Por Cristian Velix
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, expresó que eran previsibles los ataques hacia él y esa unidad de investigación, luego de la presentación del informe acerca de la influencia que pudo haber tenido el proceso de elección de Cortes del Organismo Judicial (OJ).
De esa manera, el fiscal dijo que esta situación se avizoraba, lo cual, agregó, está relacionada con las personas que se vieron señaladas o aparecieron en la información que fue proporcionada al Congreso, misma que está acuerpada por otros órganos que de forma permanente atacan su trabajo.
“Hay una Fundación -Contra el Terrorismo-, una señora cubana -Bárbara Hernández-, entonces estas organizaciones o personas son las que giran del alrededor del clima reiterado de criminalización que quieren crear con la realización de nuestras acciones”, añadió el investigador.
Por otra parte, Sandoval manifestó respecto los ataques que recibe en redes sociales que las entidades que gestionaron las medidas cautelares para él y otros dos fiscales de la FECI, han ido alimentando la información a quien corresponde en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto último, indicó el servidor público se hace con el propósito de que visibilicen en qué condiciones se encuentran desarrollando sus funciones y recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1990 estableció directrices para que los fiscales se desempeñen de manera óptima su función.
“Sin embargo, por dar cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad -CC- que deviene de una investigación -en contra de Gustavo Alejos-, lo que se trata es manchar nuestro nombre y nuestro trabajo”, afirmó el investigador.
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LA INVESTIGACIÓN
El pasado 28 de mayo la FECI dio a conocer avances en la investigación acerca de la influencia que pudo haber ejercido Gustavo Alejos en la designación de los magistrados de las Cortes, esto por presuntamente haberse reunido con comisionados, diputados y aspirantes a dichas instancias.
Los avances presentados fueron dados a conocer como parte de un informe que el Ministerio Público (MP) debía rendir a los diputados por orden de la CC para que tuvieran información sobre los aspirantes y puedan elegir a las personas que cumplen con los requisitos constitucionales para el cargo.
Los congresistas deberán analizar dicha documentación y las remitidas por las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones previo a que procedan a la elección de los magistrados para las próximos cinco años.
