El Ministerio Público (MP) en audiencia por el caso denominado Fiscales de Chiquimula solicitó penas de 11 y 12 años de prisión en contra de cinco fiscales acusados dentro de la carpeta de investigación por supuestamente “obstruir la justicia” a cambio de sobornos.
Luego de varias audiencias del debate oral y público el ente investigador a través de la Fiscalía de Asuntos Internos solicitó las mencionadas penas en contra de los funcionarios de la fiscalía distrital de Chiquimula.
De momento, se espera escuchar las conclusiones de los defensores quienes pedirán la absolución para sus patrocinados, y posteriormente el Tribunal de Mayor Riesgo “B” dará a conocer una fecha para dictar sentencia dentro del caso.
La jueza presidenta Jeannette Valdés, es quien lleva el caso y decidirá la petición del MP.
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DELITOS
A los cinco sindicados se les imputan los siguientes delitos: cohecho activo en forma continuada, asociación ilícita, simulación de delito, denegación a la justicia, uso público de nombre supuesto y cohecho pasivo en forma continuada.
EL CASO
El 7 de diciembre de 2018 pasado más de 40 policías acudieron a la Fiscalía de Distrito de Chiquimula y detuvieron a siete fiscales. Sin embargo, en audiencia se ligó a proceso únicamente a cinco de los detenidos.
Dentro de las acusaciones se les señala del cobro de Q3 mil como soborno en mayo de 2018 y de “la salida fiscal” de un expediente a favor del sindicado Ronald Salvador Orellana Orellana.
“Se le informó que el caso estaba bajo reserva”, lo que fue falso y sirvió para solicitar Q500 mil a cambio de desviar una investigación por asesinato en grado de tentativa en Zacapa, según las pesquisas.
El MP informó que el 14 de junio de ese mismo año fue formulada una denuncia por un proceso de homicidio culposo. Los fiscales detenidos habrían “omitido las diligencias en relación a las víctimas”, desviando la investigación para favorecer al responsable, desestimando el caso cuatro días después.
Además, devolvieron un cabezal y un camión con matrículas hondureñas sin cumplir con los requisitos legales y los protocolos debido a que se omitieron los peritajes.
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Los fiscales también le habrían proporcionado información de un expediente a Luis Cerezo Guerra, apodado “Loroco”, quien en su momento el MP indicó integraba una estructura de sicarios de la cabecera de Chiquimula.
Lo anterior, con el fin de conocer si “había una orden de captura en su contra”. Los fiscales acordaron recibir Q3 mil para favorecer a Loroco.
