En condiciones normales, cualquier fallo judicial genera reacciones encontradas porque es aplaudido y repudiado, dependiendo de qué lado se encuentra quien manifiesta sus emociones o sentimientos. Siempre ha sido así porque en todo proceso penal hay dos partes, una que acusa mientras otra se defiende y, por ello, las resoluciones que emiten los juzgadores son del agrado de unos y molestan a otros, pero así es y ha sido siempre, pues la justicia no está allí para quedar bien con nadie sino para la correcta aplicación de la ley.
En Guatemala, sin embargo, se dan ciertas condiciones que enredan y complican más la cosa. Por un lado, está la sociedad altamente polarizada por cuestiones supuestamente ideológicas, aunque los radicales que pelean por ellas no entiendan ni jota de ideologías, pero también está el tema de la inexistencia de un verdadero sistema de justicia pues, para empezar, tenemos Cortes cuyo mandato venció hace más de tres años y siguen operando inmoral e ilícitamente, a pesar de que fueron integradas de manera espuria con el manejo de las comisiones paralelas.
Además, no se puede ignorar la persecución desatada contra los juzgadores que no eran del agrado de los fiscales y de los magistrados, pues emitían fallos no alineados con la tendencia de garantizar impunidad a los corruptos. Muchos jueces renunciaron y algunos hasta se fueron al exilio por el acoso generado por su independencia en el ejercicio de las funciones correspondientes.
Señalar la captura del sistema de justicia es indispensable para entender por qué local e internacionalmente hay tanto cuestionamiento a fallos judiciales en casos tan sonados como La Línea o el de la exfiscal Virginia Laparra. Cuando se eligió a los actuales magistrados, incluyendo a los de la Corte Suprema que controlan todo el aparato de justicia, hubo una componenda entre dos figuras que hoy son estelares porque, de vuelta a la Patria tras varios años de ausencia, son quienes cuestionan a los fiscales y jueces que abrieron los casos en su contra por corrupción. Sinibaldi y Baldizón fueron quienes pactaron para decidir la conformación de las Salas y la CSJ y todo esto es el fruto de ese pacto.
Si en todo proceso hay dos partes y la opinión pública tiende a inclinarse por una o por otra, en Guatemala el problema está en que no se trata de verdaderos procesos porque para ello debe existir, sin duda alguna, un legítimo Estado de Derecho donde los juzgadores únicamente toman en cuenta pruebas y leyes, cosa que aquí pasó a la historia.
