La jueza Claudette Domínguez, del juzgado de Mayor Riesgo A, ligó a proceso penal a Mario Ernesto Avelar Ramírez o Mario Alberto Aldana Orellana, supuesto integrante de la Banda Los Topacio, por seis delitos.
Con ello, dada la nacionalidad del sindicado, quien fue extraditado de El Salvador, país de origen, y la declaración vertida por el propio imputado, quien aseguró no tener familia en el país, por lo que podría darse el peligro de fuga, la juzgadora decretó provisión preventiva.
Los delitos por lo que fue ligado a proceso penal por la jueza son: asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, uso de documentos falsos, casos especial de estafa, falsedad ideológica y uso público de nombre supuesto.
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DECISIÓN
La decisión de la jueza Domínguez se fundamenta en la imputación efectuada por el MP, que señaló a Aldana Orellana o Avelar Ramírez de ser una de las personas que, supuestamente, integra la Banda Topacio, una estructura dedicada a despojar con escrituras falsas bienes inmuebles.
En su argumentación, la juzgadora detalló que el imputado participó en el despojo registral y posteriormente estafa de varias fincas, e indicó que según consta en los libros del Registro de la Propiedad Inmueble zona Central, con la complicidad de notarios que, aparentemente autorizaban las escrituras públicas.
A la vez, la jueza dijo que no solamente se cumplía en fin del despojo de los bienes inmuebles, sino también éstos volvían a ser vendidos utilizando para ello un documento de identificación extendido por la Municipalidad de Gualán, Zacapa.
Además, la juzgadora subrayó que el sindicado tenía pleno conocimiento de que él no era el propietario del bien que ponía a disposición, pero que aún así lograba su cometido auxiliándose de algún notario, que según la investigación del MP, era parte de misma estructura criminal.
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BANDA LOS TOPACIO
La Banda denominada Los Topacio se dedicaba a la apropiación y despojo de viviendas con documentos falsos desde el año 2000, según el ente investigador.
El modo de operación de la estructura criminal iniciaba con la identificación de un bien inmueble, posteriormente estudiaba el perfil de la víctima para así facilitar la acción delictiva, ya que en algunos casos las personas eran adultos mayores o vivían en el extranjero, indica la investigación del MP.
La investigación explica que, contaban con el auxilio de notarios que registraban las propiedades a nombre de un testaferro, quien los vendía a precios accesibles a terceras personas.
De acuerdo con el MP, los abogados falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compraventa y de esta manera operaban las inscripciones en el Registro General de la Propiedad.
