En Guatemala se identifican alrededor de 14 mil puntos de riesgo en todo el territorio, situación que contrasta con el alto valor de la tierra. En algunos casos, se atribuye a la especulación generada por los ingresos de remesas familiares, lo que crea grandes brechas entre quienes tienen acceso a un terreno de alto valor, con los que no tienen poder adquisitivo.
Como resultado, las personas en situación de extrema pobreza instalan sus hogares en laderas o zonas de alto riesgo, aquellas en donde nadie quiere vivir. Lo hacen por necesidad, “no porque les fascina el paisaje”, resalta el doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos, Ricardo Berganza, experto en gestión integral de riesgos y columnista del medio digital Plaza Pública.
Considera entonces que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en el país deben tener como punto de partida principal abatir la pobreza extrema.
Sandra Torres, señaló a periodista de La Hora de acoso. Entérate aquí 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/V5JDQy1Pva
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El recuento general de la temporada de lluvias 2022 del sistema SE-CONRED y la tormenta tropical Julia dejó a su paso 64 personas fallecidas, 9 desaparecidos, 40 heridos y hasta 3,100 incidentes en todo el país.
Luego del recuento de daños y la respuesta de las instituciones ante esta emergencia el pasado 9 y 10 de octubre, Berganza analiza cómo debería ser el abordaje integral de la gestión de riesgos en el país. Enfatiza que sus opiniones son a título personal.
A continuación, el resto de sus respuestas en una entrevista con La Hora.
LH: ¿Qué lecciones nos deja el paso de la tormenta Julia en el país? Siendo este un territorio donde cada dos años se experimentan desastres más intensos, ¿se ha avanzado o retrocedido en la gestión del riesgo?
Ricardo Berganza: Hay dos aspectos principales. Uno de los principales problemas en Guatemala es que existe una enorme vulnerabilidad en condiciones de riesgo que podrían preocupar a cualquiera. Más que lecciones aprendidas, lo que se observa es la ausencia de un Estado que ejerza una función reguladora en la generación de riesgos públicos y privados, y que intervenga sobre los riesgos ya construidos.
El país no tiene un marco de ordenamiento territorial. No existe. Es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. En Guatemala, por razones políticas y económicas ni siquiera hay un buen catastro. Menos planes de Ordenamiento Territorial (POT) con un análisis de cuencas. Solamente cuatro o cinco municipalidades tienen POT orientados especialmente a temas fiscales para recaudación del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), pero muy poco orientados a la evaluación de nuevos riesgos, o sobre los existentes en donde no se está haciendo nada. Por ejemplo, los edificios construidos antes de 1975 están en alto riesgo de derrumbarse, pero no se hace nada para corregir esto.
Conred informó del recuento de daños el cual ha afectado a pobladores en diferentes lugares. Entérate aquí 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/ZqErJGrnnp
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Acerca del POT conozco una propuesta de ley. No era mala, pero se quedaba en el ámbito urbano, falta lo rural. Desde mi mirada, se relaciona con que los grandes grupos económicos están a gusto con que el Estado haga mal el trabajo.
Un ingenio puede desviar el río Coyolate con impunidad, solo se hacen acreedores de una multa, pueden secar la cuenca y no hay consecuencias. Es la ley del más fuerte. Cualquiera perfora un pozo donde le da la gana. Se ha normalizado decir “ríos de aguas negras”, lo cual es una barbaridad.
Al carecer de planes de ordenamiento, de una ley de aguas, de una regulación efectiva sobre la generación de riesgos; tampoco hay un aparato estatal para que las pocas normas existentes se cumplan.
LH: ¿A qué entidad le corresponde cumplir con estas tareas?
RB: La reacción normal de las personas ante tragedias recientes como Eta e Iota es voltear a ver a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (SE-Conred). Pero tanto en Guatemala como en otros países, no se le puede asignar a esta entidad tareas que no le corresponden.
La política pública para que exista un ordenamiento territorial, una mínima planificación sobre el uso de recursos renovables le corresponde al Congreso, al Organismo Ejecutivo. Esto trasciende la función de una institución que tiene un mandato de respuesta, prevención y mitigación, pero que no tiene los recursos ni el personal para evitar que ocurra una tragedia como la ocurrida en El Cambray 2.
Vemos una crisis, pero las causas fundamentales no se abordan desde el Estado donde se debería tener una Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) fortalecida. Un Estado que legisle ante los enormes riesgos construidos para que puedan reducirse, tales como laderas inestables o en edificios que ya deberían ser demolidos. Aquí parafraseo al doctor Héctor Monzón-Despang quien al ingresar a un edificio construido antes de 1975 dice: “la suerte está echada”.
Los incidentes provocados por Julia, se suman a los daños derivados de la temporada de lluvias. Conoce aquí los departamentos más afectados 👇🏼 #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/jxy2KmIHGH
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LH. En ciudades como Antigua Guatemala, los planes de ordenamiento quedan engavetados por distintos alcaldes. Solo ocho municipios en el país cuentan con estos proyectos. ¿Le corresponde a Segeplan ejercer mayor “peso” para que sean vinculantes los mismos?
RB: Cuando se diseña un plan de ordenamiento, como en la ciudad capital, se elabora una gestión prospectiva (evitar riesgos a futuro). Esto es coherente, pero el riesgo construido no existe (gestión correctiva).
No hay mecanismos que permitan que una zona inhabitable se prohíba su ocupación. Tiene que ver con la retroactividad de la ley, la ausencia de normas y la limitada capacidad para emitir dictámenes.
