Mientras el miércoles pasado, empresarios y autoridades se reunieron en un foro organizado por la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), para discutir la hoja de ruta que se debe de seguir para la puesta en marcha de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), la participación de la entidad rectora estuvo marcada, por la ausencia.
Durante el foto “La Infraestructura Vial: la urgencia de poner en marcha la DIPP» tanto empresarios, autoridades y representantes de la nueva institucionalidad coincidieron en que el deterioro de la red vial se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
El presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Francisco Ralda, abrió el llamado al asegurar que Guatemala enfrenta un momento decisivo en materia de infraestructura.
“El mayor desafío es el estado de la infraestructura vial”, afirmó durante su intervención.
Ralda sostuvo que la DIPP representa una oportunidad histórica para transformar la capacidad del Estado de ejecutar proyectos estratégicos y comparó su creación con reformas estructurales que cambiaron sectores como telecomunicaciones y energía eléctrica en décadas anteriores.
“La DIPP es más que una ley. Es un cambio institucional que puede transformar la infraestructura vial”, señaló.
El representante empresarial advirtió que la falta de carreteras adecuadas no solo afecta la competitividad, sino también la atracción de inversiones. Como ejemplo, relató el caso de un productor bananero cuyo producto incrementa significativamente de costo entre la finca y el puerto debido a las deficiencias logísticas y de transporte.
Foto La Hora: Edgar Jesús Ríos.
Además, insistió en que las alianzas público-privadas deben convertirse en un complemento clave para cerrar la brecha de financiamiento en infraestructura, especialmente ante la limitada asignación presupuestaria para caminos dentro del Plan de Infraestructura 2026.
Posteriormente, la primera gerente de la DIPP, Claudia Cáceres, aseguró que la nueva entidad tiene el potencial de convertirse en un modelo de administración pública moderna y eficiente.
Según explicó, uno de los principales problemas históricos del Estado ha sido la incapacidad de ejecutar proyectos de manera ágil y transparente, situación que ha provocado retrasos y desperdicio de recursos en distintos sectores.
“Una de las frustraciones más grandes que he tenido en proyectos de desarrollo es el tema de la ejecución”, expresó.
Cáceres destacó que la DIPP tiene la ventaja de iniciar desde cero, sin arrastrar estructuras burocráticas antiguas ni normativas obsoletas que dificultan la toma de decisiones en otras instituciones públicas.
También resaltó que la ley incorpora mecanismos de transparencia y participación público-privada dentro de su directorio, así como herramientas para atraer talento técnico especializado al Estado.
“Empezando de cero podemos hacer una maravilla, o lo más cercano a eso”, afirmó.
Sin reglamento ni recursos los proyectos viales prioritarios siguen estancados, advierte Fundesa
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y HUMANAS
Por su parte, la directiva de Fundesa, Gabriela Roca, advirtió que la precariedad de la infraestructura vial ya tiene consecuencias económicas directas sobre las familias guatemaltecas.
Roca recordó que Guatemala ocupa el puesto 114 de 116 países en calidad de infraestructura, una posición que calificó como alarmante.
“Estamos a dos países de tener las peores condiciones de infraestructura vial”, señaló.
Según explicó, las malas carreteras funcionan como “un impuesto invisible”, ya que elevan los costos logísticos de las empresas, incrementan los precios al consumidor y reducen la competitividad del país.
Indicó que el costo logístico para empresas guatemaltecas oscila entre el 25% y el 30% del valor de sus productos, muy por encima del promedio regional y de los estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, alertó sobre el impacto de la congestión vehicular en el área metropolitana, donde —según cálculos presentados en el foro— se pierden más de Q25 mil millones anuales por efectos económicos del tráfico.
MINFIN AVANZA EN SUS PROCESOS
Finalmente, el viceministro de Finanzas y director suplente ante la DIPP, Carlos Melgar, defendió el avance de la nueva institucionalidad y aseguró que la implementación de la entidad se encuentra dentro de los plazos establecidos por la ley.
Melgar explicó que la normativa contempla dos etapas: una fase de organización institucional de 18 meses y una segunda etapa de transferencia completa de funciones desde el Ministerio de Comunicaciones en un periodo de 36 meses.
“El proceso ha generado muchas expectativas, especialmente sobre proyectos y ejecución, pero la ley establece claramente que la transición será gradual”, afirmó.
También rechazó críticas dirigidas al Ministerio de Finanzas por retrasos en la operación de la entidad y aclaró que varias decisiones dependen exclusivamente del directorio de la DIPP.
Asimismo, indicó que el Fondo de Infraestructura Pública (FOIP) aún no puede operar porque el reglamento continúa pendiente de aprobación por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), lo que impide trasladar recursos presupuestarios a la institución.
A pesar de ello, aseguró que el Ministerio de Finanzas ya cumplió con tareas como la creación de códigos institucionales, acompañamiento presupuestario y adecuaciones al sistema Guatecompras para habilitar mecanismos especiales de contratación.
El foro concluyó con un llamado conjunto a acelerar la puesta en marcha de la DIPP y convertir la crisis vial en una oportunidad de modernización institucional.
“El desarrollo no viene por accidente; incluye visión, institucionalidad y ejecución”, concluyó Ralda.
La Hora solicitó una postura al ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), al publicar esta nota no había respondido. Al tener sus respuestas se consignarán en este mismo espacio.
