El verdadero examen de la nueva Ley de Puertos no empezó cuando el Congreso la aprobó ni cuando el presidente Bernardo Arévalo la sancionó. Recién comienza ahora.
El Presidente Bernardo Arévalo sancionó la Ley General del Sistema Portuario Nacional y desde el 13 de octubre el país entró en cuenta regresiva: tiene 90 días para integrar la Autoridad Portuaria Nacional y sustituir a la Comisión Portuaria.
El objetivo es pasar del papel a la operación y convertir a los puertos en una plataforma real para inversión, empleo y menos congestión. Para el sector privado, la ley cierra años de incertidumbre.
“Su firma confirma que la modernización de los puertos es una prioridad para el país”, dijo César Falcón, presidente de ASONAV. Waleska Sterkel, de AmCham Guatemala, agregó: “Un puerto competitivo no solamente moviliza mercancías; también atrae industrias, centros de distribución, inversión y empleo”.
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LOS PRÓXIMOS PASOS: LA HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN
El Viceministro de Comunicaciones, Fernando Suriano, detalló la ruta inmediata:
Días 1-90: Integrar la Junta Directiva. Serán 5 titulares y 5 suplentes: Economía, Comunicaciones, un designado por el Presidente y uno por el sector privado.
Nombrar al Gerente por concurso y conformar el equipo gerencial: financiero, técnico, legal y de operaciones.
Emitir 30 reglamentos que dan vida operativa a la ley. Sin ellos, la Autoridad no puede adjudicar, fiscalizar ni operar.
Transición ordenada con la Comisión Portuaria Nacional. ASONAV pidió aprovechar su experiencia técnica y en seguridad para no romper la continuidad.
«En este proceso también es importante reconocer la gestión y el apoyo brindado durante muchos años por la Comisión Portuaria Nacional», dijo César Falcón, Presidente de la Asociación de Navieras.
Activar el Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional para que navieras, carga y logística participen con datos técnicos desde el día uno.
Paralelo a esto, el Gobierno anunció un foro con embajadas y misiones internacionales para promover el portafolio portuario bajo el nuevo marco.
Suriano recordó que Costa Rica usó la ley guatemalteca como referencia para actualizar su propia normativa. La ley también fortalece las Alianzas Público Privadas – APP como vía principal para ampliar capacidad sin frenar la operación actual.
AVANCES INMEDIATOS: OBRAS Y ALIVIOS QUE YA CORREN
Mientras se instala la nueva institucionalidad, los puertos ya mueven recursos. En Puerto Quetzal, el Vicealmirante José Antonio Lemus confirmó el pago de Q3 mil 400 millones al Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. para la ampliación.
“Los planos avanzan y hay más desembolsos previstos en el Presupuesto 2027. Las obras físicas iniciarán en 2028”, agregó Lemus.
En Empornac, Santo Tomás, José de la Peña reportó una inversión de Q8 millones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala para habilitar un área que permitirá apilar 800 contenedores más y aliviar la bahía.
Por su parte, Frener Cuc, de Aduanas SAT, indicó que se impulsarán más inspecciones conjuntas y mejores mecanismos de atención al contribuyente en todas las aduanas del país.
Suriano confirmó que, en carreteras, el Ejecutivo vinculó la agenda portuaria con la expansión de la CA-9 como parte de una visión logística integral, para que los productos en los puertos puedan conectarse eficientemente con su destino.
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RETOS VIGENTES: DONDE SE GANA O SE PIERDE LA COMPETITIVIDAD
Los usuarios fueron claros en el diagnóstico y en lo que falta resolver ya. El primero de ellos es la congestión y conectividad en tierra.
Claudia Kattan, Vicepresidenta de la naviera Crowley para Centroamérica, señaló que el mayor cuello de botella sigue fuera del muelle: falta infraestructura que conecte puerto-carretera-aduanas.
“Sin eso, más grúas no resuelven los tiempos de espera”, agregó.
AmCham subrayó que la competitividad exige que “puertos, carreteras, aduanas, autoridades y empresas operen como una misma cadena logística”.
La ley crea el espacio, pero los 30 reglamentos deben aterrizar procesos, ventanillas únicas y tiempos de respuesta.
Por su parte, ASNAV está dispuesta a cooperar con datos reales de tiempos de espera, productividad y costos. El reto es estandarizar esa información y publicarla para que el usuario planifique y el regulador mida.
Los consultados coinciden que si bien hay fondos que se están ejecutando y otros comprometidos, el portafolio completo de modernización depende de que la nueva Autoridad priorice proyectos APP y los saque a concurso con reglas claras.
LEY PROVEE MARCO
Ahora el país tiene 90 días para nombrar Junta, Gerente y equipo, y meses para emitir los 30 reglamentos. Ese es el examen.
Si se ejecuta bien, Guatemala puede traducir su posición estratégica en menos tiempo de espera, menores costos logísticos y más inversión.
Como dijo AmCham: la competitividad portuaria es una plataforma de desarrollo. La ley la habilita. Los próximos pasos la harán realidad.
