En el reinicio del debate del caso conocido como Genocidio, el sindicado Benedicto Lucas García, dijo ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, que se abstendrá de declarar en el proceso penal en su contra por recomendación de su defensa.
El sindicado es señalado por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), de supuestamente haber cometido los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada, por hechos registrados en el denominado Triángulo Ixil, en Quiché, entre los que se señala la muerte de civiles a manos de las fuerzas militares.
En este caso también fue señalado el general Manuel Antonio Callejas y Callejas, sin embargo, ya no continuó en el proceso por haberlo declarado interdicto, pues se dudaba de sus facultades para entender la acusación del MP.
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AUDIENCIA
En el desarrollo de la audiencia, el Tribunal garantizó a la abogada Karen Fisher poder observar en el referido proceso como parte del público y no como sujeto procesal, pues la abogada defensora de Lucas pidió declarar sin lugar la presencia de Fisher con tal figura, pese a que cuenta con un mandato especial con la representación del militar.
La decisión del Tribunal se basa en el pronunciamiento efectuado con anterioridad en las resoluciones de 8 y 11 de septiembre de 2023, en las que se declaró sin lugar la petición de Fisher de ostentar el cargo de mandataria especial con representación del imputado y defensa.
El MP comenzó con las imputaciones contra el sindicado, de quien dijo que ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército de agosto 1981 a marzo de 1982, y se encuentra ligado a proceso por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada.
Según la investigación, el ente de la persecución penal dijo que durante el debate probará la acusación contra el militar retirado, ya que se encuentran plasmados los nombres de las más de 800 víctimas que fueron masacradas y arrasadas.
Además, se dijo que fue en este período cuando se intensificó el ataque a pueblos mayas ixiles, en el departamento de El Quiché, señalados de apoyar al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que operó durante el conflicto armado interno.
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PERITAJES
Durante la audiencia de este día, también se escuchó las declaraciones del perito Byron García, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien se refirió a los informes remitidos por dicha institución y aseguró que las víctimas de las poblaciones arrasadas se vieron obligadas a desplazarse, según las entrevistas realizadas por ellos.
El experto señaló que las entrevistas permitieron establecer, en uno de sus momentos, las causas posibles de las muertes, de las cuales indicó que la mayoría fueron por inanición o falta de consumo de alimentos.
García también dijo que la mayor parte de las personas fallecidas eran mujeres, pero señaló que hubo cuadros en los que se observó masacres en viviendas, en donde murieron familias completas, abuelos, padres e hijos.
EL CASO
En el caso conocido como Genocidio, se señala que ocurrieron 31 masacres, en 23 aldeas del Triángulo Ixil, durante el conflicto armado interno.
Los acusados fueron ligados a proceso el 25 de noviembre de 2019, por los delitos de lesa humanidad y genocidio en contra de los pobladores del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García, hermano del imputado.