A sus 43 años, José Morales Poncio comenzó a notar que su salud empezaba a decaer, se sentía sin fuerzas y sin apetito, “caminaba por mis surcos y se me bajaban los brazos. Controlé que estaba enfermo”, expresa. El diagnóstico, un año atrás, fue contundente: Enfermedad Renal Crónica No Tradicional, también conocida como Nefropatía Mesoamericana.

No es para menos, durante 19 años trabajó como cortador de caña de azúcar en los ingenios Magdalena, La Unión y San Diego en extenuantes jornadas que iniciaban a las 7 de la mañana y en algunos casos, se extendía hasta las 2 de la madrugada. La zafra abarca un periodo de seis meses, en jornadas que van de lunes a domingo.

El intenso trabajo físico a temperaturas promedio de 39 grados centígrados bajo el sol, tenía algunas maneras de controlarse: alrededor de 10 pastillas diarias de Tramadol, Tramal (long) y Sinsueño, acompañadas de un Raptor. “La paga estaba bien, pero era matador, uno por necesidad lucha”, explica Morales vía telefónica desde una silla de ruedas, en una de las tres visitas semanales que ahora tiene en la sede de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) de Escuintla para recibir el tratamiento de hemodiálisis. El tono oscuro de su piel, el bajo peso, los dolores y el bastón, denotan el deterioro de su salud.

La enfermedad renal crónica no tradicional (ERCnT) no es algo nuevo, se empezó a documentar hace medio siglo, sin embargo, es una de las variables que tiende a aumentar y recibe escasa atención preventiva. Se le llama así porque no está asociada con las causas tradicionales como la diabetes o hipertensión, tiene pocas manifestaciones clínicas, y sus causas todavía son sujeto de investigación, aunque tiene denominadores comunes, como su frecuencia en la costa pacífica de Centroamérica y el sur de México, en trabajadores agrícolas dedicados a monocultivos.

EN DATOS

El Registro Guatemalteco de Diálisis y Trasplante Renal (RGDTR) de Guatemala recoge datos a nivel nacional. En este se consigna que en el 2020 se tuvo una tasa de incidencia (nuevos casos) de 166 casos por millón de habitantes, y una tasa de prevalencia (todos los casos) de 782 por millón de habitantes. Esta base de datos comenzó a tabularse en 2019, por lo que la nueva herramienta muestra un subregistro, aclara la epidemióloga Berta Sam-Colop, del Ministerio de Salud Pública (MSPAS).

En cifras redondas, se han identificado un total de 697 casos de pacientes con ERCnT en el sistema de salud. (Solo el año pasado fueron 546) cifra que representa el 14% de los pacientes renales crónicos. El perfil de la mayoría de las pacientes corresponde al sexo masculino, en rangos de edad de 20 a 59 años, trabajadores de ocupaciones “elementales”, según este Registro, en situación de pobreza a pobreza extrema, ubicados en la costa del Pacífico.

La enfermedad renal crónica (ERC) es una epidemia mundial. En este escenario, Guatemala es el país con una alta tasa de incidencia y prevalencia en América Latina, de acuerdo con datos de la epidemióloga Sam-Colop, quien también forma parte de la Comisión Técnica de este Registro, integrada por especialistas de unas siete instituciones del sector público: Epidemiología del MSPAS, UNAERC, Fundanier, IGSS, Departamento de Toxicología de USAC, Asociación Guatemalteca de Nefrología (AGN) y el Programa de Salud y Trabajo en CA (SALTRA).

TRABAJO ARDUO BAJO EL SOL, UNA MALA COMBINACIÓN

Los primeros reportes de enfermedad renal no tradicional (ERCnT) comenzaron en 1970, de acuerdo con la nefróloga Karen Anleu de UNAERC. El especialista Julio Boj, de la misma entidad, comenta que se han incrementado los casos, aunque en esta entidad las estadísticas solo reflejan el tipo de tratamiento, no la causa.

Explica que este mal tiene características peculiares y múltiples teorías. Para empezar, malas condiciones basales de la persona como desnutrición crónica y bajo peso al nacer, a esto añade las jornadas extenuantes de trabajo bajo altas temperaturas ambientales, lo que conlleva a una deshidratación. Este conjunto de factores genera “choques de calor” o estrés térmico, que no puede disiparse y provoca lesiones musculares y daño renal agudo.

