Por mayoría, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó la resolución de la situación de Guatemala, producto de los acontecimientos generados durante el proceso electoral 2023 y de transición iniciado para el nuevo gobierno, que será presidido por el presidente electo, Bernardo Arévalo.
En concordancia a lo expresado por el secretario General de la OEA, países miembros del Consejo Permanente piden al Ministerio Público (MP) el cese de las amenazas a la democracia, así como la judicialización del proceso electoral.
Añaden que comparten la preocupación del pueblo de Guatemala en garantizar la democracia y la alternabilidad de los cargos.
Es de resaltar que durante la votación, tres países de Centroamérica que son parte del Consejo Permanente se abstuvieron de emitir su voto, siendo estos El Salvador, Honduras y Panamá.
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LO RESUELTO
La OEA hizo un llamado a todas las instituciones del Estado de Guatemala a que, de conformidad con sus responsabilidades constitucionales, detengan o eviten todo acto de intimidación contra funcionarios electorales, el partido Movimiento Semilla, quienes han sido electos, y a respetar la integridad material electoral.
La organización expresó su apoyo a la Misión de Acompañamiento y Observación del Proceso de Transición del Gobierno, la cual culminará el 14 de enero de 2024.
Además, denunció los intentos por parte del Ministerio Público para desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, los cuales socavan el proceso democrático y los compromisos de Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana.
También solicitó al Secretario General a que promueva la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y a los representantes de la Secretaría General y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que presenten informes periódicos al Consejo Permanente sobre sus trabajos de monitoreo en Guatemala.
PIDEN APOYO PARA LOS GUATEMALTECOS
Durante su exposición, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que «el problema respecto a la transición en Guatemala es la criminalización y judicialización improcedentes que surgen del Ministerio Público y otros actores jurisdiccionales: chocan con principios de justicia y constitucionalidad y exacerban conflicto».
Por su parte, el embajador Frank O. Mora, representante permanente de los Estados Unidos, afirmó que «la situación en Guatemala ha llegado a un punto crítico, en el que el pueblo guatemalteco muestra una determinación inquebrantable de proteger sus derechos democráticos y la legitimidad de su proceso electoral. Es nuestra responsabilidad apoyarlos como OEA».
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AFIRMA QUE RESPETAN LA DEMOCRACIA
El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, dijo no compartir la resolución emitida, pues argumentó que en el país ha habido respeto por la democracia, a la alternabilidad de cargos y los convenios internacionales.
Ejemplificó que el resultado del proceso de transición es algo que no se ha recogido con «justa dimensión», pues enumeró la serie de reuniones que se han efectuado entre la comisión de transición del gobierno y del presidente electo.
Dijo que se ha respetado el derecho de manifestación a pesar de los bloqueos que se generaron y evitaron el derecho de locomoción y causaron pérdidas por Q337 millones afectando las importaciones y exportaciones.
«El proyecto de resolución no es justo y balanceado. El título sugerido que hace referencia a los acontecimientos que afectan el estado de derecho y la transición, no se encuentra en concordancia con lo que ha sucedido».
Finalmente, expresó en «Guatemala se respeta la institucionalidad. Las voces del pueblo han sido escuchadas, se ha privilegiado el diálogo. Como un estado soberano se respeta la ley y los convenios internacionales».
