Ferrovías perdió una acción legal sobre el derecho de paso de servidumbre en Tecún Umán, San Marcos.

Al atraso en la construcción del Ferrocarril Bicentenario se suma la falta de un plan para el desalojo de los invasores de la línea férrea y el revés sufrido por la Compañía Desarrolladora Ferroviaria Sociedad Anónima (Ferrovías), tras perder una acción legal sobre el derecho de paso de servidumbre en Tecún Umán, San Marcos.

Esos aspectos, según fuentes consultadas, ponen en evidencia las irregularidades del contrato firmado por Ferrovías con la empresa mexicana Remed S.A., que ante la falta de garantías para trabajar en la habilitación de la línea férrea, alegaría incumplimiento por parte del Estado para proceder con una demanda por daños.

Lo anterior se refuerza con el hecho que la Procuraduría General de la Nación (PGN), cuando era dirigida por Jorge Luis Donado, no efectuó un análisis financiero de Remed para establecer si contaba con los US$ 700 millones prometidos para invertir en el país, tal como lo publicó La Hora con el título: “Ferrocarril: Remed, que debe invertir US$700 millones, no acredita un solo proyecto”.

La PGN cuando era dirigida por Jorge Luis Donado, no efectuó un análisis financiero de Remed. Foto: La Hora/Archivo

SIN PLAN DE DESALOJOS

En la misma línea se ha cuestionado la falta de un plan para desalojar a los invasores lo cual les impide comenzar con las obras, ya que los pobladores que ocupan parte del tramo donde comenzarían los trabajos, en Ayutla, San Marcos, dicen tener apoyo del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca).

Como muestra del supuesto respaldo figura la advertencia en la salida de la terminal de Ferrovías con una manta que dice: “No nos toques, si hay casa, el tren pasa”, alusión a que demandan vivienda en otro punto.

Pero también, el hecho que según el contrato corresponde a Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) el desalojo de los invasores y en caso de incumplimiento la responsabilidad recaería en el Estado.

 

De esa cuenta, después de la inauguración de los trabajos para reforzar el puente fronterizo Rodolfo Robles por parte del presidente Alejandro Giammattei, en febrero pasado y la firma del controversial contrato entre Ferrovías de Guatemala, S.A. y Remed, el panorama luce cuesta arriba.

REVÉS CON UN RECURSO

Además, Ferrovías de Guatemala perdió un “ocurso” legal con el cual intentaba declarar lesivo el contrato firmado en junio de 2021 con Puerta del Istmo, una Zona de Desarrollo Económico Especial Público (ZDEEP), ubicada en Tecún Umán. Este es el punto fronterizo con México, hacia donde el gobernante aspira llegar la conexión ferroviaria para su conexión en el transporte de carga hacia el norte.

Esta acción legal forma parte de los puntos de agenda de la asamblea extraordinaria acordados en enero pasado en busca de cancelar un contrato de servidumbre voluntaria y onerosa de paso e interconexión ferroviaria no exclusivo, vigente entre ambas empresas. Este consiste en rehabilitar 1.3 kilómetros de vía férrea en Ayutla, San Marcos.

 

“Ferrovías no pudo en forma legal determinar que el contrato no era lesivo ni contravenía con los intereses del Estado en términos de reactivación económica, el cual se apega al contrato 402 (firmado entre Fegua y Ferrovías por 50 años) al cumplir con el objetivo de rehabilitar la vía férrea”, explicó Fredy Palma, gerente general de Puerta del Istmo.

“Esto se trata de un ataque directo, ya que Puerta del Istmo no es la única servidumbre de paso, porque en ese sector son como 10 empresas, pero a la única que atacaron fue a esta empresa con tal de sacarnos de la jugada para construir su terminal. El mismo contrato establece que si existiera algún error se llama a saneamiento de la ley; se enmienda y se firma por ampliación de contrato, de buena fe”, expuso Palma.

El ocurso se planteó en contra del Registrador del Segundo Registro de la Propiedad, Juan José Muñoz Villatoro, con sede en Quetzaltenango, con el argumento de anular el contrato firmado con esta zona libre.

El Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del departamento de Quetzaltenango, resolvió el 26 de abril pasado rechazar el ocurso planteado por José Fernando Ulloa Rosenberg, en calidad de administrador único y representante legal de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A.

En el memorial “se establece que no se fija con claridad y precisión los hechos en que se funda para el planteamiento de este ocurso…”.

DESALOJOS SON RESPONSABILIDAD DE FEGUA

Asimismo, en la cláusula V de la minuta del contrato se establece que Fegua es la entidad obligada a solucionar los problemas de invasión de algunos inmuebles o parte de estos, derechos de vía por parte de terceros.