A esto se suman las malas prácticas del trabajador. Suelen tomar aguas gaseosas ricas en azúcar, o bebidas energizantes que solo provocan más daño, así como el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos sin receta. Otros factores de investigación son el contacto con herbicidas tóxicos como glifosato y metales pesados en el agua.

Sobre este tipo de pacientes, el epidemiólogo Joaquín Barnoya añade que el tabaco es un factor de alto riesgo, pues encontró que hasta el 30% de los cortadores de caña fumaba. Por su parte, el médico Alfonso Mata notó, hace muchos años, una alta prevalencia de pacientes con enfermedades de transmisión sexual. “Hace falta más investigación”, coinciden.

Una de las mayores dificultades, explica Boj, es la consulta tardía y recibir un diagnóstico equivocado. Muchos están enfermos sin saberlo, pues físicamente se ven bien, siguen trabajando, mientras que los síntomas avanzan. Se dan cuenta cuando la función renal cae por debajo de un 20%. Empiezan con anemia y cansancio, no presentan edema o hinchazón, se eleva el ácido úrico y el potasio disminuye.

Barnoya ha realizado dos estudios científicos sobre enfermedad renal. El primero en 2016, lo considera sesgado pues la base de datos se hizo a partir de pacientes, no de población en general.

Prefiere enfatizar en su investigación colaborativa más reciente en enero de 2021, con base a dos poblaciones de muestra: Tecpán y San Antonio Suchitepéquez, donde encontró un alto subregistro de personas con alta prevalencia de diabetes e hipertensión. “El país está inundado de alimentos chatarra, azucarados y la disponibilidad de comida saludable es reducida. De esa cuenta, tenemos muchas personas mal nutridas y con obesidad”, expone.

CONDICIONES LABORALES

Gerardo Arroyo es químico biólogo y el actual coordinador de la Comisión Multisectorial para el manejo de la ERCnT. El grupo lo integran: MSPAS, IGSS, UNAERC, Fundanier, USAC, el Ministerio de Trabajo y ASAZGUA, que se encargan de velar por esta problemática.

En un foro virtual con UNAERC, relató el impacto social de este complejo mal, sin embargo, admitió que en 2020 hubo un abandono de los miembros de esta comisión por el Covid-19.

Reconoció que los empleadores han buscado conciliar las condiciones laborales. “Se visitó uno de estos ingenios para observar el trato con los cortadores de caña. Les distribuyen agua fresca, bebida hidratante, les dan un descanso de 15 minutos cada hora.

El problema son los cultivadores de caña no asociados o proveedores, quienes trabajan a destajo, y pagan por tonelada métrica, lo cual resulta un “desastre” y complica las condiciones de trabajo.

Arroyo conoce el medio, asegura que en materia de prevención es difícil pedirles a los empleados que cuiden su salud. “He visto cuadrillas de hasta 400 trabajadores contratados que vienen de Baja Verapaz, los trasladan en camiones para la zafra completa. Cuando les dan pagan, lo primero que hacen es irse al pueblo a tomar licor y gastarse el salario”.

Por lo anterior, resulta difícil pedirles a los trabajadores que se hagan un chequeo médico. Sugiere fortalecer la legislación en dos medidas: los empleadores de monocultivos deberían de hacer un tamizaje de creatinina como chequeo previo. “Los sellos verdes de estos productos toman en cuenta las condiciones laborales. Otra medida sería legislar los horarios para que los cortadores suspenden labores durante las horas más calurosas”, reflexiona Arroyo.

Oscar Estuardo Poroj tiene 23 años y se dedica a la ganadería en su natal San José El Ídolo, Suchitepéquez. Foto La Hora/Cortesía

En el Centro de Salud de Santa Lucía Cotzumalguapa, la trabajadora social Isabel Grijalba estima que cada día acuden a consulta unos 150 pacientes, de los cuales unos 10 presentan síntomas de enfermedad renal. “En estos casos, no se tiene capacidad más que darles sueros de rehidratación oral y pruebas básicas de laboratorio. Por eso, cuando necesitan pruebas especializadas los refieren a un laboratorio privado donde se les aplica un descuento”, explica.

