La iniciativa de Ley de Cine continúa su trámite en el Congreso de la República, donde aún no ha sido conocida en tercer debate desde febrero pasado. Esta ley pretende regular y fortalecer la industria cinematográfica nacional, principalmente con la creación del Consejo Nacional de Cinematografía y el Instituto Guatemalteco de Cine.
A finales de marzo, la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine) informó que realizó una revisión del dictamen favorable de la iniciativa, en la que se introdujeron enmiendas que corrigen varios aspectos de la propuesta.
Una de esas enmiendas está relacionada con la creación del instituto, entre otros aspectos. Lo relacionado con el Consejo Nacional se mantiene como se planteó en la ley desde su presentación en 2021.
UN CONSEJO CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y CONTROL
El Consejo Nacional de Cinematografía, según la iniciativa, será un órgano colegiado con representación del Ejecutivo y del sector cinematográfico.
Estará integrado por ministros de Estado, entre ellos de Cultura y Deportes, Economía y Relaciones Exteriores, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, así como representantes de productores, del sector académico y de otros agentes de la industria.
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Este órgano deberá encargarse de la conducción de la política cinematográfica del país. Según la iniciativa, entre sus atribuciones está “conocer, evaluar y hacer recomendaciones sobre la política, planes, proyectos y programas anuales de trabajo del Instituto Guatemalteco de Cine”, así como intervenir en la revisión del presupuesto y aprobar el informe anual de labores.
El Consejo también tendrá incidencia directa en el financiamiento del sector, al establecer “los lineamientos y criterios de evaluación para la aprobación de los proyectos cinematográficos” que aspiren a fondos públicos.
Además, podrá “aprobar las propuestas de políticas públicas relacionadas con la industria cinematográfica nacional” antes de que sean enviadas al Ejecutivo.
Otro de los elementos importantes de este será su capacidad de supervisión interna, ya que incluso podrá “recomendar la remoción del Director Ejecutivo del Instituto Guatemalteco de Cinematografía” con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.
El Consejo celebrará sesiones ordinarias al menos una vez al mes; sus decisiones deberán contener una mayoría simple y tendrá una presidencia electa entre sus integrantes por períodos de un año.
UN INSTITUTO COMO RECTOR DEL CINE
Por otra parte, la ley propone la creación del Instituto Guatemalteco de Cine, que funcionará como una entidad autónoma, con independencia administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio.
El texto establece que será “el ente rector de la cinematografía a nivel nacional”, con capacidad de coordinar acciones con ministerios y otras instituciones del Estado para la promoción de esta.
Entre sus funciones destaca la de “promover la investigación y formación del cine de Guatemala, la producción, distribución, exhibición, preservación y difusión de las obras cinematográficas nacionales, dentro y fuera del país”.
Asimismo, el Instituto tendrá a su cargo formular, ejecutar y evaluar políticas públicas, gestionar recursos, estimular la calidad y diversidad de las producciones, y promover el desarrollo profesional, artístico y técnico del sector.
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La propuesta también incluye la creación de una Escuela Superior Nacional de Cine y la implementación de mecanismos para facilitar la actividad cinematográfica, para que sea una “ventanilla única que facilite el acceso a información y realización de los trámites” para producciones.
Entre sus atribuciones operativas estará la emisión de licencias de rodaje y certificados de nacionalidad para obras cinematográficas, así como la coordinación con otras entidades del Estado para la exhibición y regulación del sector.
El director ejecutivo del instituto será nombrado por el presidente de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo Nacional de Cine.
Además, el presupuesto del Instituto deberá ser elaborado por su Dirección Ejecutiva, pero pasará por el Consejo para que emita recomendaciones antes de ser remitido al Ministerio de Finanzas Públicas.
Su implementación dependerá del avance de la ley en el Congreso, donde aún no ha alcanzado su aprobación final.
