A través de un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva orden ejecutiva que busca reforzar los controles del sistema financiero sobre migrantes sin autorización legal de trabajo, una medida que podría impactar de manera directa a miles de guatemaltecos y otras nacionalidades que viven en ese país y envían remesas a sus familias.
Aunque el objetivo declarado de la orden es combatir el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas, el documento plantea mayores restricciones y controles sobre el acceso a servicios financieros básicos para personas extranjeras sin estatus migratorio regular.
Mayor vigilancia del sistema financiero
La orden instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores bancarios a reforzar la supervisión sobre cuentas, transacciones y clientes extranjeros, especialmente aquellos que no puedan demostrar estatus migratorio legal o permiso de trabajo.
El texto sostiene que incluso servicios financieros básicos pueden ser utilizados para actividades ilícitas si no existen adecuados procesos de identificación del cliente.
Remesas bajo mayor escrutinio
Uno de los puntos centrales del documento es el control de transferencias internacionales de bajo monto, como las remesas, que según la administración estadounidense pueden ser utilizadas para financiar actividades ilegales como narcotráfico, terrorismo o trata de personas.
En este contexto, bancos y entidades financieras deberán reforzar sus mecanismos de verificación y monitoreo de transacciones transfronterizas.
Créditos y riesgos financieros
La orden también establece que las instituciones financieras deberán considerar los riesgos asociados al otorgamiento de créditos —como hipotecas, préstamos de vehículos o tarjetas de crédito— a personas extranjeras sujetas a posible deportación.
El documento argumenta que la pérdida de empleo o la deportación puede afectar la capacidad de pago de los prestatarios, lo que representa un riesgo para la estabilidad del sistema bancario.
Empleo informal y evasión fiscal
El texto también pone el foco en posibles irregularidades laborales y fiscales, incluyendo:
- Pagos fuera de planilla.
- Uso de efectivo en transacciones recurrentes.
- Estructuras para ocultar pagos de nómina.
- Evasión de impuestos por parte de empleadores o intermediarios.
Asimismo, advierte sobre el uso de documentos de identidad falsos o inconsistentes, incluyendo números de Seguro Social o identificaciones fiscales incorrectas.
Uso del ITIN bajo revisión
La orden señala que el uso del ITIN —número de identificación tributaria utilizado por millones de migrantes sin Seguro Social— podría ser considerado un factor de riesgo en la evaluación financiera, especialmente cuando no existe verificación de estatus migratorio legal.
Mayor control para abrir cuentas
Las instituciones financieras podrán solicitar información adicional sobre:
- estatus migratorio
- autorización de empleo
- verificación de identidad
- cuando consideren que existe riesgo de fraude, suplantación o actividad ilícita.
Esto podría traducirse en más requisitos y controles para abrir o mantener cuentas bancarias.
Identificaciones consulares bajo evaluación
El gobierno también evaluará posibles ajustes en el uso de identificaciones consulares extranjeras para acceder al sistema financiero estadounidense.
Plazos de implementación
La orden establece una implementación gradual:
60 días para advertencias y lineamientos iniciales,
90 días para proponer cambios regulatorios,
180 días para evaluar modificaciones más amplias al sistema de identificación bancaria.
Cada migrante guatemalteco en EE. UU. aumentó 23% sus envíos en 2025
Disposiciones generales
Finalmente, el documento aclara que la orden no limita las facultades de las agencias federales ni crea derechos legales exigibles por terceros. También establece que su aplicación dependerá de la ley vigente y la disponibilidad presupuestaria, y que los costos de publicación serán cubiertos por el Departamento del Tesoro.