ASAZGUA: CUMPLIMOS CON NORMATIVA LABORAL

En la agroindustria azucarera se cumple con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (AG 229-2014), razón por la cual desde hace más de 12 años cuando se empezó a conocer del incremento de casos de ERCnT, investigamos y documentamos sobre esta patología, informó la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

Todos los ingenios han adoptado la política laboral y ambiental gremial que se desarrollan por medio del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, con el fin de controlar el riesgo e identificar cualquier tarea que pueda ser objeto de dicha vigilancia. Las principales normas para los trabajadores incluyen: protocolos de salud para la contratación laboral, mantener suministro permanente de agua potable, garantizar suministro permanente de electrolitos para prevenir la deshidratación, periodos de trabajo/descansos controlados durante la jornada; descanso bajo la sombra, calistenia previo al inicio de labores, suministro de alimentación balanceada, información continua sobre prácticas saludables y prevención de ERC, de no automedicación y uso de agroquímicos autorizados por la FDA.

“Estamos convencidos de que la armonía entre empresa, colaboradores, familia y comunidad es el factor que garantiza el bienestar social y el crecimiento económico de todos los involucrados”, expresó ASAZGUA.

PREVENCIÓN SOCIAL

Oscar Estuardo Poroj tiene 23 años y se dedica a la ganadería en su natal San José El Ídolo, Suchitepéquez. Hace más de un año le diagnosticaron ERNnT. Los primeros síntomas que se presentaron fueron el cuerpo hinchado y palidez. El trabajo por largas horas bajo altas temperaturas en el sol y sin tomar suficiente agua, terminaron por dañar sus riñones.

A Poroj también le gustaba jugar fútbol. Pero admite que cometía un grave error. Interpretaba que hidratarse durante el partido era como no ser lo suficiente estricto o “macho” consigo mismo.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) comparte el reporte final de dos años: 23,852 pacientes con diagnóstico de ERC de 2018 a 2019. En 2018 sumaron 14,797 casos. En 2019, hasta 18,880 pacientes.

A Poroj también le gustaba jugar fútbol, pero cometía el error de no hidratarse adecuadamente. Foto La Hora/Cortesía

Desde la visión de la protección social y preventiva, el economista Edgar Balsells, miembro de la Junta Directiva del IGSS, hizo un estudio de la ERCnT. Presenta una perspectiva económica de costos y previsión en la seguridad social, en busca del ahorro de prestaciones monetarias en casos de discapacidad de los trabajadores agrícolas estacionales. “La enfermedad se encuentra en ascenso y amerita políticas de salud curativa y preventiva para impedir la discapacidad de trabajadores muy jóvenes, quienes por una resolución especial de la Junta Directiva del IGSS son cubiertos”, expone.

Señala además el diseño de procesos de trabajo conjunto entre sector público, empresas y programas de RSE para la contención de esta epidemia.

PREVENCIÓN PARA LOS MÁS VULNERABLES

En general, la ERC es un mal degenerativo e irreversible que afecta al paciente y su entorno familiar en ámbitos médico, social, psicológico y económico. Sus complicaciones pueden llevar hasta la muerte del paciente, siendo la tasa de letalidad de hasta el 54%, según Sam-Colop.

Debido a los altos indicadores en el país que demandan tratamientos de alto costo, el abordaje integral de la enfermedad, políticas de prevención, identificación oportuna y tratamiento. Una de estas, la legislación específica para proteger a la población más vulnerable.

José Morales Poncio comenzó a notar que su salud empezaba a decaer, ahora se encuentra en silla de Ruedas. Foto La Hora/Cortesía

Sam-Colop enfatiza que el Legislativo retome la revisión y aprobación de las enmiendas a la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos (Iniciativa 4712), la cual salvaría vidas y ahorraría recursos para tratar a más pacientes.

Alfonso Mata considera que no hay suficientes ni adecuados estudios nacionales, lo cual debería de ser una preocupación del Estado, de la iniciativa privada y del IGSS por el alto costo médico, de bienestar y económico que representa la enfermedad. “Dada la falta de información real sobre la etiología de la enfermedad, indudablemente multicausal, debería solicitarse a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un estudio a solicitud de los gobiernos centroamericanos”, observa.

Luego del diagnóstico, Poroj no aceptaba la enfermedad. Ahora acude resignado a su tratamiento tres veces por semana. “Solo le pido a Dios la fuerza para seguir adelante”, dice, mientras sigue con sus labores.

Para Morales Poncio atrás quedaron los días alegres. Recuerda que aguantaba ese ritmo porque se enamoró del trabajo y de la buena paga. Tiene siete hijos, ahora su esposa pide colaboración con los vecinos para el sustento diario. El menor de 6 años le pregunta qué le sucede, pero no entiende. “Veo mal mi futuro, seño”, se lamenta.

A Poroj le cuesta aceptar su nueva realidad en la cual debe acudir a tratamientos. Foto La Hora/Cortesía