Por ejemplo, en El Cambray 2, muchas de las personas que murieron eran inquilinas de personas que fueron propietarias del sector, desocuparon al darse cuenta de que vivían en una zona peligrosa. Situaciones similares las encontramos con pobladores que regresaron a vivir al cantón Panabaj, Santiago Atitlán; o al Viejo Palmar, Quetzaltenango.
LH: Hay condiciones que nos convierten en un país vulnerable. ¿Cuál es el impacto social de estos desastres, más allá de las pérdidas en vidas humanas y de infraestructura?
RB: Somos una sociedad enferma. Solo Guatemala y Honduras aumentaron los niveles de pobreza extrema en 10 puntos (Encovi 2016). Pero en lugar de afrontarlo, el gobierno censura el más reciente informe del Programa de Naciones Unidas.
No se trata del impacto social en el vacío o de un país cualquiera afectado por un huracán, hablamos del impacto en una sociedad enferma, que no tiene instituciones funcionales, cooptadas por la corrupción y en condiciones de pobreza extrema, al que le colocamos un evento dañino. El resultado es muy grave.
Como decía el sociólogo Héctor Rosada, lo principal es recuperar un pacto político que permita trazar rutas para combatir la pobreza, la pobreza extrema, retomar políticas de Estado. El último intento fueron los Acuerdos de Paz, pero están siendo invisibilizados de manera sistemática.
No percibo que la ocurrencia de desastres sea el problema principal, sino el de niños que se mueren de hambre y son una cifra más, entre otras, y el Estado continúa al servicio de intereses oscuros.
Imaginen un avión que transporta a 46 bebés retornados a Guatemala desde Estados Unidos y que este se estrella entre las montañas de Guatemala. Le aseguro que habría luto nacional y cobertura mundial por semejante tragedia. Pues resulta que 46 es la cantidad de bebés que han muerto de hambre en Guatemala este año hasta la semana epidemiológica 38. La diferencia entre el accidente aéreo hipotético y la triste realidad es que en Guatemala los bebés mueren de hambre, entre las montañas, aislados, anónimos y pobres. Parece que a este país no le importa. Esas muertes deberían ser motivo de vergüenza nacional y motor de políticas de Estado.
LH: ¿Qué piensa de los estados de calamidad, son eficaces o siguen siendo mecanismo para más corrupción?
RB: El Estado de Calamidad es una ley que data de 1965. Lo comparo con un machete. Se puede utilizar para producir alimentos, como para matar a alguien. Puede ser útil para hacer compras de emergencia, pero no tengo forma de saber cómo se utilizan los recursos, por lo tanto, se sigue justificando su uso. Otra historia es la rendición de cuentas y la auditoría social sobre cualquier uso de recursos, ya sea en estado de emergencia o no.
No es un secreto que la gestión de cualquier proyecto en el sector público es complicada, pero no justifica que eventualmente haya alguien que se aproveche para comprar lo que no pudo en todo el año.
No se trata de gobernar a través de los estados de calamidad, sin embargo, hay gente en el Estado que trabaja en forma extraordinaria, tratando de llevar alivio a los más necesitados y es de reconocerlo. En esos casos, es más fácil disponer de recursos en ciertas compras.
LH: ¿Se ha avanzado o retrocedido en los sistemas de respuesta ante el riesgo?
RB: A partir de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996 se crea la SE-Conred, concebida como un ente civil. Antes esas funciones las tenía el Comité Nacional de Emergencia, parte del Ministerio de Defensa. Desde entonces, se aprecia un sostenido incremento en la capacidad de procesar datos, presupuesto, soporte de respuesta, creación de coordinadoras.
Pero vuelvo a que el Estado debe tener políticas públicas para ordenar el territorio con una gestión correctiva en el manejo de desechos, de materiales peligrosos. Resulta difícil para Conred que todos los municipios tengan una oficina de planeación con personal técnico para gestión de riesgos.
Son pocos los alcaldes que invierten en funciones de ese tipo. Por lo tanto, el Estado debería dar soporte a las municipalidades para que tenga personal que maneje riesgos dentro de esas unidades de planificación.
Conred ha dado resultados, pero creo que son coordinadoras enfocadas en respuestas. La ley de los Consejos comunitarios de Desarrollo (Cocodes) tiene una estructura similar, con roles que al final se conectan.
La clave es fortalecer las capacidades municipales, de planeación y ordenamiento, pero también los planes a nivel regional para el manejo de cuencas. Hay temas delicados, como el manejo de desechos sólidos que no se pueden resolver solo con los planes municipales.
LH: ¿Cómo hacer que los planes (POT) sean vinculantes y funcionen?
RB: Hay que recorrer un camino no tan fácil para crear figuras que podrían denominarse dictámenes de riesgo, que declaren inhabitables algunos sitios, respaldados por ley en el Congreso y con un instrumento para que el Estado garantice su cumplimiento.
Es una mirada integral de lo que debe hacer el Estado: garantizar que no viva gente en zonas de alto riesgo. La gente ha regresado a comunidades cercanas al volcán de Fuego.
Hay una visión dogmática sobre la propiedad privada, en contraste con el peligro de vivir o no en algún lugar de riesgo. Debería ser una discusión constitucional enfocada en medidas para salvar vidas. Hay gente que regresó a El Palmar, Panabaj, Ixtahuacán y otros sitios. No miro que haya razón para que esto no ocurra en otras zonas vulnerables.
La problemática que conduce a muchas personas a vivir en zonas de riesgo amerita un enfoque integral que sobrepasa la planeación territorial misma.
