La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch (HRW) compartieron las conclusiones preliminares de su visita en Guatemala de cara a las elecciones generales, en las cuales se refirieron que sin la separación de los poderes, no hay democracia.
La presidenta de WOLA, Carolina Jiménez, expresó que hay preocupación por parte de la comunidad internacional, ya que se ha agudizado la persecución en contra de la prensa independiente, los defensores de los derechos humanos y de los grupos de oenegés que luchan a favor de la justicia de las víctimas de graves violaciones.
“Creemos que el sistema de justicia guatemalteca se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan, a quienes promueven la libertad de expresión, los derechos humanos, que son voces disidentes. Sin separación de poderes, no hay democracia”, señaló.
En ese sentido, Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW, se refirió: “Cuando se destruye la separación de poderes se pone en riesgo no solo el derecho de los periodistas o de la sociedad civil, sino que se ponen en riesgo todos los derechos de la Constitución Política de Guatemala, se pone en riesgo también la seguridad jurídica y las posibilidades de desarrollo para Guatemala”.
PRELIMINARES DEL PROCESO ELECTORAL
En ese sentido, Jiménez indicó que las elecciones en un país son una oportunidad de renovar el liderazgo para que las personas puedan salir a ejercer un derecho fundamental como lo es el voto.
Por ello, explicó que en las elecciones tienen que existir dos principios básicos, el primero la posibilidad o el respeto a ser elegidos y el segundo es la posibilidad de elegir.
“En el transcurso del proceso preelectoral se han hecho uso de criterios diferenciados para inscribir a candidatos que han fulminado en la exclusión de algunos de ellos, es decir, se ha cercenado su derecho a participar libremente en una elección”, señaló.
Por lo anterior, Jiménez informó que las preocupaciones fueron comunicadas al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Para que la elección tenga las características de libre e independiente, este tipo de acciones que limitan una parte fundamental como poder ser elegido tiene que ser respetado en toda su amplitud y no con criterios que diferencian con algunos candidatos”, enfatizó.
CASO DE LAPARRA Y ZAMORA
Respecto a los casos de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra y el presidente de elPeriódico José Rubén Zamora, quienes guardan prisión, Jiménez expresó que les preocupa que en Guatemala no se permite el derecho a ejercer la defensa.
“El caso de Virginia Laparra es verdaderamente alarmante, una persona perseguida por el ejercicio independiente de su función como fiscal y el caso del periodista José Rubén Zamora es una de las principales ilustraciones de que la cooptación del sistema de justicia tiene consecuencias graves para la libertad de expresión”, señaló.
En ese contexto, Jiménez afirmó: “Liberen a Virginia Laparra, quienes toman esas decisiones tienen en sus manos la posibilidad de hacer una diferencia, liberen a José Rubén Zamora, estos son casos que preocupan inmensamente a la comunidad internacional, ningún gobierno quiere pasar a la historia como el gobierno que puso fiscales y periodistas en las cárceles de forma arbitraria”.
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SOBRE LA SITUACIÓN DE DD.HH. EN GT
Pappier aseguró que la comunidad internacional y el sector privado de Guatemala tiene un rol crucial que cumplir para proteger, preservar “lo poco de democracia que le queda al país”.
Mencionó que se reunieron con diferentes actores durante esta semana en donde los empresarios y empresarias demostraron su preocupación por la situación del país.
“Si creemos que hoy en Guatemala hay un proyecto autoritario que va en camino a destruir la democracia del país y en ese contexto el sector privado tiene un rol crucial que cumplir y está en su interés preservar los derechos de la Constitución Política y para que haya seguridad jurídica”, indicó.
RESPUESTA QUE DEBERÍA EFECTUAR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Respecto a las acciones de la comunidad internacional, Pappier expresó que es crucial que haya una observación electoral que no se limite únicamente al día de la elección.
“Hemos pedido públicamente que los observadores electorales lleguen lo antes posible al país y que puedan hacer un análisis exhaustivo de las condiciones electorales, incluyendo el material de no registro o exclusión de candidatos, para analizar si esas decisiones son justas, compatibles con los estándares internacionales en material electoral y de derechos humanos”, explicó.
Asimismo, solicitaron que “ponga el ojo” al financiamiento electoral, ya que es el origen de la corrupción en el país, ”creemos que la comunidad tiene un rol crucial que cumplir, tiene que hablar claro y pedir públicamente que haya elecciones justas y libres en Guatemala, esa es la forma que los guatemaltecos puedan ejercer su soberanía eligiendo de forma justa y libre quiénes van a ser sus próximas autoridades”, añadió.
