El Gobierno parece no tener aún una solución para bloquear las comunicaciones desde dentro de las cárceles, pues mientras el Ministerio de Gobernación (Mingob) analiza nuevos sistemas tecnológicos y reformas legales para impedir llamadas e internet en los centros penitenciarios, diputados advierten que el principal obstáculo es la corrupción interna y el control que las estructuras criminales mantienen desde prisión.
Durante una citación en el Congreso entre el diputado José Chic, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Stéfany Ortiz, y autoridades del Sistema Penitenciario (SP), se estableció que la cartera toma algunas primeras acciones para limitar las señales, pero aún analizan si utilizar hardware o software.
Por su parte, el diputado Chic aseguró haber constatado que en varios centros penitenciarios existe señal abierta para llamadas telefónicas, WhatsApp e incluso transmisiones en vivo, como se ha visto en algunas ocasiones en la plataforma TikTok.
El legislador cuestionó a las autoridades sobre qué mecanismo utilizará el Mingob para intentar bloquear las comunicaciones ilegales. Al respecto, la viceministra explicó que actualmente se evalúan alternativas y se realizan «pruebas de concepto» para definir el sistema que se implementará.
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ENTRE SOFTWARE O HARDWARE
Durante la citación, la viceministra explicó que el bloqueo puede hacerse mediante software instalado directamente por las empresas telefónicas o mediante bloqueadores físicos dentro y en los alrededores de las cárceles.
Sin embargo, señaló que el ministerio no tiene la facultad para obligar a operadores de telefonía o internet a implementar restricciones, por lo que insistió en que se necesita una normativa que obligue a las empresas a bloquear señales alrededor de los centros penitenciarios.
“La postura del Ministerio de Gobernación sigue siendo que una normativa ordinaria es la solución óptima”, indicó.
Mientras ese proceso avanza, con dos iniciativas dentro del Organismo Legislativo, Ortíz aseguró que se analiza implementar bloqueadores físicos con monitoreo remoto y tecnología “antivandálica”, similares a sistemas que usan en México y El Salvador, según dijo.
Ortiz aseguró que los dispositivos permiten monitoreo en tiempo real desde el extranjero y generan alertas cuando la infraestructura es manipulada.
Al respecto, detalló que las bases donde se colocará la infraestructura ya han sido colocadas en algunos centros. «Las bases para conectar ya están instaladas, ya vimos las acometidas para el tema de energía eléctrica. Solo estamos pendientes del ingreso de el equipo por tema de aduanas», dijo.
Aunque la discusión giró alrededor de la tecnología a utilizar, el diputado remarcó que el principal problema no son los dispositivos, sino la corrupción dentro del sistema penitenciario, que acabaría permitiendo el uso de celulares o internet en las cárceles.
“Más fácil le desarman el sistema y se lo venden por pedacitos al que pase de la chatarra”, afirmó. Según recordó, bloqueadores instalados en el pasado dejaron de funcionar porque privados de libertad pagaban a personal penitenciario para encenderlos o apagarlos.
En ese sentido, mencionó los hallazgos de antenas de internet Starlink en algunos penales, y cuestionó la manera en cómo ingresan estos aparatos. “¿Qué guardia del sistema penitenciario lleva el Starlink hasta la terraza del penal?”, dijo.
La viceministra Ortiz indicó que las cárceles generan un “ecosistema” alrededor de los centros penitenciarios, donde los mismos grupos criminales adquieren terrenos o viviendas cercanas para facilitar ingresos ilícitos y conexiones de internet.
CONTROL DENTRO DE CÁRCELES Y REMOZAMIENTOS
La discusión se extendió hacia el funcionamiento de escáneres penitenciarios y las condiciones de infraestructura del SP. Chic aseguró haber encontrado escáneres sin utilizar en algunos centros penitenciarios bajo el argumento de que no existía suficiente energía eléctrica para operarlos.
Sin embargo, cuestionó que continúen ingresando armas de fuego a las cárceles. “¿Qué falló ahí? ¿El escáner o los guardias?”, expresó.
Por otra parte, el subdirector del SP, Melvin Alid Rosales, informó que existen planes de remozamiento para al menos ocho centros carcelarios, con una inversión estimada de Q56 millones, incluyendo mejoras perimetrales, áreas de ingreso y salas de videoconferencia.
Los centros remozados serían Pavoncito, Fraijanes II, Preventivo para Varones de la zona 18, Santa Teresita, El Boquerón, el Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango y el Centro de Orientación Femenina (COF).
Durante la citación también se abordó el proceso de reclutamiento de nuevos guardias penitenciarios, y a esto, Rosales detalló que 772 aspirantes participan actualmente en una convocatoria para 600 plazas.
Esto también fue criticado por el diputado, que hizo ver que son pocas personas y que existe la posibilidad de que no se llene el total de las plazas si algunos postulantes acaban siendo descartados por no ser idóneos.
INICIATIVAS Y DEBATES POR LOS BLOQUEADORES
En febrero pasado, durante el Foro Latinoamericano de Seguridad Democrática realizado en el Palacio Nacional, el expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, aseguró que Guatemala podía implementar sistemas similares a los utilizados en su país para impedir llamadas desde prisión.
Alvarado explicó que el uso de bloqueadores ayudaría a frenar extorsiones y órdenes criminales dirigidas desde cárceles, aunque advirtió que el éxito dependía de leyes específicas, coordinación con empresas telefónicas y la capacidad del Estado para impedir el ingreso de teléfonos a los centros penitenciarios.
Posteriormente, en marzo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, retomó en el Congreso la iniciativa de ley 6223, que busca obligar a las empresas de telefonía e internet a implementar y mantener sistemas inhibidores de señal en cárceles.
“Estoy de manos atadas para sancionar a una empresa u obligarla para que corte la señal en los centros de detención”, afirmó entonces el ministro.
La propuesta plantea que las telefónicas sean responsables de instalar sistemas de bloqueo, bajo supervisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y contempla multas equivalentes entre el 1% y el 2% de la renta bruta anual de las compañías en caso de incumplimiento.
Semanas después, en abril, la bancada VOS presentó otra iniciativa enfocada en prevenir y sancionar comunicaciones ilícitas desde prisión. El diputado Chic aseguró en ese momento que el objetivo era “colocar la discusión en el Congreso” y facilitar al Ministerio de Gobernación la adquisición de software, hardware o bloqueadores de señal.
