice el juez. “Todo el que opine en contra del Gobierno se convierte en su enemigo”, asegura.
Gálvez reafirmó en repetidas ocasiones que se trata de “un juicio político” en su contra y culpó directamente de esta persecución “al presidente Alejandro Giammattei”, según el reportaje.
Hermetismo por pacto oficialista para elegir Cortes👉 https://t.co/cOH5KUBxqN pic.twitter.com/dX1iUl60KB
— Diario La Hora (@lahoragt) October 28, 2022
No obstante, incluyó a la Fiscal General Consuelo Porras, “quien es considerada su principal operadora en el sistema de justicia”. “Ella está detrás de esta cacería”, afirmó Gálvez al medio español.
MILITARES SON CÓMPLICES
“Quieren poner un manto de impunidad en los crímenes cometidos por altos mandos y someter a la gente que trabaja honestamente. El ingrediente militar es importante, porque ellos [el Ejército] cuentan con la inteligencia militar para seguir a las personas que consideran sus enemigas”, denuncia el juez.
“Estoy preocupado”, “Lamentablemente no hay nada de legalidad en este proceso”, manifestó el togado.
PRESIDENCIA Y MP SE PRONUNCIAN
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) rechazó las afirmaciones del medio internacional y asegura “que infundadamente expresa que el presidente Alejandro Giammattei desata una batida contra letrados y fiscales. Al contrario, el gobierno invierte recursos para la protección a jueces que son beneficiarios de medidas cautelares. Asimismo, existen protocolos de actuación policial para la realización de Análisis de riesgo, estudios de seguridad e implementación de medidas de seguridad específica para jueces”.
Agrega “que es irresponsable atribuirle al gobierno una acusación de tal magnitud. La mayoría de los procesos no son promovidos por el Estado, sino por ciudadanos, otros corresponden al Ministerio Público, pero el Gobierno de Guatemala es respetuoso de la independencia de las instituciones que conforman el sistema de Justicia”.
Asimismo, el ente investigador emitió su postura respecto a la publicación: “El Ministerio Público es respetuoso de las opiniones, sin embargo, la postura vertida por el juez Gálvez es totalmente alejada de la realidad”, resalta.
En este sentido, expresa que “Él como profesional del derecho, conoce cuál es la función del Ministerio Público y cuál es su mandato constitucional. Así también es conocedor de que cualquier inconformidad la puede plantear mediante los mecanismos que el propio sistema juridicial establece, en respeto al debido proceso y en el marco de la legalidad”.