Los magistrados de la CSJ han permanecido en sus puestos tres años más. Foto: La Hora / Organismo Judicial

Un comunicado publicado por Alianza por las Reformas (AxR) firmado por 40 organizaciones nacionales e internacionales exigen un proceso de “elección de Cortes inmediato al Congreso de la República e iniciar investigaciones penales en contra de dicha institución por el retraso de tres años en el proceso”.

Las entidades también solicitan investigaciones penales por la prolongación indebida de funciones de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hacen un llamado a la población a “repudiar las acciones ilegales” de este organismo.

JURAMENTACIÓN A MEDIA NOCHE

Este 13 de octubre se cumplen ocho años del período de los magistrados a cargo de la CSJ y Corte de Apelaciones por lo que a las 23:40 horas de este miércoles 12 de octubre se convocó al pleno extraordinario para extender dicho tiempo de funciones.

“El 13 de octubre de 2019 venció el mandato de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, por lo que se han cumplido tres años que han prolongado ilegítimamente sus funciones, hundiendo al sistema de justicia en una grave crisis institucional”, indica un comunicado que publicó AxR este 12 de octubre.

ELECTOS EN GRAVES SEÑALAMIENTOS

Además, señala que los actuales magistrados “fueron electos en el año 2014, en medio de graves señalamientos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas indebidas”, como en su momento develó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el caso conocido como Comisiones Paralelas.

 

La misiva señala que “los graves vicios y anomalías en la elección de magistrados se replicaron en el proceso 2019”, como fue ampliamente documentado por las investigaciones de la FECI, “al grabar las reuniones entre Gustavo Alejos Cámbara, diputados y aspirantes a las CSJ y Cortes de Apelaciones en la negociación de sus cargos”.

CC ORDENÓ A CONGRESO ELEGIR CORTES

Por lo cual, la Corte de Constitucionalidad, en una resolución el 6 de mayo de 2020, ordenó al Congreso de la República elegir a los candidatos que reunieran los requisitos de idoneidad, integridad y honradez y excluir aquellos candidatos que hubiesen negociado su nombramiento.

Sin embargo, el Congreso de la República se “ha negado a cumplir con la elección, permitiendo la prolongación indebida de funciones de los actuales magistrados, con el objetivo de procurar impunidad para diputados, funcionarios y militares perseguidos por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad”, manifiesta el comunicado.

REINCORPORACIÓN DE STALLING EVIDENICA CRISIS

Sobre la crisis institucional que padece el Organismo Judicial añadieron la reciente reincorporación de Blanca Stalling a la CSJ, “hecho sin duda ilegal, pues no podía ser reinstalada una Magistrada cuando ya había vencido su mandato de cinco años”, puntualiza el comunicado.

Stalling se encontraba suspendida desde el 2017 por un proceso en el que se le acusa por el delito de tráfico de influencias, pero fue reinstalada hace un mes, cuando su periodo de trabajo ya había concluido.

 

“Repudiamos el pago ilegal de Q5 millones efectuado en concepto de salarios caídos, pues, nadie puede cobrar dinero por servicios no prestados, lo cual constituye un fraude en perjuicio del erario nacional”, rechazaron sobre la situación de la magistrada.

EXIGENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES

Que el Congreso de la República cumpla con el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala que dispone que los magistrados de la CSJ serán electos por el Legislativo para un período de cinco años, y lo haga de manera inmediata, debiendo sesionar en forma ininterrumpida hasta elegir a los magistrados en los términos establecidos en la sentencia de la CC del 6 de mayo de 2020.

Al Ministerio Público solicitan iniciar las investigaciones penales correspondientes por la prolongación indebida de funciones de los actuales magistrados, y deducir las responsabilidades legales a los diputados del Congreso por la violación al artículo 215 de la Constitución Política de la República.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

“A la ciudadanía en general llamamos a expresar el repudio por las acciones ilegales de la CSJ, que van dirigidas a destruir la institucionalidad, el Estado de Derecho y la independencia judicial”, resalta el comunicado.

Las organizaciones piden también que se desconozca a Stalling como magistrada de la CSJ de manera inmediata y se suspenda el pago ilegal de Q5 millones a su favor.

“A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la nueva Relatora de Independencia Judicial que sigan con su labor de supervisión y monitoreo sobre los ataques y violaciones a la independencia judicial en Guatemala”, finalizan.

SIN PRONUNCIARSE

Para la elaboración de esta nota, se trató de obtener una postura de la CSJ, sin embargo, al ser consultado el vocero de esta entidad, Rudy Esquivel, no se obtuvo respuesta al cierre.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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