Luego de 18 meses desde que se solicitó la interpelación del titular del Ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, el diputado Edwin Lux retiró la solicitud.
Según dio a conocer a la Junta Directiva durante los meses que estuvo vigente la interpelación «los diputados del Congreso sistemáticamente han protegido al Ministro, ya que por 18 meses han bloqueado el proceso de interpelación al no asistir y a desmarcarse para que no exista el quórum suficiente», expuso.
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Por lo anterior, mencionó tres aspectos por los cuales, a su criterio no avanzaron los cuestionamientos planteados:
1. Existe una estrategia sistemática de protección para el ministro y el grupo de poder que lo mantiene en el cargo por parte de una «amplia mayoría de diputados».
2. El escaso interés de los diputados que sin discutir la problemática real que viven el país les han dado la espalda a sus electores.
3. Los escasos recursos normativos para obligar a los diputados para asistir al pleno y cumplir dignamente con las funciones al cargo para el cual fueron electos.
INTERPELACIÓN SIN AVANCE
De acuerdo con un informe de Congreso Eficiente, la interpelación de Pimentel inició el 31 de agosto del 2021 y durante ese año se conoció en ocho sesiones.
En el 2022, solo se conoció en dos de las reuniones, la última se efectuó el 20 de enero de ese mismo año, en el cual avanzaron hasta la pregunta nueve de las 20 que presentaron los diputados.
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¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA INTERPELACIÓN?
Según indica el artículo 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, los diputados tienen el derecho de interpelar a los ministros de Estado o a los viceministros en funciones de ministro y éstos tienen la obligación ineludible de presentarse al Congreso a fin de responder las interpelaciones que se les formulen.
Por ello, las interpelaciones podrán hacerse por uno o más congresistas y es obligación personal de los funcionarios responder a ellas, pues no puede delegarse en viceministros ni en ningún otro de su dependencia.
“No hay asunto del ámbito de un Ministerio que no puedan los diputados investigar mediante la interpelación. Ni el Pleno del Congreso, ni autoridad alguna, puede limitar a los Diputados el derecho de interpelar ni tampoco calificar las preguntas o restringirlas”, señala la Ley.
