Manuel Conde, refutó ese pronunciamiento y pidió que la referida nación no intervenga en asuntos internos. Foto La Hora/Redes Sociales

La Embajada de Suecia en Guatemala manifestó su respaldo a la postura de la Unión Europea (UE) con relación a la preocupación de esta región por el fallo condenatorio emitido en el país en contra de la extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra. Ante eso, el diputado y posible candidato a la presidencia por el oficialismo, Manuel Conde, refutó ese pronunciamiento y pidió que la referida nación no intervenga en asuntos internos.

En la cuenta oficial de Twitter de la sede diplomática sueca se lee: “La sentencia de la ex fiscal de la FECI, Virginia Laparra, es profundamente preocupante en medio del deterioro del Estado de derecho, intimidación continua, acciones legales contra jueces, abogados y fiscales independientes. Se debe salvaguardar la seguridad de los detenidos”.

 

Peter Stano, vocero principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, es el autor del referido mensaje, el cual fue transcrito por la Embajada de Suecia.

El legislador ha manifestado su relación con el gobierno de Alejandro Giammattei y el partido oficial, Vamos, agrupación por la que competiría por la Presidencia en las elecciones generales de 2023.

CONDE INTERVIENE

El pronunciamiento de Conde quedó plasmado en su cuenta oficial de la referida red social.

De esa cuenta, el congresista dijo que dicho país no debe intervenir en los asuntos de Guatemala, principio que se encuentra en la Convención de Viena. También dijo que hará de conocimiento del Congreso de Suecia.

“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, recuerdo a la Embajada de Suecia que no debe de intervenir en asuntos internos de nuestro país, lo establece la Convención de Viena. Su acción será del conocimiento del Congreso de su país”, se lee en la referida plataforma.

POSTURA DE LA UNIÓN EUROPEA

Stano expresó su preocupación respecto a la sentencia que fue impuesta en contra de Laparra, quien fue sancionada con una pena de prisión de 4 años conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

La condena derivó de cuatro denuncias que la exfiscal presentó en contra de Lesther Castellanos, exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y relator contra la Tortura en Guatemala, quien habría trasladado información de un caso bajo reserva a uno de sus amigos, quien figuraba como parte interesada en el referido proceso.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal estableció que la exfiscal no tenía la facultad de denunciar a Castellanos, y que la acción se repitió en varias ocasiones.

 

EE. UU. Y AI

El pasado viernes 16 de diciembre, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, externó su preocupación por la sentencia que fue impuesta a la exfiscal.

Destacó que la condena se deriva del trabajo desarrollado por la Laparra y aseguró que el enjuiciamiento selectivo de operadores de justicia y medios de comunicación socava el Estado de derecho, así como la democracia y la prosperidad en Guatemala.

Asimismo, la directora de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, expresó que la resolución es un ejemplo de criminalización contra los operadores de justicia en Guatemala.

 

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