La Junta Directiva 2021-2023 del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala (CIAG) denunció la pérdida de Q16,037,579.67 invertidos en febrero de 2019 en la Financiera de Occidente, S.A. (FIDOSA), debido a la quiebra de esta entidad.
Los informes financieros presentados en forma oficial a los profesionales de este colegio dan cuenta de una inversión por Q29.9 millones, con las consecuentes pérdidas, informó en un comunicado.
Una inversión que se hizo a pesar de que los reportes de la Superintendencia de Bancos (SIB) daban cuenta de que FIDOSA venía en declive, unido a que la entonces presidenta de la Junta Directiva del CIAG lanzó la alerta para no colocar los fondos en esta financiera, la que efectivamente quebró en diciembre de 2019.
En el mismo comunicado, el CIAG informa sobre una serie de inversiones financieras en varios bancos del sistema. Para evitar más pérdidas, la Directiva informó que han retirado Q6.6 millones del sistema bancario, pero que aún se encuentran disponibles Q7.2 millones. Esto con el afán de proteger a los asociados de su plan de prestaciones.
Claudia Barillas, presidenta de la Junta Directiva del CIAG manifestó su preocupación por la pérdida de esta cantidad millonaria. “Significa que cada agremiado perdió el 12% de su plan de prestaciones”, afirmó.
“Es inaceptable, se trata de una pérdida millonaria en menos de 10 meses y nos tardamos hasta 15 meses en darnos cuenta. No somos una entidad bancaria, somos un gremio con proyección social y de protección”, añade la profesional, quien comenta que este plan de prestaciones contempla auxilio póstumo, sepelio, enfermedad, invalidez, plan de retiro después de los 65 años, viudez, orfandad y la facilidad de dos fideicomisos para obtener mejores tasas de crédito.
DESORDEN FINANCIERO
El principal ingreso económico de los 14 colegios profesionales de Guatemala proviene del Timbre Profesional. Este tiene por objetivo nutrir de fondos para los planes de prestaciones de sus agremiados.
El CIAG está integrado a la fecha por unos 9 mil profesionales, de los cuales alrededor de 5 mil están activos con el pago de cuotas. La recién electa Junta Directiva de este año, al tomar posesión hizo una revisión de las finanzas para destapar el mal manejo de los fondos de este patrimonio que se ha venido haciendo desde hace unos ocho años.
“Encontramos hasta 62 cuentas abiertas en distintos bancos; misteriosas renovaciones de Plazos Fijos con una tasa de interés de 9% que se reduce a 4%, todo esto sin informar”, comentó la presidenta de la JD.
Barillas indicó que en 2019 los agremiados disponían de un fondo estimado de Q200 millones. Este se ha ido diluyendo poco a poco hasta la suma actual que es de Q140 millones. ¿A dónde se fue el dinero?
“Para cualquier sinvergüenza que llega a estos cargos, son sumas tentadoras”, comenta el arquitecto José María Magaña, presidente del Colegio de Profesionales. Recuerda que en el Colegio de Arquitectos también se perdió una suma importante por una mala inversión.
Aunque no es una situación nueva, sí es la primera vez que el Colegio de Agrónomos la hace del conocimiento público, hecho que además atribuye a la incursión de redes de corrupción dentro del gremio.
VOTO CAUTIVO
Las subsedes académicas en los distintos departamentos de la Universidad de San Carlos es en donde comienzan a tejerse estas redes, que cumplen con el objetivo de captar votos “cautivos”, situación que alcanza no solo al gremio de agrónomos, sino de varios colegios profesionales. Son cuatro los más importantes: Humanidades, Derecho, Agronomía y Medicina, según la fuente.
Los representantes de estas subsedes son electos por agremiados locales, que les permiten vincularse con los colegios profesionales departamentales. De esta forma organizan pequeños feudos que les permiten ampliar redes de saqueo y compra de voluntades que van creciendo para captar votos en elecciones clave donde participa la USAC: Consejo Superior Universitario, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras, puesto para ocupar dichos cargos se necesita del voto profesional, docente y del estudiante, explica un agremiado que pide no ser citado.
En el caso del Colegio de Agrónomos el problema comenzó en la subsede de Zacapa, luego se replicó en las de Izabal, Mazatenango, Retalhuleu y Quetzaltenango. Esto también se entreteje con algunas dependencias del Gobierno central, como el Registro de Información Catastral (RIC) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), a través de sus respectivos directores, explicó.
RUTA JURÍDICA
Acerca de las acciones a tomar para encontrar responsables de este hecho, Barillas comentó que se tiene una ruta jurídica que van a someter, primero a los órganos del colegio: Junta Directiva, Tribunal de Honor, Tribunal Electoral y Honorable Asamblea. “Una vez aprobada esta ruta, procederemos con las denuncias. Corresponde a los órganos jurisdiccionales definir si hay actos de corrupción vinculados”.
Sobre los señalados, indicó que no puedo categorizar, pero sí afirmar que la primera responsabilidad de una Junta Directiva es velar por los intereses y patrimonio del colegio.
“Todos somos responsables de perder Q16 millones. Tanto los activos sometidos, como los que no participan”, concluye Barillas.
