Desde hace 22 años Guatemala no había experimentado una dinámica de violaciones a los Derechos Humanos como la registrada bajo el régimen actual, según explicó la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua).
Hace dos décadas atrás, el país estaba en un proceso de transición democrática tras largos años de Conflicto Armado Interno, pero pese a la firma de la Paz, las agresiones a los defensores de los Derechos Humanos se mantienen vigentes.
#CampoPagado @UDEFEGUA ha verificado y documentado agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. pic.twitter.com/I8eeS70xhq
— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2023
Entre los acontecimientos más recientes relacionados a este tema, figura la petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de investigar a periodistas y columnistas del diario elPeriódico, por las publicaciones relacionadas con los procesos penales en contra del director del referido medio, José Rubén Zamora, quien lleva casi ocho meses en la cárcel.
Desde 2018, se cuentan 22 jueces y fiscales anticorrupción exiliados. Al menos seis de estos se vieron en la necesidad de abandonar Guatemala por sus investigaciones en contra de la corrupción bajo la administración de la Fiscal General Consuelo Porras, explican.
“RESTAURACIÓN DEL RÉGIMEN DICTATORIAL”
En un pronunciamiento público, Udefegua sostiene que “en plena restauración del Régimen dictatorial, el autoritarismo, la represión y la venganza se convierten en la forma antidemocrática de ejercer el poder en el país”.
La Unidad asegura que en el 2022 se agudizó la estrategia dirigida a capturar todas las instituciones públicas, para que la articulación de las élites de poder pudiese hacer uso, particularmente del Sistema de Justicia, con el objetivo de criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, operadoras y operadores de justicia, periodistas y toda aquella persona opositora al régimen establecido.
UDEFEGUA REGISTRA MÁS DE 3 MIL AGRESIONES
Es bajo ese marco de “instalación dictatorial”, que Udefegua ha verificado y documentado un total de 3,574 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos durante el 2022.
“Cabe destacar que esta dinámica de violencia representa el mayor número de agresiones registradas en 22 años”, se lee en su declaración.
La organización asegura que “esta política de represión” se manifiesta en “venganza” contra personas que impulsaron los procesos de justicia contra actores políticos, empresariales, militares y miembros del crimen organizado por actos de corrupción, impunidad o graves delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
Para la Unidad, se trata de un clima de violencia que afecta toda defensa de derechos humanos, pero que especialmente se ha ensañado contra personas operadoras de justicia, ciudadanos en búsqueda de justicia, periodistas y defensores de la tierra y el territorio.
CRIMINALIZACIÓN Y HOSTIGAMIENTOS
De la totalidad de agresiones registradas por la Udefegua, el 4% fueron contra organizaciones, comunidades o instituciones de defensa, y un 32% contra mujeres defensoras de derechos humanos, “en una clara acción misógina por parte de los actores agresores”, asegura la organización.
A su vez, la Unidad denunció que la estrategia de los grupos agresores organizados en el denominado “Pacto de Corruptos”, ha emprendido una cruzada criminalizadora, al registrar 1,737 actos de criminalización que sumados a 1,513 actos de hostigamientos forman parte de la “venganza establecida”.
PREOCUPA EL DISCURSO EN LA VIRTUALIDAD
Udefegua también expresó su preocupación por el crecimiento sostenido del uso del espacio digital para la generación de difamación, estigmatización, discurso de odio y hostigamiento, así como el inicio de los procesos de criminalización.
Como ha documentado La Hora en diversos reportajes, existen cuentas señaladas como “netcenters” que han revelado información sobre operativos judiciales previo a su realización, cuando se supone que dicha información debería ser confidencial y correspondiente únicamente al Ministerio Público (MP).
“Es evidente que esta estrategia tiene como propósito deslegitimar la voz de las personas defensoras de derechos humanos, para que luego puedan ser denunciados judicialmente sin fundamento alguno y llevar a cabo detenciones arbitrarias e ilegales”, afirma la Unidad.
Curruchiche por anuncios de los netcenter: “No tengo conocimiento”
UN LLAMADO A LA SOCIEDAD Y COMUNIDAD INTERNACIONAL
Finalmente, Udefegua aseveró sobre la urgencia al Estado guatemalteco de cesar definitivamente con esta estrategia de criminalización.
También instó a retomar la construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, obligación conferida en la resolución del caso Defensor de Derechos Humanos contra Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, hizo un llamado de urgencia a la comunidad internacional para continuar fortaleciendo y ampliando las sanciones en contra de actores de instituciones públicas del Estado guatemalteco y actores privados comprometidos con la corrupción e impunidad.
“A la sociedad guatemalteca fortalecer su organización, ampliar la articulación y profundizar su movilización social para detener este clima de violencia y represión estatal contra la defensa de los derechos humanos”, concluyó el comunicado.
