Un contrato para ampliar una carretera fue adjudicado por la Dirección General de Caminos (DGC) cuando aún estaba pendiente la opinión técnica favorable de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), según documentos disponibles en portales oficiales que revisó La Hora.
Se trata de la ruta Cito-180, conocida como Cito-Zarco, una vía estratégica que conecta la Costa Sur con el altiplano guatemalteco en aproximadamente una hora.
Salvo algunos tramos que cuentan con carriles de ascenso, la carretera es actualmente de dos carriles, uno por sentido. El aumento del tránsito de vehículos livianos y pesados ha provocado congestionamientos que afectan de forma recurrente la circulación.
Por ello, desde hace años se plantea su ampliación, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y facilitar el transporte de mercancías y el flujo turístico.
De esa cuenta, el 23 de diciembre de 2025 la DGC, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sacó a licitación la construcción de un carril de ascenso en dicha carretera que constaría de 35 kilómetros, desde el 178, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, hasta el 213, en Zunil, Quetzaltenango.
En el concurso se recibieron ofertas el pasado 16 de abril. Cuatro intentaron ganar el contrato, pero dos fueron descalificadas porque no cumplían con los requisitos fundamentales. Dos pasaron el proceso de calificación: Concretos y Dragados, S. A. y Proyectos Generales y Construcciones, S. A. (Progeyco), que finalmente fue la adjudicada.
La Junta de Licitación excluyó a la primera empresa, que había presentado una oferta por Q367.2 millones, Q92.7 millones inferior a la que resultó ganadora. La razón, según los documentos que obran en Guatecompras, fue porque consignó erróneamente un número de renglón de trabajo y no acreditó suficiente experiencia del ingeniero a quien propuso como superintendente del proyecto.
Según el acta de evaluación técnica y adjudicación, se requería que este profesional hubiera laborado en proyectos similares que sumaran 35 kilómetros y la persona propuesta sumó 34.79 kilómetros.
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De esa forma, Progeyco ganó la licitación del proyecto por Q459 millones 996 mil. Lo actuado por la Junta ya fue avalado por la autoridad superior del CIV, en este caso la ministra Norma Zea, pero el contrato todavía no se firma, o al menos no ha sido subido al portal Guatecompras.
SIN AVAL TÉCNICO
Lo que llama la atención de este proceso de contratación es que la licitación e incluso la adjudicación se concretaron, en base a los documentos disponibles, sin que el proyecto tuviera el aval técnico de la Segeplan.
El proyecto fue adjudicado el pasado 28 de abril. No obstante, La Hora revisó los registros del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), portal de Segeplan en donde se lleva el seguimiento de los proyectos de inversión y, por lo que se lee, el proyecto todavía no cuenta con el aval técnico.
En dicho portal, para el referido proyecto, aparecen dos registros, uno de 2019 y otro de 2026. La boleta que se utilizó como soporte del proceso de licitación es la de 2019, cuyo número es 245584; esta fue rechazada el 10 de julio de 2019 por la Segeplan debido a que no cumplía con los criterios técnicos, puntualmente porque el proyecto se presentó en ese entonces «a un nivel de idea» y no contaban con estudios de preinversión, lo que no permitía hacer un adecuado análisis de la información.
El CIV no respondió a una solicitud de explicación de por qué se adjuntó una boleta antigua al proceso de licitación.
Por aparte, el SNIP registra otra boleta para el mismo proyecto, la 379038, que todavía no recibe el 100% de los avales, lo cual significa que la ampliación todavía no contaba con el visto bueno de la Segeplan cuando se adjudicó.
Dicho proceso aparece «con requisitos pendientes» en el portal del SNIP. Según las observaciones que los técnicos de dicha Secretaría hicieron ver el 16 de julio de 2026, los reparos tienen que ver con la certificación de la propiedad del terreno y la falta de cumplimiento de los criterios técnicos.
24 REPAROS
En las observaciones precisa que «antes de continuar con el trámite» deben ser resueltas un listado de 24 observaciones, entre estas, la falta de documentación que acredite la disponibilidad del derecho de vía o un plan que garantice que la ejecución del proyecto no afectará propiedad privada.
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Además, inconsistencias en el costo total del proyecto en los documentos presentados y también en cuanto a la longitud del proyecto, puesto que en algunas partes de la documentación se habla de 33 kilómetros, en otras de 34.795 y también 35 kilómetros.
Entre otras observaciones está que no se identifican las coordenadas del proyecto, la falta de timbres profesionales en los planos estructurales, así como verificar si no se requieren permisos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, debido a que el proyecto colinda con una.
También que en el estudio de estructuras se concluye que uno de los puentes, el Santa María de Jesús, debe ser sustituido por una nueva estructura, pero ni en los planos ni en el presupuesto se contemplan los recursos para ejecutar dichos renglones.
Finalmente, también se identifican incongruencias en las metas, los renglones de trabajo consignados, los costos de supervisión, cuál será la entidad responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, así como también se identifica la falta de constancias de colegiado activo de los profesionales que suscriben los documentos técnicos.
NO HAY UN NUEVO EXPEDIENTE
Luego de una consulta de La Hora, la Segeplan respondió que luego de emitida la opinión técnica «pendiente», hasta la tarde del 8 de septiembre último no se había recibido «un nuevo ingreso del expediente», por lo cual «no es posible determinar si las observaciones fueron atendidas».
Dicha secretaría «realiza la evaluación técnica de proyectos de inversión pública con base en información y documentación que presenta la entidad responsable del proyecto», acotó en una comunicación con este medio.
Respecto a si el proceso de contratación debió haberse detenido dado que todavía no se había otorgado el aval técnico, la Segeplan indicó que solo le compete la evaluación técnica de los proyectos de inversión pública y que «no administra, autoriza ni suspende los procedimientos de contratación».
Esto, subrayó, compete a la entidad contratante, la que «debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables antes de continuar con cada etapa del proceso».
Asimismo, refirió a este medio al artículo 26 de la Resolución 001-2022, del Ministerio de Finanzas, en donde se norma el uso del sistema Guatecompras. Dicho artículo establece que dentro de los documentos que deben publicarse en este sistema, de acuerdo con la ley, están los que prueban que una obra gris cumple con los indicadores de la iniciativa de Transparencia en Infraestructura —CoST— .
Entre estos, el estudio de factibilidad «aprobado por los entes competentes, de acuerdo con los lineamientos de la Normativa de Segeplan». También otros estudios, como el de impacto ambiental aprobado, el diseño del proyecto y el dictamen de aprobación de factibilidad.
En un artículo publicado por La Hora el 23 de junio de 2024 se citan declaraciones de funcionarios de Segeplan que explican por qué fracasan los proyectos de infraestructura. Precisamente, uno de los factores suele ser que los proyectos se comienzan sobre la marcha cuando tienen avales pendientes.
De esa forma, cuando una constructora ya empezó a hacer excavaciones e incluso a recibir anticipos o pagos, los contratistas se percatan de factores de riesgo o de que los terrenos son inapropiados o que el trazo de un proyecto abarca propiedades privadas.
Analistas coinciden en que en muchos de estos casos la variable política termina pesando más que el resto de variables y, aunque no se tenga certeza de la viabilidad de una obra, el interés de un político por ganar réditos, sobre todo al aproximarse las elecciones, hace que empujen el proyecto.
La Hora también consultó al CIV qué va a pasar con esta adjudicación dado los posibles errores relacionados con el uso de una boleta desactualizada del SNIP y a que no se habían cumplido los requisitos técnicos del proyecto, pero, como se dijo anteriormente, no se obtuvo respuesta.
