Por Cristian Velix
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El abogado del exdiputado Baudilio Hichos, Alfredo Vásquez, confirmó que el sindicado en el Caso IGSS-Chiquimula ya hizo efectivo el pago de la fianza impuesta por el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, por lo que recuperó su libertad.
El juzgador benefició con arresto domiciliario al excongresista, luego que él permaneció prófugo por tres años y le impuso que no debía comunicarse con los demás señalados en el expediente judicial, como también debía permanecer en el departamento de Chiquimula.
Asimismo, el togado lo benefició con falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y fraude, por lo que únicamente lo ligó al proceso por el ilícito de tráfico de influencias, contrario a lo que había solicitado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se pedía que fuera por los tres delitos.
A pesar de la resolución de Orellana, la unidad de investigación del Ministerio Público (MP) anunció que apelará el fallo del togado, tanto para la falta de mérito, como también para el beneficio de arresto domiciliario.
CASO
Las investigaciones explican que el exlegislador con antelación a agosto de 2014, cuando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) mostró interés en arrendar un inmueble que albergara la sede de esa institución en Chiquimula, preparaba la documentación para poner a disposición un edificio de su propiedad.
Posteriormente, la entidad comercial aparentemente vinculada con Hichos obtuvo el contrato por Q2 millones 160 mil, por un tiempo de dos años y tres meses, para lo cual, según la FECI, el excongresista sostuvo conversaciones con Francisco Cortez Bocaletti, exjefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, con quien “reflejó tener vínculo de intereses económicos comunes”.
ABSOLUCIÓN
Anteriormente la Sala Tercera de Apelaciones revocó la condena en contra de Cortez Bocalleti por el delito de fraude, quien fue condenado por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal a 6 años y 3 meses de prisión.
En esa ocasión, el mismo órgano jurisdiccional también dejó sin efecto la sentencia en contra de otras diez personas, también presuntamente implicadas en contrataciones anómalas en el Seguro Social, entre ellos los integrantes de la Junta Directiva del IGSS, esto por el Caso IGSS-Pisa.
