El secretario del partido Podemos, Ronald Sierra, informó por medio de un comunicado que como agrupación desistieron de continuar apoyando la acción de amparo resuelta por la Corte de Constitucionalidad. Foto: La Hora / Archivo

El secretario del partido Podemos, Ronald Sierra, informó por medio de un comunicado que como agrupación desistieron de continuar apoyando la acción de amparo resuelta por la Corte de Constitucionalidad (CC) la noche del 1 de julio y exigió a las autoridades que se respete la voluntad popular expresada a través del voto.

“Desistimos de continuar apoyando la acción de amparo resuelta el día de ayer por la Corte de Constitucionalidad, y reiteramos la exigencia a las autoridades electorales y del sistema de justicia que se respete la voluntad popular expresada en las urnas con su voto”, se lee en el pronunciamiento.

 

MOTIVO DE LA ACCIÓN LEGAL

Según indicó, la referida acción legal solicita la revisión para la verificación de datos para las alcaldías de la Ciudad de Guatemala y en todo el país donde participaron.

Esto, porque, a criterio de la agrupación existen distritos y municipios en los que las diferencias son tan pequeñas, que se amerita una revisión exhaustiva para “respetar la voluntad de los electores”.

Sin embargo, Sierra afirmó que el partido no apoya lo que se “está tramando” a espaldas del pueblo de Guatemala, ya que lo que busca el partido oficial es alterar los resultados para su “propio beneficio y perpetuarse en el poder para seguir viviendo de la corrupción y principalmente mantener su impunidad”.

En ese contexto, señaló que el binomio presidencial del partido Podemos fue excluido de este proceso electoral, “por intereses perversos del Gobierno, de otros partidos, y de empresarios que buscan mantener sus privilegios extractivos y corruptos”.

CC OTORGA AMPARO PROVISIONAL

La CC informó que el pleno de magistrados del Tribunal Constitucional, tras analizar el amparo solicitado por nueve agrupaciones políticas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado.

El amparo fue promovido por secretarios generales, las organizaciones políticas, CAMBIO, MI FAMILIA, VALOR, PODEMOS, VAMOS, CREO, UNE, CABAL y AZUL en contra del TSE por considerar que existe un “riesgo y amenaza inminente” de que se realice adjudicación de cargos a elección popular.

Podemos hablo de un fraude y se unió a solicitud del resto de partidos

Un video compartido por Roberto Arzú, excandidato a la presidencia por el partido Podemos se señala que se cometió un fraude por parte de Ricardo Quiñónez, actual alcalde de la ciudad de Guatemala, en el que también indican que hay “cientos de actas en donde se testa el resultado inicial y se colocan nuevos a favor de Quiñónez, así como anomalías durante el conteo de votos”.

Asimismo, en un comunicado emitido el 28 de junio del 2023, Sebastián Arzú, candidato a alcalde del partido Podemos, aseguró que se unía al clamor de los ciudadanos de “exigir un reconteo público de los votos para la alcaldía de la ciudad de Guatemala”.

En el que además agregó el candidato también a la alcaldía, que “los informes y testimonio recibidos indican que se han presentado irregularidades en el proceso de conteo de votos en diversos centros de votación en nuestra ciudad”.

Posteriormente, el partido Podemos se unió al amparo promovido por 9 partidos políticos en contra del Tribunal Supremo Electoral, que derivó en que la Corte de Constitucionalidad suspendiera la adjudicación de cargos y solicitara el cotejo de actas.

Además, figuran en el comunicado de prensa emitido por 14 partidos políticos y que fue difundido por el partido VAMOS y Valor en el que expresaron que “se había integrado un bloque técnico-jurídico con representación de todos los partidos políticos con el propósito de demostrar la grave situación que puso en riesgo el proceso electoral”.

Por lo que pidieron que se llegara a la última instancia para determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de la supuesta intención de realizar un fraude en las elecciones.

 

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