Mercedes Barrios del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, expresó que esa entidad académica está en contra de la propuesta. Foto: La Hora / Mercedes Barrios

Aunque la iniciativa 6054 que crea un “Superministerio” de Ambiente no ha sido agendada para su aprobación, Mercedes Barrios del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos (Usac), expresó que esa entidad académica está en contra de la propuesta.

“Todas estas instituciones al estar concentradas en una institución que es vertical no están favoreciendo la descentralización, la ley carece de los estudios que sustente su espíritu, según la técnica legislativa mínima requerida y vulneran principios constitucionales”, señaló Barrios.

Por ello, enfatizó que la iniciativa es excluyente porque antes de presentarse al Organismo Legislativo no fue socializada, analizada ni discutida por lo que carece de consensos entre las instituciones afectadas.

“El Consejo Superior Universitario (CSU) se une a las expresiones de inconformidad y de oposición presentadas por instituciones de distintos sectores de la sociedad guatemalteca y rechaza que sea aprobada por el pleno del Congreso de la República”, expresó.

PENDIENTE DE LA APROBACIÓN

Barrios mencionó que la Usac estará atenta al proceso de la iniciativa y se reservará el derecho de agotar las instancias correspondientes de ser aprobada.

 

“La Usac estará atenta al proceso legislativo de la iniciativa, reservándose el derecho de agotar las instancias legales pertinentes de ser aprobadas por el pleno del Congreso (…) la Usac reitera su interés de evaluación de los marcos jurídicos e institucionales y su impacto socioeconómico y ambiental para elaborar propuestas en espacios de discusión entre los sectores interesados que se encaminan en el desarrollo sostenible en el marco de una gobernanza democrática”, indicó.

RECOMENDACIONES

Barrios expresó que el Centro Universitario pide al Organismo Legislativo desistir de continuar proponiendo iniciativas que evidencian deficiencias en su contenido técnico-legal lejanas a la realidad y necesidad del país, además que afectan los intereses de la nación.

Al Organismo Ejecutivo le pidió que vele por el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las instituciones públicas relacionadas con el ambiente y los recursos naturales para reducir la degradación ambiental que pone en riesgo los bienes y servicios ecosistémicos que garantizan el acceso a un ambiente sano a la población guatemalteca.

Asimismo, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como ente rector apegarse al derecho y coordinar con las instituciones ambientales existentes de manera eficiente, transparente y participativa fortaleciendo la gobernanza ambiental en un proceso democrático.

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