Un mes después de que el gobierno activó el subsidio a los combustibles el 28 de abril, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor ya tiene números y pruebas.
Carlos Vásquez, vocero de la institución, confirmó que se recibieron 375 quejas a nivel nacional por no aplicar el subsidio. Más de la mitad, 56%, vienen del departamento de Guatemala.
El resto se concentra en Quiché con 8%, Alta Verapaz 7%, y Escuintla y Quetzaltenango con 6% cada uno.
Desde el día uno, DIACO desplegó operativos en 1 mil 700 gasolineras para verificar que el subsidio se reflejara en el bolsillo del consumidor. Ahora, dice Vásquez, la investigación está en su fase final.
La próxima semana habrá un anuncio con los nombres de las estaciones que incumplieron y que serán sancionadas por DIACO y el Ministerio de Energía y Minas, MEM.
TRES PRUEBAS
La DIACO revisa tres elementos clave en cada gasolinera:
- Precios de referencia públicos al público.
- El precio que se vende al consumidor debe ser exactamente al de referencia
- La factura debe incluir una nota que diga cuánto se ahorró el cliente por el subsidio.
Si falla uno de los tres, es indicio de incumplimiento. Varias actas levantadas muestran que las vallas no coincidían con el precio cobrado al usuario. Pero DIACO aclara que no sanciona a ciegas.
Las gasolineras tienen derecho a presentar pruebas de descargo, pero deberán demostrar que vendían inventario comprado antes del 28 de abril, a precio más alto. Si el MEM confirma que tenían stock antiguo, el expediente se cierra sin sanción.
Si no convencen, la multa va. La revisión es más profunda de lo que parece. No basta con decir “tengo un inventario viejo”.
DIACO cruza la cantidad con las facturas y fechas de compra. “Si son inventarios antiguos, debiese tener una facturación al precio de ese entonces, más elevado”, explica Vásquez.
Hay quienes compraron anticipado y otros que dicen tener stock viejo pero ya recibieron combustible con precio nuevo. Ahí es donde se cae la defensa.
BOTÓN DE DENUNCIA
Para agilizar la vigilancia, DIACO creó un mecanismo específico en su página web. Al entrar, aparece un botón automático que lleva a un buzón de quejas. El reporte entra directo a una base de datos atendida por personal dedicado solo a este tema.
Algunas denuncias llegan documentadas, otras no, pero todas entran a investigación. El mensaje de las autoridades es: el subsidio es de conocimiento público y su aplicación debe ser coherente.
Si los precios de referencia, el cobro y la factura no coinciden, el consumidor tiene cómo y dónde denunciar.
Esta vez, las sanciones no se harán esperar. Con 1,700 gasolineras revisadas y 375 quejas procesadas, DIACO busca garantizar que el alivio al precio de la gasolina llegue a quien más lo necesita: el guatemalteco que llena el tanque cada semana.
