Tras la publicación de una página relacionada con netcenters que indicó que un juzgado ordenó “certificar lo conducente” al Ministerio Público (MP), por el posible ingreso de equipo de comunicación por parte de periodistas de Agencia Ocote en Mariscal Zavala, se abre la interrogante sobre las prioridades del ente de justicia, ya que en el sistema penitenciario del país existen antecedentes de reos utilizando telefonía para extorsionar y cometer delitos desde la cárcel.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 12, 2022
POR ENTREVISTAR A EXFISCAL DE FECI
La página indicó que el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente fue el que ordenó la certificación al MP, debido a que recibió como antecedente un oficio de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
Dicho suceso se relaciona a una entrevista que los comunicadores le realizaron a la exjefa de la sede en Quetzaltenango de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, estos habrían ingresado “equipos de terminales móviles” al centro de detención, en el que se encuentra la exfiscal.
¿CUALES SON LAS PRIORIDADES DEL MP?
De acuerdo con Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), en estos casos como primer punto es importante determinar si los periodistas contaban con una autorización para ingresar equipo de telefonía móvil al centro penitenciario.
“Es mucho más fácil el accionar contra determinadas personas que en contra de grupos delincuenciales ya organizados (…) lo que se puede dejar ver es cuáles son las prioridades del Ministerio Público en este momento ante la criminalidad enfocada a extorsiones, asesinatos y femicidios”, recalca Escobar.
Por su parte, David Casasola, analista de seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que el contexto histórico sobre la utilización de teléfonos en las cárceles por el crimen organizado y el ingreso de equipo móvil por parte de los periodistas de Agencia Ocote, corresponden a dos esfuerzos diferentes por parte del ente investigador.
“Lo que ocurre en el sistema penitenciario es un tema bastante más profundo en cuanto a la responsabilidad que tienen otras instituciones (…) como, por ejemplo, el mismo sistema penitenciario ante la ausencia de infraestructura para hacer un buen trabajo”, reconoce el profesional.
Además, señala que es necesario evaluar los criterios sobre otros privados de libertad en Mariscal Zavala, es decir, que, si existen otros antecedentes de ingreso de telefonía en el lugar y cómo se ha actuado en esos casos, así como el cuidado y seguimiento de las visitas que reciben los reos.
También indica que, conforme a las evaluaciones del Cien sobre extorsiones en el sistema penitenciario, se identificó que se trata de un tema que “trasciende” lo que puede hacer el MP e inicia con la capacidad el Ministerio de Gobernación (Mingob) de desarrollar una mejor infraestructura carcelaria y realizar una separación de los privados de libertad según los riesgos y conductas.
UNA MEDIDA CONTRA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN
Renzo Rosal, analista y politólogo independiente, afirma que esta acción por parte del ente de justicia es solo un “argumento” para justificar el traslado de Laparra del Marisca Zavala a la Cárcel Matamoros y continuar con la “tendencia” de violentar el derecho a la información y así crear un espacio cada vez más “antiderechos” en el país.
“Es una acción más con la cual se busca entorpecer, limitar, generar una idea de que los medios de comunicación deben poner “barbas en remojo”, especialmente aquellos que están dirigidos a la investigación periodística y también buscando, como un efecto colateral, la afectación del caso de la exfiscal”, explicó el profesional.
Sostiene como incoherente que se esté identificando “hábilmente” la utilización de teléfonos en las cárceles, cuando es una situación que desde hace muchos años se conoce abiertamente y con total impunidad.
“Que no venga ahora a decir “ups” se están usando teléfonos en las cárceles, cuando en este caso se utilizan de formas abiertas, es decir, no para cometer un delito, sino para simple y sencillamente trasladar una noticia o grabar una conversación que después será de conocimiento público”, enfatiza Rosal.
En ese sentido, le parece que este hecho es un retroceso significativo en el que se muestra que el régimen autoritario está cobrando más intensidad, ya que justifica el traslado de la cárcel de la exfiscal, provoca un problema para Agencia Ocote y genera la idea de que otros medios de comunicación no pueden hacer lo mismo para investigar el caso.
Este medio trató de consultar la opinión de María del Carmen Aceña, designada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) para temas de seguridad, pero al cierre de esta nota, no se recibió respuesta alguna.
