Tras concluir la presentación del avance del proceso de transición, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, afirmó que el gobierno rechazó la injerencia extranjera en asuntos internos del país de cualquier medida, al referirse a las sanciones emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de tres funcionarios del gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, cercanos tanto al mandatario como a Miguel Martínez, exdirector del extinto Centro de Gobierno y su pareja.
MÁS DETALLES: EE.UU: tres funcionarios de Giammattei son designados por corrupción significativa
“Rechazamos cualquier medida injerencista sin fundamento, debido a que hoy por hoy no existe ningún tipo de denuncia», explicó López.
Además, dijo que se deben respetar los derechos fundamentales de las personas de manera plena, principalmente el principio de inocencia, el debido proceso y legítima defensa.
SANCIONADOS
El Departamento de Estado de EE. UU. informó el pasado 31 de octubre que se emitieron sanciones en contra del exministro de Gobernación, Gendri Reyes; Alberto Pimentel, extitular del Ministerio de Energía y Minas (MEM); y Óscar Rafael Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible de la última cartera.
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Todos, según la referida dependencia estadounidense, tendrían relación con hechos de «corrupción significativa», por lo cual fueron declarados como personas inadmisibles al territorio estadounidense.
En la nota de La Hora «Con sanción a tres funcionarios se acercan más a Giammattei y Martínez», publicada el pasado miércoles 1 de noviembre, se explica que según explicaron fuentes que pidieron no ser citadas por nombre, toda vez que no están autorizados para dar declaraciones en el récord, las sanciones impuestas a estos dos exfuncionarios y el viceministro evidencian que Estados Unidos está plenamente claro de lo que ha sucedido en el Gobierno de Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.
LOS SEÑALAMIENTOS
El Departamento de Estado de EE. UU., en su comunicado, indicó que «Reyes, Pimentel y Pérez (supuestamente) aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos».
Además, se destacó que: «sus acciones corruptas socavaron el Estado de Derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala».
También se indicó que «la corrupción socava la democracia y la confianza pública en las instituciones», por lo cual EE. UU. «sigue comprometido a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Guatemala, incluidos aquellos que intentan socavar las elecciones del 20 de agosto».
