Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt
El exdiputado Baudilio Hichos se entregó a la justicia hoy al presentarse en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, cuyo titular es Fredy Orellana. El exlegislador tenía orden de captura en su contra por el Caso IGSS-Pisa.
El exfuncionario público compareció ante un juez, luego de no ser aprehendido desde el 2016 por su posible implicación en el expediente judicial, investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Inicialmente, la defensa del exparlamentario solicitó que la audiencia fuera declarada bajo reserva, sin embargo, el juzgador rechazó la petición, argumentando que la investigación terminó tiempo atrás, además de que no peligraban asuntos de seguridad nacional.
Posteriormente, la FECI inició la imputación de los hechos por los que está señalado el excongresista, indicando que él pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude.
“A usted señor Baudilio Elinohet Hichos López, se le imputa por haber formado parte de un grupo estructurado de personas, con roles definidos, que de forma concertada cometió delitos contra la administración pública con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización o compra directa de servicios contratados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”, comenzó diciendo la representación del Ministerio Público (MP), al momento de hacer la sindicación.
La FECI al momento de relatar los hechos de los que se le señala a Hichos, indicó que desde agosto del 2014 se oficializó, de parte del IGSS, la intención de arrendar un inmueble que albergara la sede de la institución en Chiquimula.
Sin embargo, señaló que con antelación el congresista ya preparaba la documentación para poner en arrendamiento el edificio de su propiedad y que posteriormente fue adjudicado a la entidad Pagos y Control Comercial y Constructora Siboney, según consta en el contrato, suscrito entre la empresa y el representante legal del Seguro Social.
“Se estableció que usted ejercía control total (sobre la empresa mencionada) administrativa y financieramente y aparecía inscrito en el Registro Mercantil como Presidente del Consejo de Administración”, expresó la unidad investigadora.
El monto por el que se benefició a institución mercantil fue de Q2 millones 160 mil, según comentó la Fiscalía, por una duración de dos años y tres meses. La FECI argumentó que el exdiputado sostuvo conversaciones con el exjefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, Francisco Cortez Bocaletti, con quien, explicó la FECI, reflejó tener vínculo de intereses económicos comunes “dispuestos a ser satisfechos mediante la contratación y arrendamiento”.