El Interventor de Fegua, Augusto Ponce admitió en una citación semanas atrás con el diputado Osmundo Ponce, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, que no cuenta con recursos para que esa entidad se haga responsable de este compromiso porque su presupuesto de Q775 mil está destinado al pago de nómina de personal 022.

 

Además, Oscar Navarro, asesor jurídico de Fegua comentó que efectivamente no tienen los recursos para hacer la reubicación.

Agregó que se han iniciado acercamientos con el viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones (CIV) e involucrar a otras dependencias del Estado que tienen competencia para ofrecer una solución a cientos de familias que ocupan terrenos a lo largo de más de 800 kilómetros de vía férrea en el país.

“En algunas comunidades, nos han recibido con beneplácito”, aseguró el abogado.

En el caso de Ferrovías, Ulloa Rosenberg, administrador Único y Representante Legal se ha negado a dar declaraciones a la prensa y a los diputados de oposición que han cuestionado este contrato a lo largo de este proceso, bajo el argumento de que se trata de un negocio entre privados.

CUX CUESTIONA CAPACIDAD DE REMED

Por su parte, Eddie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, opina que pareciera ser el modus operandi de empresas como Remed que no cuentan con una capacidad instalada para operar un proyecto de esta magnitud.

“A mi parecer es una simulación de contrato para justificar adrede y con intencionalidad para agenciarse de recursos públicos a través de una estructura. Resulta ser un artificio bajo, incluso para evadir los controles del mismo Estado y a nivel internacional configuraría actos de gran corrupción y de fraude para el Estado de Guatemala”, explicó.

Eddie Cux, director de la organización Acción Ciudadana se refirió al tema. Foto La Hora

UNA ESPINA PARA EL ESTADO

El diputado Ponce considera que el contrato de Ferrovías con la empresa mexicana Remed, cuyas acciones mayoritarias pertenecen al Estado de Guatemala tiene muchos vacíos e inconsistencias legales.

“Es un contrato perverso con una serie de características: primero, ocurre una concesión sobre otra concesión, lo que violenta las leyes del país. En este segundo contrato, se vuelve a endosar la responsabilidad al Estado de Guatemala para atender a las comunidades que invaden los terrenos de Fegua”, expone.

Para Ponce, esto significa que en este nuevo contrato, el Estado debe tener dinero, presupuesto y proyectos para resarcir a decenas de familias que invaden estos terrenos y poder trasladarlas a otros puntos.

Foto: La Hora

“Esto representa una espina en el pie del Estado porque de acuerdo con el análisis sobre el presupuesto para este resarcimiento, es que no hay dinero, como tampoco plan para la búsqueda de tierras o fincas para resarcir, por lo que “será imposible que el Estado cumpla con este compromiso”, agregó el legislador.

Lo anterior implicaría un incumplimiento de contrato por parte del Estado, y otra vez empresas extranjeras que respaldan a Remed puedan volver a presentar las denuncias internacionales con miras a ganar un litigio, equivalente a US$15 a US$20 millones.

EL PROYECTO FERROVIARIO

• El contrato entre Ferrovías de Guatemala S.A. y la empresa mexicana Remed, S.A. fue aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ferrovías el 12 de enero de este año y firmado dos días después. Con este se otorgó el derecho de rehabilitación, uso y operación de una primera etapa, División Pacífico, consistente en 235 kilómetros de vía férrea para prestar el servicio de transporte de carga, pasajeros y turismo de la frontera Tecún Umán, San Marcos con Puerto Quetzal, Escuintla. A este se añade un tramo de 30 kilómetros de Retalhuleu a Puerto Champerico, de acuerdo con las bases de licitación FV-LS-02-2021.

• Desde el 3 de marzo de 2021 ambas empresas firmaron un contrato de confidencialidad para formalizar el interés en recibir información comercial, financiera, técnica y de inversión. En octubre se suscribió una carta de entendimiento para establecer bases de trabajo conjuntas, según la minuta del contrato.

• El Estado de Guatemala es propietario de más del 80% de las acciones de Ferrovías, S.A.

• Remed se comprometió a invertir US$700 millones para el desarrollo y ejecución del proyecto, para un periodo de 26 años. El precio del arrendamiento que la cuestionada empresa mexicana deberá pagar a Ferrovías es un porcentaje mensual de 4.5% sobre los ingresos brutos derivados de la explotación comercial, según la minuta de este contrato, según publicó La Hora.

 

¿QUÉ ES UN OCURSO?

• Es una figura legal creada para resguardar la seguridad registral del derecho de propiedad privada. A través de este medio, los particulares pueden controlar los actos administrativos del Registrador General de la Propiedad en los cuales ha actuado con exceso de poder, actitud arbitraria o sin fundamento legal, de acuerdo con la tesis en Ciencias Jurídicas y Sociales de Diana Isabel Pacay, de Universidad Rafael Landívar.

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