Las ecotasas turísticas son una realidad en varios destinos. Dos ejemplos: Barcelona aplica una de las más elevadas de Europa, y Bali (Indonesia) cobra desde 2024 un valor fijo para todos los visitantes internacionales (incluido niños).
Mientras tanto, se mantiene abierto el debate sobre su aplicación (que se destinaría a la conservación ambiental o a la adaptación climática) en Canarias, un territorio donde los efectos del cambio climático –sequías, olas de calor, presión sobre los recursos hídricos– generan una preocupación creciente, tal y como reconoce la Estrategia Canaria de Acción Climática.
La cuestión es que la mayoría de esas contribuciones económicas siguen compartiendo una misma lógica: cobrar prácticamente lo mismo a todo el mundo. Ahí nace la pregunta: ¿tiene sentido que pague lo mismo una persona que gasta €60 euros al día que otra que gasta €500?
Una investigación sobre más de 70 mil turistas que viajaron a las islas Canarias muestra que aplicar la misma ecotasa a todos los visitantes puede ser una estrategia poco eficiente.
EL TURISTA NO ES UN PERFIL ÚNICO
Muchas políticas turísticas siguen tratando al visitante como si todos reaccionaran igual ante una tasa ambiental.
Sin embargo la realidad es mucho más compleja. El proceso de decisión no es único: decidir “pagar” no es lo mismo que decidir cuánto se está dispuesto a aportar como compensación al destino visitado.
Existen turistas muy sensibles a cualquier incremento de precio y otros para quienes pequeñas contribuciones adicionales apenas modifican el coste total del viaje. También hay diferencias importantes en capacidad económica, sensibilidad ambiental o predisposición a contribuir a la sostenibilidad del lugar que se visita.
Esto resulta especialmente relevante en territorios donde el turismo depende directamente de la calidad ambiental. Según ONU Turismo, la sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales retos estratégicos del turismo.
FINANCIAR LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA
Los resultados de este estudio en Canarias muestran que muchos visitantes aceptarían realizar pequeñas aportaciones sin demasiado rechazo. Pero, además, existe un segmento más reducido –normalmente asociado a perfiles de mayor gasto– dispuesto a asumir cantidades considerablemente más elevadas para financiar sostenibilidad o adaptación climática.
Esta idea conecta con investigaciones previas sobre ecotasas turísticas y aceptación social de impuestos ambientales, que han analizado cómo la percepción sobre el uso de los recursos recaudados condiciona el apoyo de los visitantes a estas medidas.
EL COSTE AMBIENTAL DEL TURISMO
El turismo genera riqueza, empleo y actividad económica. Pero también incrementa la presión sobre recursos naturales e infraestructuras públicas.
En los territorios insulares este impacto resulta especialmente visible: mayor demanda de agua y energía sin que varíe significativamente la oferta, más residuos, mayor presión sobre los espacios naturales y la aparición de nuevas infraestructuras alimentan un debate creciente en destinos turísticos maduros, como es el caso de Canarias.
A esto se suma el cambio climático. El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) lleva años alertando sobre el impacto creciente de fenómenos extremos, sequías, olas de calor o erosión costera, especialmente en regiones vulnerables como las islas.
Diversos estudios sobre turismo y cambio climático alertan de que muchos destinos insulares tendrán enormes dificultades para financiar la adaptación climática y transición energética durante las próximas décadas.
Todo ello obliga a realizar inversiones públicas cada vez mayores en adaptación climática, conservación o transición energética.
UN PROBLEMA DE EFICIENCIA
Muchas ecotasas se diseñan bajo sistemas planos o casi uniformes. Sin embargo, tratar igual a perfiles turísticos completamente distintos puede ser poco eficaz tanto económica como socialmente.
El diseño de modelos más progresivos y adaptados a distintos perfiles de gasto podrían aumentar considerablemente el dinero disponible para políticas ambientales, sin afectar demasiado a la demanda turística.
La lógica es relativamente sencilla. Un turista que realiza un viaje premium suele tener una sensibilidad mucho menor al cobro de tasas ambientales que otro con un presupuesto mucho más ajustado. Cobrar lo mismo a todos puede terminar reduciendo la capacidad de los destinos para financiar sostenibilidad.
Además, diversos estudios indican que muchos turistas valoran positivamente que parte de los recursos obtenidos se destinen realmente a proteger el territorio que visitan. Investigaciones sobre aceptación de impuestos ambientales turísticos muestran que el apoyo aumenta cuando existe transparencia sobre el uso del dinero recaudado.
MÁS ALLÁ DEL DEBATE TURÍSTICO
El debate sobre las ecotasas ya no trata solo de turismo. También refleja una discusión más amplia sobre cómo financiar sostenibilidad y cómo repartir los costes de la transición ecológica en territorios especialmente dependientes del turismo.
Destinos como Canarias afrontan una presión creciente para compatibilizar la competitividad turística, la protección ambiental y la adaptación climática.
En este contexto de creciente presión ambiental y climática, quizá el debate ya no es si aplicar ecotasas, sino cómo diseñarlas.
¿QUÉ ES UNA ECOTASA?
Una ecotasa turística es un impuesto o contribución que se cobra a los visitantes que llegan a un destino con el objetivo de financiar la protección del medio ambiente y la gestión sostenible del territorio.
Estos fondos suelen destinarse a la conservación de ecosistemas, el mantenimiento de infraestructuras turísticas, la gestión de residuos y la mitigación de los impactos que genera el turismo masivo, como la presión sobre el agua o la degradación de espacios naturales.
En la práctica, funciona como una tarifa adicional al alojamiento o a la entrada al destino, y su aplicación varía según el país o región, tanto en el monto como en el uso específico de los recursos recaudados.
Por Aythami Santana Padrón, Assistant researcher, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Javier de León Ledesma, Investigador en Turismo y Desarrollo Sostenible, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Yen E. Lam González, Investigadora postdoctoral en Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
