La electrificación del país, declarada de urgencia nacional en el Artículo 129 de la Constitución, vive uno de sus momentos más dinámicos en décadas.
El mandato es claro: llevar energía a todos los rincones del territorio, con participación del Estado, las municipalidades y la iniciativa privada.
Hoy, Guatemala muestra avances importantes, inversiones crecientes y nuevos proyectos estratégicos, pero también enfrenta desafíos institucionales que ponen a prueba su capacidad para cumplir plenamente con esta obligación constitucional.
INFRAESTRUCTURA DETENIDA
En la actualidad, prevalecen retos estructurales que amenazan el cumplimiento pleno del mandato constitucional.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) reconoce que la infraestructura de transmisión sigue siendo insuficiente en varias regiones.
Luis Ortíz, Presidente de la CNEE, explicó que la tramitología —especialmente en licencias ambientales, permisos municipales y servidumbres de paso— puede retrasar los proyectos, encareciendo la inversión y desincentivando a nuevos actores.
Recientemente, los directivos de la CNEE visitaron el Congreso de la República donde explicaron aspectos clave de sus funciones, pero también se refirieron a los obstáculos que enfrentan algunos proyectos de generación y transmisión para avanzar en los departamentos.
A esto se suma la conflictividad social que en algunos casos ha paralizado obras estratégicas, añadió el funcionario.
Las municipalidades, llamadas por la Constitución a participar de manera activa en la electrificación, enfrentan también limitaciones importantes: falta de capacidad técnica, escasos recursos y poca coordinación con el Gobierno central.
«Tenemos que entrar en un diálogo que involucre a todos los actores, pero que genere resultados. Si no, los proyectos no generarán la electricidad que necesitamos o ésta no llegará a su destino para contribuir al desarrollo de nuestro país», agregó Ortíz.
Directivos de CNEE explican en el Congreso estructura de tarifas y acciones a favor del consumidor
RIESGO LATENTE
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la CNEE coinciden en que el problema latente es que no hay “carreteras” suficientes para mover la energía generada en el país. Sin nuevas obras, las líneas y subestaciones actuales están saturadas.
El MEM lo advirtió: “sin nuevas líneas y subestaciones, la energía que se genere no podrá llegar a los usuarios”.
Sin líneas nuevas, ocurren 3 fallas: sobrecarga y calentamiento de cables que fuerzan apagones para proteger el sistema; “embotellamiento” donde el operador debe apagar plantas aunque haya demanda; y apagones en cascada si una línea cae y sobrecarga a la siguiente.
Petén, Alta Verapaz e Izabal son los puntos más débiles porque su demanda crece rápido y hoy dependen de redes limitadas.
El resultado latente podrían ser cortes extendidos, voltaje bajo que daña aparatos y racionamientos en zonas saturadas.
MÁS DE USD 3 MIL MILLONES DE LA PEG-5
El MEM, como rector del sector, ha impulsado la expansión de la cobertura eléctrica y la diversificación de la matriz energética. Más recientemente, se adjudicó exitosamente la energía que abastecerá a las distribuidoras de energía más grandes del país, a través del proceso conocido como PEG-5.
La licitación PEG-5-2025 concluyó con la adjudicación de 57 proyectos y 1 mil 505 MW de potencia para abastecer a EEGSA y Energuate desde el 1 de mayo de 2030 hasta 2045.
El resultado histórico fue el dominio de las renovables: 1 mil102 MW adjudicados = 73% del total.
El solar con baterías ganó con 713 MW, 47% de todo lo contratado, e incluye la mayor planta solar con almacenamiento de Centroamérica: Estanzuela, de 130 MW pico + 100 MW hora de baterías por USD 100 millones. Completan la matriz hidro, térmicas, biomasa, búnker y gas natural.
Se proyectan USD 3 mil 700 millones de inversión privada nacional y extranjera para construir las plantas antes de 2030. El Ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, lo catalogó como “un éxito”, luego de embarcarse en una serie de giras internacionales para promover el potencial del país como destino de inversión.
INVIERTEN EN LOS DEPARTAMENTOS
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE), por su parte, continúa ejecutando proyectos de generación y transmisión que han permitido llevar electricidad a miles de hogares rurales.
La institución informó que, a través de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica, está invirtiendo Q860 millones en 7 obras estratégicas de transporte de energía en Petén para fortalecer la red y que la luz llegue más estable y confiable.
El proyecto central es la Subestación Eléctrica Petén Itzá 230/69 kV de 150 MVA con 150 km de línea de transmisión, que sola representa Q720 millones. Se suman la construcción de subestaciones nuevas en El Chal e Ixbobó, más la ampliación de Poptún, La Libertad II, Sayaxché e Ixpanpajul.
Estas obras aumentan la capacidad para transportar más energía y responder a la demanda creciente del departamento. “El objetivo es pasar de tener luz a tener luz estable en una región clave para el país”, apuntaron autoridades de la institución.
REGLAS CLARAS
A esto se suma el rol de la CNEE, que regula tarifas, supervisa la calidad del servicio y garantiza condiciones para que la inversión privada participe en la expansión del sistema.
“Gracias a este engranaje institucional, la cobertura eléctrica nacional supera ya el 90%, un avance significativo frente a décadas anteriores”, afirma Luis Ortíz.
La CNEE reconoce que las inversiones también han crecido. En departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango y Petén, la electrificación ha permitido el surgimiento de pequeñas industrias, comercios y servicios que antes eran impensables. La energía se ha convertido en un habilitador directo del desarrollo territorial.
Pero la tarea no está terminada. Guatemala tiene energía barata como resultado de la PEG-5, pero sin líneas y subestaciones nuevas esa energía se puede “embotellar”. Según el MEM, “sin nuevas líneas y subestaciones, la energía que se genere no podrá llegar a los usuarios”. El problema no es de generación, es de transporte.
MAYOR ARTICULACIÓN
El resultado es un ecosistema institucional que avanza, pero que requiere mayor articulación y modernización para responder a las demandas del país, afirma Guillermo Díaz, analista de la URL.
«Las acciones de las municipalidades muestran la necesidad de tener una oficina centralizada de autorización de inversiones tipo ventanilla única, donde se realicen todos los trámites o permisos», sugiere Díaz.
A pesar de estos desafíos, el impulso hacia la electrificación continúa. El Gobierno ha priorizado la modernización de la red de transmisión, la expansión de proyectos renovables y la digitalización de procesos regulatorios.
Los consultados coinciden en que los avances son innegables, pero el reto ahora es acelerar el paso, cerrar brechas institucionales y garantizar que la energía llegue a todos los hogares del país, cumpliendo así con un mandato constitucional que sigue siendo tan urgente como el día en que fue escrito.
