En la fotografía el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: La Hora

Guatemala obtuvo una calificación de 3.54 puntos en la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022”. El resultado coloca al país en el decimosexto lugar de los diecisiete países evaluados, es decir, la segunda calificación más baja después de Venezuela (2.87).

El informe señaló que se detectaron algunos retrocesos en la independencia y capacidad de las autoridades en Guatemala, México y Perú”.

En la categoría de Legislación Guatemala obtuvo 6.00 puntos, la peor calificación por debajo de Panamá (6.20) y Venezuela (6.86).

También oscilando el lugar más bajo con Venezuela, el país recibió 2.22 puntos en Autoridades y 6.20 puntos en Implementación.

“Los esfuerzos en América Latina para contrarrestar la corrupción son insuficientes e ineficaces”, determinó la evaluación realizada por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional.

El informe evalúa los esfuerzos legales y las deficiencias para prevenir y sancionar la corrupción en diecisiete países, identificando tres problemas principales:

1. Hay esfuerzos legales para contrarrestar la corrupción, pero estos son improductivos si las leyes no van acompañadas de acciones para implementar esas leyes.

2. Hay muchos esfuerzos para castigar la corrupción, pero los esfuerzos para prevenirla son insuficientes e ineficaces.

3. Las instituciones encargadas de combatir la corrupción no son independientes y no tienen capacidad para investigar y sancionar la corrupción.

 

MEDICIÓN DEL ESTUDIO

En la edición 2021-2022 no se identificaron diferencias específicas en los esfuerzos contra la corrupción en comparación con la primera edición de 2020; por el contrario, se detectaron algunos retrocesos en la independencia y capacidad de las autoridades en Guatemala, México y Perú para combatir la corrupción.

 

Según la evaluación, que emplea criterios cuantitativos y cualitativos para clasificar a los países de cero (más bajo) a diez (más alto), Uruguay es el país mejor clasificado y Venezuela el peor.

Los criterios a evaluar se centran y basan en los siguientes aspectos:

– Corrupción en el sector público y privado.
– Mecanismos de denuncia y protección de denunciantes.
– Organismos especializados.
– Mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información.
– Conocimientos jurídicos y la experiencia práctica de los abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores (despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros).

 

Según Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, los esfuerzos para combatir la corrupción en la región son “insuficientes,” particularmente porque las autoridades “no son independientes” y “no tienen la capacidad de implementar la legislación existente”.

Además de la preocupación por retrocesos significativos en algunos países, Chávez recomendó que la comunidad jurídica desempeñe un papel más activo para garantizar que la aplicación de la ley sea más eficaz”.

ANÁLISIS REGIONAL

Además de determinar que muchas autoridades anticorrupción de los países evaluados no son independientes y no tienen capacidad, el Consejo puntualizó las siguientes problemáticas encontradas en el análisis regional:

– Esfuerzos legislativos sin acciones para fortalecer instituciones y mejorar la implementación son inefectivos.
– Muchos esfuerzos anticorrupción están enfocados en sancionar penalmente, pero no en establecer mecanismos efectivos para prevenir la corrupción o denunciarla.
– Organizaciones de la sociedad necesitan más apoyo para sus labores anticorrupción.
– Las personas en condición de pobreza y en condiciones vulnerables son las más afectadas por la corrupción.

 

RECOMENDACIONES

El Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos reconoció la importancia de la tecnología en los mecanismos para prevenir la corrupción y la cooperación regional del sector privado y la comunidad legal para promover las mejores prácticas.

Entre las recomendaciones para hacerle frente a la corrupción destacan:

– La importancia de impulsar el desarrollo y uso de la tecnología para prevenir la corrupción.
– La necesidad del involucramiento del sector privado de cada país y a nivel regional para impulsar esfuerzos de la comunidad jurídica en materia anticorrupción.
– Promover la cooperación regional de la comunidad jurídica en esfuerzos anticorrupción.
– Impulsar la creación de una relatoría anticorrupción dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

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