La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, confirmó que fue aceptada la renuncia del director del Voto en el Extranjero, Hugo Valdemar Mérida.
Según indicó la titular del órgano electoral, hace aproximadamente 10 días Mérida presentó su dimisión.
De esa cuenta, no se nombró a un sustituto, sino a coordinadores por cada circunscripción y por cada centro de votación, para que se lleve a cabo el proceso electoral en el extranjero.
Asimismo, Palencia informó que dentro de dos semanas se terminará la juramentación total de las 15 ciudades donde se instalarán los centros de votación para que se complemente toda la logística.
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CONTRATACIÓN DE MÉRIDA
La contratación de Mérida causó el pronunciamiento de migrantes guatemaltecos, debido a que ocuparía el referido puesto hasta el 30 de noviembre de este año, y su remuneración sería de Q15 mil mensuales.
Su contrato fue justificado para ejercer una función “para el fortalecimiento y enlace con la Junta Electoral de Voto en el Extranjero”, se lee en el acuerdo 134-2023 del TSE.
Mérida presidió la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (Conguate) de 2018 a 2020, sucediendo en el puesto al diputado Carlos Roberto Calderón, de la bancada VAMOS, quien fue presidente de la organización hasta mayo de 2018.
Según el migrante, el legislador no influenció en su designación y aseguró que aceptó el puesto para colaborar con el proceso electoral de EE. UU., pero que no necesita que le paguen por ello.
HABLA SOBRE SU EXPERIENCIA
En la nota “Vinculado a diputado Calderón es contratado para el voto en el extranjero”, Mérida aseguró que posee la experiencia necesaria para realizar las coordinaciones que exige su contrato ya que tiene más de 40 años trabajando con migrantes.
Declaró que fueron los magistrados quienes lo buscaron para pedirle su apoyo. “Me contactaron dos o tres de ellos, que son magistrados. Me pidieron que los apoyara, pero yo tenía un contrato con el Minex que no estaba muy satisfecho, porque era muy restringido para mí”.
Indicó que él no deseaba cobrar por sus servicios. Sin embargo, el TSE insistió. Detalló que el contrato con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) era por US$5 mil, también que tuvo un contrato en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) por asesoría en la política pública de migración hace cuatro años, por US$4 mil durante ocho meses.
