La iniciativa 6054 “Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) las instituciones de competencia ambiental” recientemente obtuvo el dictamen favorable de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso, la misma ha generado rechazo de distintos sectores. Además, analistas consultados por La Hora expusieron las falencias de esta.
La iniciativa que busca centralizar las instituciones ambientales, para que se conforme lo que se ha denominado como un “Superministerio”, fue propuesta por la alianza oficialista del Congreso, entre los que se encuentra el diputado Aníbal Rojas, quien es parte de la Junta Directiva del Legislativo, siendo el Cuarto Secretario de la misma.
Sin embargo, el legislador no es el único miembro de la familia Rojas que comparte lazos con el oficialismo, debido a que su hermano, Mario Rojas, es actualmente el titular del MARN.
#LaHoraDeActualizarnos
Q6,065 millones más quiere Giammattei en presupuesto👉 [https://t.co/lYHw0qH1c2] pic.twitter.com/0B3n4WbX6Z— Diario La Hora (@lahoragt) September 2, 2022
CUX: BUSCA EL BENEFICIO DE POCAS PERSONAS
Edie Cux, abogado y encargado del área jurídica de Acción Ciudadana, calificó de “deplorable” la forma en la que el Congreso en los últimos meses ha impulsado reformas que a todas luces muchas resultan inconstitucionales, siendo recurrente como con la Ley contra el Ciberdelito, así como la Ley Antimanifestaciones.
Agregó que ahora nuevamente buscan impulsar una reforma que pretende crear un superministerio, pero que en el fondo se interpreta, especialmente porque el congresista era uno de los ponentes y el titular del MARN su hermano, que no solamente buscan crear una institucionalidad innecesaria, sino aglutinar presupuestos, personal y tener una superestructura.
“Tener una superestructura para tener dominio sobre licencias, control ambiental y que en el fondo solo busca el beneficio de pocas personas, especialmente los funcionarios públicos que dirigirían este superministerio y la influencia de los diputados y que de alguna forma quisiera tener el control de la institucionalidad”, comentó.
Enfatizó que en el fondo lo que se ve es el “privilegio de la corrupción” a costa del medio ambiente guatemalteco y de la calidad de vida, el futuro de Guatemala y del mundo especialmente.
“Esa reforma debilita y creo yo que es totalmente antitécnica y que no privilegia de alguna forma el derecho fundamental de medio ambiente”, finalizó Cux.
SPROSS: NO SE HA ANALIZADO LO SUFICIENTE
Verónica Spross, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), argumentó que no se ha analizado lo suficiente el impacto que ha tenido la ley de aprobarse y que unificar todas las autoridades de los distintos cuerpos de agua como los lagos no parece tener sentido, porque a criterio de la misma, es mejor tener una autoridad o entidad que vele por el agua en una cuenca a nivel regional.
Indicó que no debería de haber una entidad supra que esté encargada de velar por el manejo del agua en una cuenca, ya sea lago o río, por lo que el proyecto de ley está complicando la gobernabilidad del asunto ambiental, por lo cual no era óptimo aprobar la iniciativa.
Sostuvo que actualmente ya tiene funciones el MARN, por lo que sería conveniente someter al análisis de cómo se están llevando a cabo los proyectos y programas de la referida cartera, pues tiene a cargo control y tratamiento de la basura, pero que no miraba el país que el tema estuviera resuelto.
Explicó que primero debían de abordarse ciertas prioridades, porque “el que mucho abarca, poco aprieta”, por lo que no resultaba conveniente unificar la función de las instituciones.
ORTIZ: NO TIENE AVAL DE EXPERTOS MEDIOAMBIENTALES
Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, calificó la iniciativa como un “desastre”.
“La iniciativa no tiene el aval prácticamente de ningún experto medioambiental, eso creo que es sumamente importante, es decir yo no conozco prácticamente ningún experto o entidad seria dedicada a temas medioambientales que la soporte”, expresó.
Expuso que había visto otras instancias y otras entidades de investigación que se han pronunciado en contra, por lo que eso era un primer indicador, mientras que el segundo era que la iniciativa nunca fue debidamente socializada por expertos.
“Ellos tienen más conocimiento en la materia que los diputados y eso no se hizo, entonces es el segundo problema y el tercer problema, conceptual que tiene la iniciativa de ley es que está tratando de cambiar algo que más o menos funciona y centralizarlo en una entidad donde no va a funcionar”, enfatizó.
Concretó que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras instancias hacen un trabajo bastante bueno a su parecer y que se sabía que centralizar en un “megaministerio” no es la solución, ya que es inaceptable y una mala idea.
SOBRE LA INICIATIVA
La Hora publicó el pasado 5 de junio la nota: “Iniciativa 6054: Un superministerio de Ambiente con muchos anticuerpos”, en la cual se exponen los puntos de vista sobre la iniciativa de ley, la cual propone situar bajo una única rectoría, técnica, administrativa y financiera al MARN con seis instituciones de competencia ambiental en Guatemala.
La iniciativa fue presentada desde el partido oficialista, por medio de la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera, así como los congresistas Carlos Enrique López (UNE), Julio César Longo (FCN-Nación), Efraín Menéndez Anguiano (Valor), Marvin Alvarado (BIEN) y Aníbal Rojas.
La propuesta buscaría además de la centralización, eliminar la posible oposición a propuestas de extracción y la explotación irracional de los recursos naturales, además de exponer mecanismos de regulación y sanción, dando un impacto grave en la administración pública y ambiental, según el diputado miembro de la referida comisión, Luis Fernando Pineda.
El ambientalista Sergio Izquierdo mencionó que tanto el MARN como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no necesariamente han velado por la protección de los recursos naturales, sino que han respondido como facilitadores de intereses políticos e industriales, además de temer por la vulneración del Conap.
