La Cancillería deberá continuar con el proceso de extradición de Allan Marroquín y Erick Archila, señalados de actos de corrupción en Guatemala. FOTO: LA HORA

Por: Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) las órdenes con fines de extradición de Allan Marroquín y Erick Archila, señalados en el Caso TCQ y Caso Cooptación del Estado, respectivamente.

De esa forma continúa el proceso para que ambos puedan enfrentar la justicia en Guatemala, luego de las investigaciones emprendidas en su contra por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Será ahora la Cancillería la que dé seguimiento al proceso, para que los dos señalados puedan ser trasladados a la nación y se pueda iniciar el procedimiento judicial para ellos por los expedientes judiciales aludidos.

Anteriormente, el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, judicatura en la que se diligencian dichos procesos penales, autorizó al Ministerio Público (MP) para que se hiciera el formal requerimiento de Marroquín y Archila, quienes en su momento fueron detenidos en los Estados Unidos.

Ambos fueron capturados por autoridades estadounidenses debido a una situación migratoria irregular en ese país y no por su aparente vinculación a actos de corrupción.

Las pesquisas realizadas por los entes investigadores detallan que Marroquín pudo haber cometido los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, mientras que Archila tiene los ilícitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

CASOS

La investigación de la FECI y la CICIG sostiene que Marroquín fue parte de una estructura criminal que habría obtenido beneficios de la celebración de un contrato millonario a favor de la empresa TCQ S.A., la cual recibió un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EMP) para la operación de una terminal privada de contenedores.

Por otra parte, las indagaciones explican que Archila, exministro de Energía y Minas, integró un grupo delictivo que utilizó instituciones claves del Estado, durante el gobierno del Partido Patriota (PP), con el fin de enriquecerse ilícitamente.

Tanto en el Caso TCQ como en el de Cooptación del Estado están procesados el expresidente, Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes guardan prisión por estas y otras investigaciones.

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