El informe Guatemala Nunca Más, que relata parte de lo que las víctimas vivieron durante la guerra en el país, cumple 25 años como una herramienta probatoria aún utilizada en casos judiciales. Fue elaborado por la Iglesia Católica y, tras su presentación en 1998, el obispo Juan José Gerardi fue asesinado. Hoy, con juicios abiertos pendientes de juzgar y otros en impunidad, sigue siendo uno de los principales documentos de prueba ante la justicia por crímenes de lesa humanidad.
El documento, conocido como REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) con Gerardi a la cabeza. Se empezó a escribir en 1994 y narró cómo miles de víctimas y sus familiares fueron masacradas, asesinadas, torturadas, violadas, desaparecidas y desterradas, entre otros delitos, durante la guerra.
El texto fue, además, un precedente al informe de Naciones Unidas sobre lo que sucedió en la guerra.
La guerra en Guatemala se saldó con más de 200.000 muertos, mientras otras 45.000 personas fueron desaparecidas, de estos unos 40.000 siguen sin aparecer.
Jovita Tzul, abogada que participa en procesos penales de justicia transicional como los de genocidio, explica que el informe documentó los graves delitos cometidos. “Fue fundamental para identificar patrones de actuación de todos los hechos que sufrieron las víctimas y de cómo sucedió todo durante la guerra”, dijo a The Associated Press.
La abogada dice que los tribunales han aceptado como “una verdad histórica” lo que narra el informe y hoy, sigue presentándose como prueba en procesos penales contra los responsables de la época que siguen sin concluir o en impunidad. “Su valor es incalculable, ha servido para escuchar las versiones de los sobrevivientes”, dijo Tzul.
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Entre los juicios pendientes de ser juzgados, está el conocido como Diario Militar, un dossier que documentó el asesinato y desaparición de más de 200 personas. En el proceso judicial por genocidio, se juzgará a Luis Mendoza, exjefe de operaciones del Ejército, por la muerte de 1.771 indígenas ixiles en la guerra en Guatemala entre 1960 y 1996. El documento aporta al caso con testimonios de lo sucedido.
El informe fue parte fundamental también para condenar al exdictador José Efraín Ríos Montt, sentenciado en 2013 a 80 años de prisión por genocidio. Su pena fue poco después anulada por la Corte de Constitucionalidad por fallas en el debido proceso y Ríos Montt murió sin ser juzgado nuevamente en 2018, dejando el caso en impunidad.
El documento fue presentado públicamente por monseñor Gerardi el 24 de abril de 1998 y dos días después el religioso fue asesinado por desconocidos cuando llegaba a la casa parroquial donde vivía. Su crimen fue uno de los episodios más repudiados tras la guerra. Por su muerte, fueron condenados los militares Byron Lima Oliva y el padre de éste, Byron Disrael Lima Estrada, así como el especialista Obdulio Villanueva y el sacerdote Mario Orantes, que convivía con Gerardi.
Francisco Vivar, abogado que ha participado en casos como el de la masacre de Dos Erres de 1982, explica que el informe ha servido para demostrar ante los jueces los abusos que se cometieron contra miles de personas durante la guerra. Por el episodio de Dos Erres, se condenó a miles de años de prisión a un grupo militar de élite conocido como Kaibiles del Ejército de Guatemala por la muerte de más de 200 personas.
“Sustentó acusaciones que se han hecho a diferentes personas; es un documento útil y valioso que ha servido para dejar plasmada la historia”, dijo el abogado y agregó que aún falta mucho por hacer, pues no han sido juzgados todos los crímenes.
Entre las conclusiones del reporte histórico, está que en Guatemala se implantó un “terror ejemplificante” a manos de victimarios.
Uno de los impactantes testimonios recopilados sobre un secuestro en 1981 recoge: “Le habían sacado la lengua, tenía vendados con venda ancha o esparadrapo ancho los ojos, y tenía hoyos por donde quiera… En las costillas, como que tenía quebrado un brazo. Lo dejaron irreconocible, sólo porque yo conviví muchos años con él, y yo le sabía de algunas cicatrices y vi que él era. Y también llevaba una foto reciente de cuerpo entero y le dije yo al médico forense que él era mi esposo”.
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Luisa Fernanda Nicolau, coordinadora del área defensa de la dignidad humana de ODHAG, explica que hoy día el informe es un instrumento no solo para llevar a juicio a los responsables de violaciones de Derechos humanos, sino que también “reivindica la memoria histórica de las víctimas y sus familias”. Además, reflexiona, “sirve en proceso de investigación académica y acciones culturales”.
La abogada Tzul recalca que el relato de las víctimas, especialmente de mujeres, debe servir para que “nunca más” vuelva a ocurrir en el país nada de lo recopilado.
